[Del número de febrero de 1971 de The Freeman. Extraído de The Wisdom of Henry Hazlitt]
Desde el principio de la historia, reformistas sinceros y demagogos han pretendido abolir o al menos aliviar la pobreza mediante la acción del estado. En la mayoría de los casos sus remedios propuestos solo han servido para empeorar el problema.
El más frecuente y popular de estos remedios propuestos ha sido el sencillo de expropiar a los ricos para dar a los pobres. Este remedio ha adoptado mil formas distintas, pero todas se reducen a esto. La riqueza tiene que “compartirse”, redistribuirse, “igualarse”. En realidad, en las cabezas de muchos reformadores no es la pobreza lo principal, sino la desigualdad.
Estos planes de redistribución directa (incluyendo la “reforma agraria” y la “renta garantizada”) son tan inmediatamente relevantes para el problema de la pobreza que merecen un tratamiento independiente. Aquí me contentaré con recordar al lector que todos los planes para redistribuir o igualar rentas o riqueza deben socavar o destruir los incentivos en ambos extremos de la escala económica. Deben reducir o abolir los incentivos de la gente sin cualificación e indolentes para mejorar sus condiciones mediante sus propios esfuerzos e incluso los capaces y trabajadores verán pocas razones para ganar más allá de lo que se les permita guardar. Estos planes de redistribución deben reducir inevitablemente el tamaño del pastel a redistribuir. Solo pueden rebajarlo. Su efecto a largo plazo debe ser reducir la producción y llevar a un empobrecimiento nacional.
El problema que afrontamos aquí es que los falsos remedios para la pobreza son casi infinitos en número. Un intento de una refutación completa de uno cualquiera de ellos tendría un tamaño desproporcionado. Pero algunos de estos falsos remedios se consideran tan ampliamente como curas reales o mitigaciones de la pobreza que si no me refiero a ellos, puedo ser acusado de haber realizado un análisis completo de los remedios de la pobreza ignorando los más evidentes. Lo que haré, como fórmula de compromiso, es tomar algunos de los más populares de los supuestos remedios para la pobreza e indicar brevemente en cada caso la naturaleza de sus defectos o las principales falacias que implican aquellos.
Sindicatos y huelgas
El “remedio” más ampliamente practicado para rentas bajas en los últimos dos siglos ha sido la formación de sindicatos monopolísticos y el uso de la amenaza de huelga. Hoy en caso todos los países esto ha sido posible en su grado actual por políticas públicas que permiten y estimulan tácticas coactivas sindicales e inhiben o restringen acciones contrarias de los empresarios. Como consecuencia de la exclusividad de los sindicatos, de la deliberada ineficacia, de la sobrecontratación, de las perturbadoras huelgas y amenazas de huelga, el efecto a largo plazo de las políticas sindicales habituales ha sido desanimar la inversión de capital y hacer más bajo, y no más alto, el salario real medio de todos los trabajadores de lo que habría sido en caso contrario.
Casi todas estas política sindicales habituales han sido desalentadoramente miopes. Cuando los sindicatos insisten en el empleo de hombres que no son necesarios para realizar un trabajo (obligando a tener bomberos innecesarios en locomotoras diesel; prohibiendo que el número de los estibadores se reduzca, por ejemplo, por debajo de 20 hombres, sin que importe el tamaño de la tarea; reclamando que las propias imprentas de un periódico deban duplicar la copia de anuncios que ya vienen con un tipo concreto, etc.), el resultado puede ser conservar o crean unos pocos más empleos para personas concretas a corto plazo, pero solo a costa de hacer imposible la creación de un mayor número de empleos más productivos para otros.
La misma crítica es aplicable a la vieja política sindical de oponerse al uso de maquinaria que ahorre trabajo. La maquinaria que ahorra trabajo solo se instala cuando promete reducir los costes de producción. Cuando la hace, o reduce los precios y lleva a una mayor producción y ventas de lo producido, o hace disponibles más beneficios para una mayor reinversión en otra producción. En ambos casos, su efecto a largo plazo es sustituir con trabajos más productivos los trabajos que elimina. Aun así, todavía en 1970 aparecía un libro de un escritor que disfruta de una extraordinaria reputación como economista en algunos barrios, oponiéndose a la introducción en los países subdesarrollados de maquinaria que ahorra trabajo debido a que “disminuyen la demanda de mano obra”. La conclusión natural de esto sería que la forma de maximizar el empleo es hacer toda la mano de obra tan ineficiente e improductiva como sea posible.
Horas extra
Debe realizarse un juicio similar sobre todos los planes de “distribuir el trabajo”. La actual Ley Federal de Horarios Laborales ha estado en los códigos desde hace muchos años. Prevé que el empresario debe pagar una plus del 50% por horas extras que un empleado trabaje por encima de las 40 semanales, sin que importe lo elevado que sea la tarifa horaria normal de paga del empleado.
Esta disposición se insertó debido a la insistencia de los sindicatos. Su propósito era hacer para el empresario tan costoso hacer trabajar a los hombres horas extras que se vería obligado a contratar a trabajadores adicionales.
