Juan Ramón Rallo es Director del Instituto Juan de Mariana (España) y columnista de ElCato.org. Juan Ramón obtuvo el tercer lugar en nuestro primer concurso de ensayos, Voces de Libertad 2008.
La deuda pública española alcanzó el 99,8% del PIB a cierre de noviembre de 2015: es decir, nuestras Administraciones Públicas adeudan 1,067 billones de euros o, lo que es lo mismo, una media de 58.600 euros por familia. Una terrorífica cifra que, desde que arrancara la crisis, no ha hecho más que multiplicarse: en concreto, ha aumentado en 700.000 millones de euros en apenas ocho años.
Se trata de un ritmo de endeudamiento vertiginoso —unos 38.500 euros adicionales por familia— que, en contra del muy extendido mito, no está relacionado con el rescate a la banca —que ha costado unos 51.000 millones de euros, esto es, 2.800 euros por familia— sino con los enormes déficits públicos que se han ido acumulando desde 2008. Es decir, la deuda pública se debe simple y llanamente a que el gobierno central, los gobiernos autonómicos y, en menor medida, los gobiernos municipales han gastado durante ocho años mucho más de lo que han ingresado.
No en vano, durante la burbuja inmobiliaria todas las administraciones consolidaron unos niveles de gasto desproporcionados que iban a volverse infinanciables en circunstancias más normales: de ahí que cuando bajó la marea y llegaron las vacas flacas —esto es, cuando desapareció la recaudación extraordinaria del pelotazo ladrillístico— emergiera un agujero presupuestario estructural que nos engulló y que, en gran medida, sigue engulléndonos. Y todo ello a pesar de las sangrantes subidas impositivas que hemos experimentado desde 2011: según los propios cálculos del gobierno del Partido Popular, cada familia española paga por año 2.000 euros más en impuestos hoy que en 2011. Es decir, los gobiernos del PSOE y del PP no sólo han colocado una losa de deuda pública sobre el sector privado, sino que lo han sableado inclementemente a impuestos.
La nula austeridad pública contrasta con el muy notable ejercicio de verdadera austeridad que ha venido practicando el sector privado desde 2010. Esta misma semana, el servicio de estudios de La Caixa, Caixabank Research, aseguraba que el saneamiento financiero de las familias y empresas españolas estaba muy cercano a concluir: a la postre, las familias han recortado su endeudamiento en 170.000 millones de euros desde 2008 y las empresas no financieras (es decir, no se incluye a los bancos) lo han hecho en 320.000 millones. De esta manera, y siempre según el análisis de esta entidad financiera, las compañías españolas ya mostrarían unos niveles sostenibles de deuda similares a los de otros países europeos, mientras que las familias podrían completar su ímproba labor de desendeudamiento a lo largo de los próximos dos ejercicios.
A la luz de las cifras expuestas, la diferencia resulta desoladora: desde el inicio de la crisis, el sector privado ha minorado sus pasivos en casi 500.000 millones de euros, mientras que el sector público los ha acrecentado en 700.000. Ésa es la diferencia entre la gravosa irresponsabilidad exhibida por nuestros políticos y la exquisita responsabilidad exhibida por nuestras familias y empresas: los primero se han negado a pinchar la burbuja de gasto público y han recurrido a la asfixia tributaria para paliar parcialmente su insolvencia; los segundos, en cambio, han logrado ahorrar y amortizar su deuda a pesar de las subidas de impuestos y de los costes regulatorios que les han interpuestos los mismos políticos incapaces de poner su casa en orden.
Va siendo hora de que les reconozcamos este logro a nuestras familias y a nuestras empresas y de que, a partir de ahora, se lo pongamos mucho más fácil: es decir, va siendo hora de que el Estado recorte enérgicamente su gasto público y liberalice la economía para, a su vez, disminuirles los impuestos y los obstáculos regulatorios a esas heroicas familias y empresas.
Ajuste de cuentas
Por mucho que se nos haya dicho que la época de los recortes público ha quedado definitivamente atrás, lo cierto es que el Sur de Europa sigue acumulando importantes déficits gubernamentales que inevitablemente tendrán que corregirse. La semana pasada, el Comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, instó al gobierno español a continuar por la senda de ajustes para cumplir con los objetivos de déficit de 2016, algo que no parece que ninguno de los partidos políticos mayoritarios españoles vaya a aceptar de buen grado. Pero los desequilibrios financieros no sólo los sufre nuestro país: también Grecia o Italia necesitan proseguir con su consolidación presupuestaria. Por eso el Ejecutivo de Syriza acabado de aprobar una dura reforma del sistema de pensiones y por eso el gobierno italiano tendrá que terminar presentando nuevos recortes por mucho que su primer ministro Matteo Renzi se esté resistiendo con uñas y dientes hasta el punto de rebelarse abiertamente contra Bruselas. Todavía no hemos completado nuestros deberes y, hasta que lo hagamos, no podremos escribir el punto final.
