El sector del taxi presta tres tipos de servicios: alquiler de vehículos con conductor en paradas, alquiler de vehículos con conductor en la calle y alquiler de vehículos con conductor pre-contratándolo de forma telefónica. En España, sólo hay 70.000 vehículos que, merced a las correspondientes licencias de taxi, tienen permitido prestar estos tres servicios; a su vez, hay otros 4.300 automóviles que disfrutan de la llamada licencia VTC, por la cual pueden ofrecer únicamente el servicio de alquiler con pre-contratación telefónica. Pero la cuestión que todo el mundo debería plantearse es la siguiente: ¿por qué sólo 70.000 taxis y 4.300 vehículos con licencia VTC pueden ofertar tales servicios en España y no, en cambio, cualquier persona con un automóvil?
La excusa tradicional para justificar que la administración restrinja el número de automóviles que están autorizados a desarrollar tales funciones era que, en ausencia de regulación y certificación estatal, el mercado no se comportaría correctamente: los ciudadanos no podrían fiarse de los taxistas si cualquiera pudiera ejercer como tal; en aquellas zonas poco pobladas, apenas habría taxis y éstos podrían explotar con altos precios a los consumidores; a su vez, los ingresos agregados serían insuficientes para que nadie pudiese ganarse dignamente la vida con ello.
Sin embargo, con la emergencia de Uber y de otras aplicaciones similares para teléfonos móviles (Cabify o Lyft), gran parte de esos problemas se han solucionado sin necesidad de que el Estado reparta un limitado número de licencias. Los usuarios de estas aplicaciones para móviles pueden pre-contratar a aquellos conductores que hayan recibido más evaluaciones positivas por parte de otros clientes, su tarifa está fijada de antemano por la propia App y cualquier conductor con un vehículo pueda desarrollar este servicio durante cuantas horas considere conveniente. Y, siendo así, ¿cuál es la justificación actual para que las licencias de taxi y de vehículos VTC sigan restringiendo artificialmente el número de automóviles que pueden suministrar servicios de alquiler con conductor?
No hay ninguna buena razón para ello. Las licencias a día de hoy sólo tienen como efecto reducir irracionalmente la competencia en el sector de los taxis e incrementar los precios soportados por los consumidores. De hecho, esta misma semana la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha estimado que las tarifas de los taxis son un 13,1% más altas de lo que serían si se liberalizara el sector, lo cual implica un sobrecoste total para los usuarios de 324 millones de euros anuales.
Y justamente por la existencia de esas rentas extraordinarias que afluyen al sector del taxi como consecuencia de la limitación de la competencia (324 millones de euros para todos los taxistas), la propia CNMC recoge en su informe la estimación del precio medio de una licencia de taxi en España: 93.500 euros. Ese es el precio medio que debería pagarle cualquier ciudadano a un taxista para comprarle su licencia. En algunas ciudades de España —justamente allí donde hay mayor restricción de la competencia y, por tanto, las rentas extraordinarias de los taxistas son más elevadas— esos precios llegan a superar los 200.000 euros (es el caso de San Sebastián, Santander o Palma de Mallorca). Acaso convenga reiterar que esos enormes precios no son abonados a las administraciones públicas, sino a otros taxistas: son el precio de reventa de las licencias en el mercado secundario. Poror eso, cualquier persona que se haya arriesgado en comprar una licencia a esos precios debería hacerse plenamente responsable de ello y no reclamar indemnización alguna de los contribuyentes (al igual que lo han hecho quienes compraron un piso a precios inflados en 2006 o 2007).
Después de la revolución disruptiva de Uber o Cabify, ha dejado de haber argumentos para limitar por licencia el alquiler de vehículo con conductor. Toca liberalizar el mercado en beneficio de los consumidores.
La bolsa duda
El Ibex 35 cayó la semana pasada un 3,53%. Tan sólo en la sesión del viernes, experimentó un pinchazo del 3,18%, su mayor batacazo desde febrero. Las razones que explican este mal comportamiento de la bolsa española son tres: la creciente probabilidad del Brexit, la incertidumbre por el resultado electoral y el incremento del precio global del petróleo. Las últimas dos causas suponen amenazas más que directas para la economía española: el resultado electoral podría alumbrar un gobierno decidido a multiplicar todavía más los impuestos y las regulaciones; y, a su vez, un expansivo precio del petróleo repercutiría de manera muy negativa sobre el crecimiento de una economía que, como la española, depende tanto del crudo. Es normal, por tanto, que los mercados financieros muestren cierta inquietud con el camino que pueda seguir España durante los próximos meses. De momento, por desgracia, sólo podemos esperar y, una vez se forme un nuevo Ejecutivo, exigir rebajas fiscales y liberalizaciones que impulsen la economía en lugar de lastrarla.
Servidumbre fiscal
Los españoles trabajan justo medio año para pagar sus impuestos al Estado: todo cuanto ingresan desde el 1 de enero al 30 de junio va a parar al erario público. Esa es la principal conclusión del último informe del think tank Civismo acerca de la carga fiscal que soportamos los españoles. Sólo a partir del 1 de julio, los contribuyentes podemos liberarnos de la losa estatal y comenzar a trabajar para nosotros mismos. De hecho, la extracción tributaria a la que nos vemos expuestos es tan agresiva que, de acuerdo con las estimaciones de este think tank, un español medio abona más de 450.000 euros en impuestos a lo largo de su vida. Un absoluto atraco a mano armada que, por desgracia, nuestros partidos políticos juzgan insuficiente: por eso, prácticamente todas las formaciones políticas están promoviendo para las elecciones del 26J nuevas subidas de impuestos que retrasen aún más el día de la liberación fiscal. Por lo visto, seis meses trabajando para el Estado no les basta.
Más dinero para Grecia
El Eurogrupo ha aprobado el desembolso de 7.500 millones para el gobierno griego de Syriza después de haber constatado que éste ha cumplido, hasta el momento, buena parte de las condiciones contenidas en el memorándum de entendimiento del tercer plan de rescate. Después del verano, de hecho, es muy probable que el Ejecutivo heleno reciba otros 2.800 millones de euros. Los contribuyentes europeos, pues, siguen enviando miles de millones de euros a ese agujero negro en el que se ha convertido Grecia: un agujero negro de inestabilidad política, conflictividad social, regulaciones al servicio de los grupos de presión y un Estado elefantiásico e hiperendeudado. La superación de la crisis económica griega no es un asunto en absoluto sencillo, pero si el itinerario que se traza para lograrlo consiste en aprobar sin convicción alguna un parcial plan de ajuste basado en brutales subidas de impuestos, entonces se vuelve una misión prácticamente inasequible.
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