La experiencia demuestra que la disposición en realidad ha tenido el efecto de restringir estrechamente la duración de la semana laboral. En el periodo de diez años que va de 1960 a 1969 inclusive, el semana laboral anual media en las manufacturas varió solo entre un mínimo de 39,7 horas en 1960 y un máximo de 41,3 horas en 1966. Ni siquiera los cambios mensuales muestran tanta variación. La semana laboral media más baja en las manufacturas en los catorce meses que van desde junio de 1969 a julio de 1970 fue de 39,7 horas y la más alta fue de 41 horas.
Pero de esto no se deduce que las restricciones horarias, o crearan más trabajos indefinidos, o generaran nóminas totales más altas de las que habría habido sin la tasa obligatoria del 50% para horas extras. Sin duda en casos aislados se habría empleado a más hombres de los que se habrían contratado en otro caso. Pero el efecto principal de la ley de horas extra ha sido aumentar los costes de producción. Las empresas que ya están trabajando todo el tiempo estándar tienen que rechazar nuevos pedidos porque no pueden pagar la sanción a las horas extras necesaria para atender dichos pedidos. No pueden permitirse contratar a nuevos empleados para atender lo que puede ser una demanda temporalmente más alta, porque pueden también tener que instalar un número equivalente de máquinas adicionales.
Mayores costes de producción significan mayores precios. Por tanto debe significar mercados más estrechos y menos ventas. Significan que se producen menos bienes y servicios. A largo plazo, los intereses de todos los trabajadores deben verse afectados adversamente por las penalizaciones obligatorias a las horas extra.
Esto quiere decir que tenga que haber una semana laboral más larga, sino más bien que la longitud de la semana laboral y la escala de las tarifas de las horas extra tendrían que dejarse al acuerdo voluntario entre trabajadores individuales o sindicatos y sus empresarios. En todo caso, las restricciones legales a la duración de la semana laboral no pueden a largo plazo aumentar el número de empleos. En la medida en que puedan hacerlo a corto plazo, debe ser necesariamente a costa de la producción y de la renta real de todos los trabajadores.
Leyes de salario mínimo
Esto nos lleva al tema de las leyes de salario mínimo. Es profundamente desalentador que en la segunda mitad del siglo XX, en lo que se supone que es una época de gran sofisticación económica, Estados Unidos tenga estas leyes en sus códigos y que todavía se tenga protestar contra una panacea tan inútil y engañosa. Daña más a los mismos trabajadores marginales a los que se pretende ayudar.
Solo puedo repetir lo que dije en otro lugar. Cuando existe una ley que dice que a nadie se le ha de pagar menos que 64$ por una semana de 40 horas, no se contratará a nadie cuyos servicios valgan menos de 64$ a la semana para un empresario. No podemos hacer que un hombre valga una determinada cantidad haciendo ilegal que alguien le ofrezca menos. Simplemente le privamos del derecho de ganar la cantidad que sus habilidades y oportunidades le permitirían ganar, mientras que privamos a la comunidad de los servicios moderados que es capaz de ofrecer. En resumen, sustituimos salarios bajos por desempleo.
Pero no puedo dedicar más espacio a este tema aquí. Remito al lector al cuidadoso razonamiento y los estudios estadísticos de eminentes economistas, como los profesores Yale Brozen, Arthur Burns, Milton Friedman, Gottfried Haberler y James Tobin, que han destacado, por ejemplo, en cuánto han aumentado nuestro desempleo en años recientes los continuos incrementos en los requerimientos de salario mínimo legal, especialmente entre los jóvenes negros.
La acumulación de cargas de los planes sociales y los impuestos
En la última generación se han aprobado en casi todos los países importantes del mundo todo un saco de medidas “sociales”, la mayoría de ellas con el aparente propósito de “ayudar a los pobres” en un aspecto u otro. Esto incluye no solo el socorro directo, sino prestaciones de desempleo, beneficios para la tercera edad, prestaciones por enfermedad, subsidios de comida, subsidios de renta, subsidios agrícolas, subsidios a veteranos, con una profusión aparentemente interminable. Mucha gente recibe no solo uno sino muchos de estos subsidios.
Los programas a menudo se superponen y duplican. ¿Cuál es su efecto neto? Todos ellos deben pagarse por ese hombre crónicamente olvidado, el contribuyente. Tal vez en la mitad de los casos, a Paul en la práctica se le grava para pagar sus propias prestaciones y no gana nada en el balance neto (salvo que se ve obligado a gastar el dinero que ha ganado en otras direcciones distintas de las que habría decidido él mismo). En los casos restantes, Peter se ve obligado a pagar a las prestaciones de Paul. Cuando se propone uno de estos planes o una extensión de ellos, sus patrocinadores políticos siempre insisten en que un gobierno generoso y compasivo debería pagar a Paul y olvidan mencionar que este dinero adicional se debe quitar a Peter. Para que Paul pueda recibir el equivalente de más de lo que gana, a Peter debe permitírsele guardar menos de lo que gana.