Contrarreformas
El PSOE sigue empeñado en sacar adelante su equivocada promesa electoral de derogar la reforma laboral del PP. Hace unos días, Luz Rodríguez, secretaria de Empleo de la formación de izquierdas, reiteró este compromiso ante los sindicatos de UGT y CCOO: de hecho, su propósito consiste en derogar no sólo la minirreforma laboral del PP de 2012, sino también la microrreforma laboral del PSOE en 2010. Es decir, lo que pretenden los socialistas de Pedro Sánchez es regresar al mercado de trabajo previo a 2009, esto es, el mercado de trabajo que más empleo ha destruido en toda la historia de España (entre 2007 y 2009, desaparecieron casi dos millones de empleos, el doble que entre 2011 y 2013) y que más ha precarizado las relaciones laborales (la tasa de temporalidad en plena burbuja inmobiliaria alcanzó el 35% de todo el empleo existente, frente al 25% actual). No, la gran reforma laboral que necesita España es la liberalización de nuestro mercado de trabajo siguiendo el camino de otros prósperos países de nuestro entorno como Dinamarca o EE.UU. Volver a los peores años del zapaterismo no es la solución.
Desde el exterior
El pinchazo de la bolsa china continúa sin freno: durante la pasada semana, la bolsa de Shanghái perdió casi un 9% de su valor, acumulando así un hundimiento del 18% desde comienzos de año. Las dudas sobre la economía asiática siguen sin despejarse y, por eso, se está produciendo una desbandada de sus mercados financieros que inevitablemente está arrastrando al resto de plazas mundiales. Ante este contexto, se han venido sucediendo diversas intervenciones de las autoridades comunistas para tratar de contener de revertir el signo del parqué: desde compras directas de acciones hasta presiones a los accionistas de referencia de empresas chinas para que prometan oficialmente que no van a liquidar sus participaciones. Pero, aparte de dilapidar el capital de decenas de millones de ciudadanos en sostener artificialmente los precios, deberíamos tener presente que el problema de fondo de China no es que su bolsa esté cayendo, sino que su economía se está ralentizando: mientras ese problema fundamental no se resuelva, su bolsa no reflotará, por mucho que su gobierno lo intente.
Este artículo fue publicado originalmente en La Razón (España) el 18 de enero de 2016.
No en vano, durante la burbuja inmobiliaria todas las administraciones consolidaron unos niveles de gasto desproporcionados que iban a volverse infinanciables en circunstancias más normales: de ahí que cuando bajó la marea y llegaron las vacas flacas —esto es, cuando desapareció la recaudación extraordinaria del pelotazo ladrillístico— emergiera un agujero presupuestario estructural que nos engulló y que, en gran medida, sigue engulléndonos. Y todo ello a pesar de las sangrantes subidas impositivas que hemos experimentado desde 2011: según los propios cálculos del gobierno del Partido Popular, cada familia española paga por año 2.000 euros más en impuestos hoy que en 2011. Es decir, los gobiernos del PSOE y del PP no sólo han colocado una losa de deuda pública sobre el sector privado, sino que lo han sableado inclementemente a impuestos.
La nula austeridad pública contrasta con el muy notable ejercicio de verdadera austeridad que ha venido practicando el sector privado desde 2010. Esta misma semana, el servicio de estudios de La Caixa, Caixabank Research, aseguraba que el saneamiento financiero de las familias y empresas españolas estaba muy cercano a concluir: a la postre, las familias han recortado su endeudamiento en 170.000 millones de euros desde 2008 y las empresas no financieras (es decir, no se incluye a los bancos) lo han hecho en 320.000 millones. De esta manera, y siempre según el análisis de esta entidad financiera, las compañías españolas ya mostrarían unos niveles sostenibles de deuda similares a los de otros países europeos, mientras que las familias podrían completar su ímproba labor de desendeudamiento a lo largo de los próximos dos ejercicios.
