Esta semana hemos conocido que las corporaciones locales españolas redujeron su deuda en 50 millones de euros durante el primer trimestre de 2016. Desde la llegada de los llamados “ayuntamientos del cambio”, a finales del segundo trimestre de 2015, la deuda total de los consistorios españoles ha caído en más de 2.500 millones de euros. Sólo el Ayuntamiento de Madrid, insignia de Podemos en las administraciones públicas españolas, ha recortado sus pasivos en 907 millones de euros desde mediados de 2015.
Al parecer, pues, Podemos ha encontrado la tan pregonada fórmula de la “austeridad social”: sin necesidad de recortar “en las personas”, la deuda pública se está reduciendo a una velocidad muy reseñable. Inevitable que este referente se proveche en campaña electoral: “si Unidos Podemos gana los próximos comicios generales, aplicaremos la misma fórmula mágica: acabaremos con el déficit sin recortar el gasto social”.
El problema de esta consigna es bastante elemental: la deuda de las corporaciones locales no ha empezado a reducirse cuando Podemos alcanzó distintas alcaldías de España, sino bastante antes. Desde 2013, la deuda de las corporaciones locales se ha recortado en 10.000 millones de euros (el súbito incremento de deuda entre 2011 y 2012 se debió a un cambio metodológico por el que pasó a contabilizarse la deuda con proveedores y la deuda de empresas públicas municipales). Por tanto, desde mediados de 2015, sólo se han recortado 2.500 millones de euros de los más de 10.000 en los que se ha contraído la deuda municipal desde 2012.
El caso de Madrid es bastante ilustrativo a este respecto: desde mediados de 2013 a mediados de 2015, la deuda municipal se contrajo en 2.050 millones de euros; desde mediados de 2015 a finales de marzo de 2016, como dijimos, lo ha hecho en 907 millones de euros.
Ahora Madrid, pues, no está amortizando más deuda municipal que el PP (tampoco menos): el superávit presupuestario con el que se cancelan las obligaciones financiaras y comerciales del consistorio se generó mucho antes de la llegada de Podemos.
Lo mismo cabe afirmar de los restantes grandes ayuntamientos españoles: Barcelona, Málaga, Sevilla o Valencia venían reduciendo su endeudamiento desde 2012. Por ejemplo, desde mediados de 2012 a mediados de 2015, el Ayuntamiento de Barcelona amortizó el 35% de sus pasivos, el de Valencia el 30%, el de Málaga el 19%, el de Zaragoza el 10% y el de Sevilla el 6%. Las tendencias no han cambiado desde que se materializó “el cambio” (o el “no cambio”: Málaga sigue gobernada por el PP y continúa amortizando su deuda), y si, en algún caso lo han hecho, ha sido a peor: desde mediados de 2015 al primer trimestre de 2016, el ayuntamiento de Barcelona ha aumentado su deuda en 10 millones de euros (un 1%) y el de Zaragoza en 271 millones de euros (un 33%).
Es verdad que el aumento de la deuda zaragozana no puede imputarse en su integridad a Zaragoza en Común, pues se trata de afloramientos de deudas ocultas por la administración socialista anterior. Sin embargo, este hecho refleja una verdad bastante incómoda para Podemos: no existe ninguna fórmula mágica para amortizar masivamente deuda aumentando gastos sociales; al contrario, la buena o mala evolución de deuda municipal a estar alturas de la película depende en gran medida de la “herencia recibida”. En términos presupuestarios, la herencia recibida en Madrid fue muy buena (un superávit superior a 1.000 millones de euros); en Zaragoza, en cambio, fue muy mala. Por eso la deuda sigue decreciendo en Madrid y, en cambio, crece en Zaragoza.
Claro que, acaso, pueda alegarse que los ayuntamientos del cambio son acreedores de otro logro distinto al de amortizar deuda: mantener el ritmo de reducción de sus pasivos sin necesidad de malvender a “fondos buitres” el patrimonio municipal y procediendo a disparar el gasto público que previamente había sido mutilado. Y, ciertamente, los consistorios de Podemos han incrementado el gasto más que sus predecesores y han reducido las ventas de activos públicos, pero de momento se trata de importes relativamente modestos en relación con sus superávits previos.
Por ejemplo, los primeros presupuestos de Ahora Madrid recogen un aumento del gasto municipal de 324 millones de euros frente a los últimos presupuestos del PP: un incremento de 324 millones de euros sobre una base de 4.137 millones; un incremento del gasto de 324 millones de euros sobre un superávit superior a 1.000 millones de euros. No se trata, como digo, de un aumento del gasto despreciable: si se repitiera durante los próximos ejercicios, fagocitaría todo el superávit actual; pero, de momento, parece obvio que, partiendo de un superávit de más de 1.000 millones de euros, no entraña ninguna dificultad financiera aumentar el gasto en 300 millones de euros y, al tiempo, seguir amortizando deuda. A su vez, la reducción de los ingresos por venta de inmuebles y suelo es simplemente ridícula: en 2015, el PP proyectó obtener por este concepto 53,5 millones de euros (el 1,1% de todos los ingresos no financieros del Ayuntamiento, cifrados en 4.932,6 millones de euros); en 2016, Ahora Madrid confía en recaudar por venta de inmuebles y suelo 18,3 millones: 35 millones de euros menos que en 2015, a saber, un importe absolutamente marginal dentro del presupuesto total.
Debería resultar obvio que no pueden extrapolarse conclusiones de la “gestión de la abundancia” de Ahora Madrid a la inexorable “gestión de la escasez” que deberá afrontar el futuro gobierno de España, quienquiera que lo componga. Ahora Madrid contaba con un superávit equivalente al 22% de sus ingresos, de modo que no ha experimentado ninguna dificultad en aumentar el gasto en un importe equivalente al 6,5% de esos ingresos y, a su vez, seguir reduciendo su deuda; el Estado español, en cambio, sufre undéficit equivalente al 12% de sus ingresos y Podemos promete aumentar el gasto en un importe igual al 25% de los mismos. Trazar paralelismos entre ambos casos es simplemente ridículo, pero la demagogia electoralista de estos días parece aguantarlo todo.
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