COMPARATIVA DE LOS PROGRAMAS PARA EL 26J

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COMPARATIVA DE LOS PROGRAMAS DE POLÍTICA SOCIAL PARA EL 26J

12 JUNIO, 2016

El gasto social en España asciende al 25% del PIB: más de 260.000 millones de euros anuales. Otros países, presuntas cunas de la socialdemocracia europea, no exhiben un gasto social mucho más cuantioso que éste: Suecia, por ejemplo, destina a estas rúbricas presupuestarias el 27% de su PIB. Y pese a la enormidad de recursos que destinan nuestros mandatarios a políticas sociales (uno de cada cuatro euros que se generan en España), centenares de miles de españoles tienen la sensación de hallarse desatendidos, desprotegidos y desamparados por las Administraciones Públicas. De ahí que todos los partidos hayan instrumentado demagógicamente el filón del “gasto social” para cazar votos y acceder al poder.

Unidos Podemos es, sin duda, la formación que más réditos electorales está sacando a sus promesas sociales. La formación morada propone: primero, garantizar unos ingresos mínimos familiares de entre 600 y 1.290 euros; segundo, establecer un complemento salarial que eleve los sueldos más bajos al entorno de los 900 euros mensuales; tercero, revertir los recortes en sanidad y en educación; y cuarto, rebajar la edad de jubilación a los 65 años. El coste a corto plazo de todas estas medidas podría superar los 50.000 millones de euros anuales, lo que dispararía el “gasto social” de España por encima de los 300.000 millones (en relación al PIB, sería incluso superior al de Suecia o Dinamarca) y duplicaría nuestro déficit público actual.

El PSOE también ha elaborado un catálogo de propuestas similares a las de Podemos, aunque mucho menos agresivas en términos de gasto: primero, promete una renta mínima de entre 426 y 708 euros mensuales, a la que se suman 150 euros por hijo para aquellas personas desempleadas y con baja renta; segundo, extender la prestación por desempleo a un mayor número de colectivos; tercero, crear 200.000 “empleos sociales” (en realidad, empleos basura, pues aspira a crear contratos de seis meses con un salario de 830 euros); y cuarto, revertir la reciente reforma de las pensiones del PP, por la cual éstas se desindexan del IPC y se reducen conforme se incrementa la esperanza de vida. En total, el PSOE contempla invertir hasta 15.000 millones de euros en estas materias: menos de la tercera parte que Podemos.

En cuanto a Ciudadanos, la formación naranja ha abandonado casi por entero la que fue su propuesta estrella durante la anterior campaña electoral: el llamado complemento salarial al que pretendía destinar casi 8.000 millones de euros. Para el 26J, los de Albert Rivera pretenden movilizar 8.500 millones de euros para diversos programas sociales: apenas destinarán 2.800 millones de euros a su antiguo complemento salarial (con lo que se comprometen a entregar 1.400 euros anuales a dos millones de hogares), otorgarán 150 euros mensuales por hijo a las familias con menores ingresos (propuesta calcada a la del PSOE), dirigirán 2.400 millones de euros a políticas activas de empleo para favorecer la reinserción laboral y, por último, también crearán una partida específica para luchar contra el fracaso escolar.

Por lo que respecta al PP, se trata del partido que menores promesa de gasto social lleva en su programa: apenas extender ciertas deducciones en las cotizaciones sociales para autónomos y nuevos empleos fijos, así como un ramillete de ayudas diversas de escaso contenido (maternidad, becas, cheque por hijos…) cuya coste agregado probablemente no supere los 3.000 millones de euros. Acaso conscientes de la muy delicada situación presupuestaria que sigue atravesado el país tras sus cuatro años de gobierno —y dado que, además, han prometido priorizar las rebajas de impuestos en esta legislatura—, los de Rajoy no han apostado por multiplicar las promesas de nuevo gasto público infinanciable. Y, si bien es positivo que no se hayan lanzado a vender tanto humo como sus rivales políticos, su programa no ofrece demasiadas esperanzas a varios millones de personas que continúan instalados en una muy precaria situación económica en España.

En suma, Podemos, PSOE y, en menor medida, Ciudadanos han optado por una política social asistencialista que, lejos de ampliar las oportunidades reales de los españoles para prosperar y labrarse su propio destino, pretende convertirlos en dependientes fosilizados —y en votantes cautivos— del sector público. El PP, en cambio, ha preferido no ahondar por esta vía muerta, pero tampoco ha sabido estructurar una respuesta atractiva para esos millones de españoles frustrados. Es verdad que la mejor política social pasa por dejar de impedir que los españoles salgan del hoyo: facilitar que encuentren un empleo, que los salarios aumenten, que vayan acumulando su patrimonio personal y que, en definitiva, vivan su propia vida al margen de las dádivas caprichosas del gerifalte político de turno. Pero para ello habría sido necesario apostar decididamente por una profunda liberalización de la economía (incluido el mercado laboral) y por una mucho más profunda rebaja de impuestos. Nada de eso, por desgracia, se halla presente en ninguno de los programas electorales. Los ciudadanos deben escoger entre asistencialismo clientelar o prosperidad obstaculizada políticamente. Lo primero seducirá suicidamente a muchos; lo segundo frustrará a demasiados.