A la luz de las cifras expuestas, la diferencia resulta desoladora: desde el inicio de la crisis, el sector privado ha minorado sus pasivos en casi 500.000 millones de euros, mientras que el sector público los ha acrecentado en 700.000. Ésa es la diferencia entre la gravosa irresponsabilidad exhibida por nuestros políticos y la exquisita responsabilidad exhibida por nuestras familias y empresas: los primero se han negado a pinchar la burbuja de gasto público y han recurrido a la asfixia tributaria para paliar parcialmente su insolvencia; los segundos, en cambio, han logrado ahorrar y amortizar su deuda a pesar de las subidas de impuestos y de los costes regulatorios que les han interpuestos los mismos políticos incapaces de poner su casa en orden.
Va siendo hora de que les reconozcamos este logro a nuestras familias y a nuestras empresas y de que, a partir de ahora, se lo pongamos mucho más fácil: es decir, va siendo hora de que el Estado recorte enérgicamente su gasto público y liberalice la economía para, a su vez, disminuirles los impuestos y los obstáculos regulatorios a esas heroicas familias y empresas.
Ajuste de cuentas
Por mucho que se nos haya dicho que la época de los recortes público ha quedado definitivamente atrás, lo cierto es que el Sur de Europa sigue acumulando importantes déficits gubernamentales que inevitablemente tendrán que corregirse. La semana pasada, el Comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, instó al gobierno español a continuar por la senda de ajustes para cumplir con los objetivos de déficit de 2016, algo que no parece que ninguno de los partidos políticos mayoritarios españoles vaya a aceptar de buen grado. Pero los desequilibrios financieros no sólo los sufre nuestro país: también Grecia o Italia necesitan proseguir con su consolidación presupuestaria. Por eso el Ejecutivo de Syriza acabado de aprobar una dura reforma del sistema de pensiones y por eso el gobierno italiano tendrá que terminar presentando nuevos recortes por mucho que su primer ministro Matteo Renzi se esté resistiendo con uñas y dientes hasta el punto de rebelarse abiertamente contra Bruselas. Todavía no hemos completado nuestros deberes y, hasta que lo hagamos, no podremos escribir el punto final.
Contrarreformas
El PSOE sigue empeñado en sacar adelante su equivocada promesa electoral de derogar la reforma laboral del PP. Hace unos días, Luz Rodríguez, secretaria de Empleo de la formación de izquierdas, reiteró este compromiso ante los sindicatos de UGT y CCOO: de hecho, su propósito consiste en derogar no sólo la minirreforma laboral del PP de 2012, sino también la microrreforma laboral del PSOE en 2010. Es decir, lo que pretenden los socialistas de Pedro Sánchez es regresar al mercado de trabajo previo a 2009, esto es, el mercado de trabajo que más empleo ha destruido en toda la historia de España (entre 2007 y 2009, desaparecieron casi dos millones de empleos, el doble que entre 2011 y 2013) y que más ha precarizado las relaciones laborales (la tasa de temporalidad en plena burbuja inmobiliaria alcanzó el 35% de todo el empleo existente, frente al 25% actual). No, la gran reforma laboral que necesita España es la liberalización de nuestro mercado de trabajo siguiendo el camino de otros prósperos países de nuestro entorno como Dinamarca o EE.UU. Volver a los peores años del zapaterismo no es la solución.
Desde el exterior
El pinchazo de la bolsa china continúa sin freno: durante la pasada semana, la bolsa de Shanghái perdió casi un 9% de su valor, acumulando así un hundimiento del 18% desde comienzos de año. Las dudas sobre la economía asiática siguen sin despejarse y, por eso, se está produciendo una desbandada de sus mercados financieros que inevitablemente está arrastrando al resto de plazas mundiales. Ante este contexto, se han venido sucediendo diversas intervenciones de las autoridades comunistas para tratar de contener de revertir el signo del parqué: desde compras directas de acciones hasta presiones a los accionistas de referencia de empresas chinas para que prometan oficialmente que no van a liquidar sus participaciones. Pero, aparte de dilapidar el capital de decenas de millones de ciudadanos en sostener artificialmente los precios, deberíamos tener presente que el problema de fondo de China no es que su bolsa esté cayendo, sino que su economía se está ralentizando: mientras ese problema fundamental no se resuelva, su bolsa no reflotará, por mucho que su gobierno lo intente.
Este artículo fue publicado originalmente en La Razón (España) el 18 de enero de 2016.
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