La acumulación de carga de los impuestos no solo afecta a los incentivos individuales para un mayor trabajo y ganancias, sino que por diversas vías desanima la acumulación de capital y distorsiona, desequilibra y encoge la producción. La riqueza y renta reales totales s hacen menores de las que serían en otro caso. En el balance neto, hay más pobreza en lugar de menos.
Pero los mayores impuestos son tan impopulares que a mayoría de estos planes de donativos “sociales” se aprobaron originalmente sin suficiente aumento de impuestos para pagarlos. El resultado son déficits públicos crónicos, pagados con la emisión de papel moneda adicional. Y esto ha llevado en el último cuarto de siglo a la depreciación constante del poder adquisitivo de prácticamente todas las divisas del mundo. Todos los acreedores, incluyendo los compradores de bonos públicos, tenedores de pólizas de seguros y depositantes en cajas de ahorro, son engañados sistemáticamente. Una de las víctimas principales son las familias trabajadoras y ahorradoras con rentas moderadas.
Aun así, en todas partes, esta inflación monetaria, que acaba siento tan perturbadora y ruinosa para una producción adecuadamente equilibrada, es justificada por políticos e incluso por falsos economistas como necesaria para el “pleno empleo” y el “crecimiento económico”. La verdad es que si se persiste en esta inflación monetaria, solo puede llevar al desastre económico.
Controles de precios y salarios
Mucha de la misma gente que originalmente defendía la inflación (o las políticas que inevitablemente llevan a ella), cuando ven sus consecuencias de precios y salarios monetarios al alza, proponen arreglar la situación, no solo deteniendo la inflación, sino haciendo que el gobierno imponga controles de precios y salarios. Pero todos esos intentos de suprimir los síntomas aumentan enormemente el daño producido. Los controles de precios y salarios, precisamente en la medida en que pueden ser temporalmente efectivos, solo distorsionan, perturban y reducen la producción, llevando de nuevo al empobrecimiento.
Aun así, en este caso de nuevo, como con los demás remedios para la pobreza, sería una digresión injustificable detallar todas las mentiras y malas consecuencias de los subsidios especiales, el gasto público no previsor, la financiación en déficit y los controles de precios-salarios. Yo mismo he tratado estos temas en dos libros anteriores: The Failure of the New Economics y What You Should Know About Inflation y, por supuesto, hay una extensa literatura sobre el tema. Lo principal a reiterar ahora es que estas políticas no ayudan a curar la pobreza.
Otro falso remedio para la pobreza es el impuesto progresivo de la renta, así como una carga fiscal muy grande sobre las ganancias de capital y las rentas empresariales. Todos ellos tienen el efecto de desanimar la producción, la inversión y la acumulación de capital. En esa medida deben prolongar la pobreza en lugar de curarla.
Abiertosocialismo
Llegamos ahora al falso remedio final para la pobreza a considerar en este artículo: abierto socialismo.
Ahora la palabra “socialismo” se usa vagamente para referirse al menos a dos propuestas distintas, normal pero no necesariamente unidas en las mentes de los proponentes. Una de ellas es la redistribución de riqueza o renta (si no para hacer iguales las rentas, al menos para hacerlas más iguales de lo que serían en una economía de mercado). Pero la mayoría de lo que proponen hoy este objetivo piensan que puede lograrse manteniendo los mecanismos de la empresa privada y luego gravando las rentas superiores para subsidiar a la rentas inferiores.
Por “abierto socialismo” me refiero a la propuesta marxista por “la propiedad y control públicos de los medios de producción”.
Una de las diferencias más sorprendentes entre las décadas de 1970 y 1950 o incluso 1920, es el auge en la popularidad política del Socialismo Dos (la redistribución de rentas) y el declive de la popularidad política del Socialismo Uno (propiedad y gestión publicas). La razón es que este último, en el último medio siglo, se ha intentado muy repetidamente. Particularmente en Europa, hay ahora una larga historia de propiedad y gestión publicas de “servicios públicos” como ferrocarriles, industrias de luz y energía eléctrica, telégrafos y teléfonos. Y en todas partes la historia ha sido casi la misma: déficits casi siempre y en general un mal servicio en comparación con lo que proporciona la empresa privada. El servicio postal, un monopolio público en todo el mundo, es asimismo notorio en casi todas partes por sus déficits, ineficiencia e inercia. El contraste con el rendimiento de la industria “privada” se ve sin embargo a menudo difuminado en Estados Unidos, por ejemplo, por el lento estrangulamiento de ferrocarriles, teléfonos y empresas eléctricas mediante la regulación y el acoso públicos).
Como consecuencia de esta historia, la mayoría de los partidos socialistas en Europa descubren que ya no pueden atraer votos prometiendo nacionalizar aún más sectores. Pero lo que sigue sin reconocerse por los socialistas, por la gente o incluso por más que una pequeña minoría de economistas , es que la actual propiedad y gestión públicas de los sectores, no solo en la Europa “capitalista” sino incluso en la Rusia soviética, solo funciona tan bien como lo hace debido a ser un parásito en contar con los precios del mercado mundial establecidos por la empresa privada.
Publicado originalmente el 6 de mayo de 2016. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
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