COMPARATIVA DE LOS PROGRAMAS FISCALES PARA EL 26J

10 JUNIO, 2016

Todo partido político lleva en su ADN el deseo de subir impuestos, es decir, el deseo de controlar directamente un mayor porcentaje de las haciendas privadas de los ciudadanos. Frente a este instinto político básico, los ciudadanos pueden oponer resistencia y negarse a dar su apoyo a aquellos dirigentes que prometan rapiñarles con más saña o, en cambio, plegarse servilmente a sus caprichos y aceptar cabizbajos abonar las nuevas gabelas exigidas. En las elecciones del 26-J, por desgracia, parece que la mayoría de españoles ya ha interiorizado que, de un modo u otro, le tocará pagar muchos más tributos: por eso, las principales formaciones políticas nacionales no tienen el más mínimo reparo en amenazarnos con un terrorífico rearme impositivo dirigido a pauperizar al conjunto de la población.

Como no podía ser de otro modo, el partido que más sablazos fiscales propugna es Unidos Podemos: la formación de Pablo Iglesias aspira a recaudar en 2019 unos 125.000 millones de euros anuales más de los que se recaudaron en 2015, el equivalente a duplicar los ingresos conjuntos por IRPF e IVA. Para alcanzar tal nivel de expolio sobre el ciudadano, Podemos plantea multiplicar las cargas fiscales sobre el ahorro, eliminar la práctica totalidad de deducciones y exenciones dentro del IRPF, incrementar los tipos impositivos a partir de ingresos anuales de 60.000 euros, aumentar el tipo fiscal efectivo soportado por grandes empresas y por pymes, establecer una tasa sobre las transacciones financieras e incrementar la tributación sobre las herencias. En realidad, ni con este rejonazo les cuadran las cuentas, motivo por el cual necesitarán impulsar subidas impositivas aún más agresivas que las anunciadas y que, evidentemente, afectarán a la totalidad de los españoles.

El siguiente partido que más plantea subir los impuestos es el PSOE. Lejos de los 125.000 millones de euros anuales que aspira a extraer Unidos Podemos de los españoles, el partido socialista se conforma sólo con 20.000 millones. Para ello, propone castigar tributariamente a todas las empresas —eliminando exenciones y deducciones—, armonizar al alza los impuestos de Patrimonio y Sucesiones, multiplicar la fiscalidad dizque “medioambiental” para disimular un hachazo fiscal indiscriminado a todos los ciudadanos y, por último, imponer la tasa sobre transacciones financieras.

Por lo que respecta a Ciudadanos, el partido de Albert Rivera ha renunciado definitivamente a recortar los impuestos que padecen los españoles. Por un lado, sí, la formación naranja acepta rebajar tímidamente los tipos impositivos del IRPF (aunque bastante menos de lo que prometía reducirlos en las elecciones del 20-D): con ello, estiman que devolverán 2.000 millones de euros a los españoles (comparen la magnitud del expolio planteado por Unidos Podemos o el PSOE, cifrado en 125.000 o en 20.000 millones de euros, con la nimia rebaja de 2.000 millones de Ciudadanos). Por otro lado, sin embargo, los de Rivera prometen compensar esa rebaja a las familias con un aumento de los impuestos a las empresas: al estilo de Podemos o el PSOE, busca eliminar la práctica totalidad de deducciones y exenciones del Impuesto de Sociedades. Lo comido por lo servido.

Por último, el PP es el único partido que promete no subir ningún impuesto. De hecho, se ha comprometido a rebajar el IRPF en unos montos muy parecidos a los de Ciudadanos (el PP promete un tipo marginal máximo del 43% y Ciudadanos uno del 43,5% frente al 45% actual). En el resto de capítulos impositivos, los de Rajoy aceptan mantener la fiscalidad tal cual se encuentra ahora. Sucede, empero, que estas promesas —que desde luego se orientan en la buena dirección: bajar impuestos— están manchadas por la falta de credibilidad pasada y por la inviabilidad futura: por un lado, el PP también prometió bajar impuestos en las elecciones generales de 2011 y, más tarde, nos castigó con uno de los mayores sablazos tributarios de toda nuestra historia; por otro, la desviación del déficit público de 2015 va a dificultar mucho cualquier alivio tributario. Para que este compromiso fiscal fuera realmente viable, sería necesario que, a su vez, se impulsaran recortes sustanciales del gasto público: pero lejos de avanzar hacia una moderación del gasto, el PP propone incrementarlo.

En definitiva, ninguno de los partidos que concurren a las próximas elecciones generales ha presentado un plan verdaderamente creíble para revertir las monstruosas subidas de impuestos que padecimos en la anterior legislatura. Pero mucho más inquietante es que dos formaciones políticas —Unidos Podemos y PSOE— sí han manifestado su intención de multiplicar los impuestos muy por encima de sus ya elevadísimos niveles actuales. Parece que las brutales subidas de impuestos que hemos sufrido desde 2012 se les han quedado cortas: para nuestra desgracia, su voracidad tributaria no conoce límites.