Inversión

Por Thomas Mackay 

Publicado en 1891.

Es un lugar común para los antiguos economistas políticos que el capital es consecuencia de la abstención de consumir. Pero el importante progreso de la civilización no permite tan fácilmente ofrecer una definición en una frase breve. La inversión, esto es, la conversión de los ingresos en capital es por sí misma una forma de consumo. Implica por naturaleza abstenerse de otras formas más obvias de consumo. Por tanto, por medio del proceso de inversión un hombre consume parte de sus ingresos en adquirir, no alimentos, que son evidentemente perecederos, sino una máquina o una mejora en su terreno, objetos que son menos evidentemente perecederos. Pero las ventajas que adquiera así no son en modo alguno permanentes, puesto que una máquina se desgasta y el terreno pierde sus mejoras, y la utilidad del gasto, a la cual se le ha dado el nombre de capital, desaparece, salvo que se le administren de vez en cuando nuevas dosis de capital. No existe algo como la permanencia en los asuntos humanos, sólo hay grados en la rapidez con la que las cosas se consumen.

Estas consideraciones, aunque muy familiares, son importantes en vista de la propuesta socialista de nacionalizar o socializar todas las formas de capital. Por tanto, intentaremos examinar la operación de la inversión o, como podemos llamarla, la aplicación del ingreso a sus formas menos rápidas de consumo. Los socialistas más entusiastas no niegan la utilidad del capital. Sus quejas se dirigen contra la utilidad privada del capital. No se discute que el capital hace que el trabajo resulte miles de veces más productivo, que la simple labor humana es débil por sí misma, que sólo se convierte en poderosa cuando se alía con los mecanismos de las artes inventivas. Esta alianza se lleva a cabo a través del capital y ocasiona una acelerada y creciente producción de riqueza. Hasta aquí no hay diferencia de opiniones. Sin embargo, el socialista sostiene que el capital debe pertenecer a la humanidad en su totalidad, a la nación, al municipio, a un ente o entes públicos y en ningún caso al capitalista privado. Por nuestra parte, sostenemos que el capital debe pertenecer a quien lo ha obtenido, que sólo él puede hacer el mejor uso del mismo y que sólo él debería soportar el perjuicio que resulte de que desaparezca en empresas mal concebidas o se desperdicie más rápidamente de lo que sería necesario, por reparaciones y mantenimiento; más aún, sostenemos que el derecho a testar y legar es a la vez el método más económico y el más equitativo de transferir la propiedad de una generación a otra y que el ideal socialista de la utilidad universal del capital, que es también nuestro ideal, puede alcanzarse mediante una constante expansión de la propiedad privada y sólo por ese medio.

El régimen bajo el que vivimos muestra considerables experiencias en ambas teorías de tenencia de capital. Hay tendencias trabajando en ambas direcciones y la cuestión, en lo que respecta al aspecto práctico, es a qué lado debería situarse un hombre juicioso. Los hombres razonables de ambos campos son contrarios a métodos revolucionarios y se muestran de acuerdo en el cambio debe ser gradual.

Un examen de los principios subyacentes a estas experiencias en inversión ofrecerá materia a considerar por aquéllos cuyas mentes todavía estén abiertas a tomar partido.

I. Hay una gran cantidad de capital invertido y en proceso de inversión bajo control gubernamental y municipal. Correos, telégrafos, carreteras, alcantarillado y en muchos casos gas, agua, puertos y diversas empresas, se gestionan con capital bajo control del Estado.

II. Otras empresas se gestionan a través de capital privado en régimen de monopolio otorgado por el Estado: por ejemplo, ferrocarriles, canales, bebidas alcohólicas, gas y agua cuando los suministran compañías privadas, luz eléctrica, teléfonos y, si incluimos las industrias que están más o menos bajo regulación gubernamental, como navieras, seguros, bancos y empresas de inversión en general, podríamos ampliar nuestra lista profusamente.

III. Capital invertido privadamente por personas privadas en empresas privadas.

En lo que se refiere a esta última división, es necesario resaltar que incluso en este caso la libertad de acción es mucho menor de la que generalmente se supone. Es imposible trazar con precisión un línea entre capital privado controlado por el Estado y capital libremente empleado. No existe un empleo absolutamente libre del capital que no esté sujeto a una protección regulada legalmente. En la práctica esta afirmación puede parecer trivial, pero desde un punto de vista filosófico tiene una importancia que justifica un comentario completo de explicación de lo que para nosotros significa.

La obligatoriedad de contratos mercantiles y similares, la obligatoriedad gubernamental de contratos sobre terrenos y propiedades personales, su protección a los seguros, su apoyo a contratos que duren más allá de una generación, en algunos casos un siglo entero, todos ellos, que se pretende que existen como protección a la propiedad, actúan restringiendo la libertad de cada generación sucesiva y por tanto de la inversión. No estamos argumentando a favor de una rescisión de contratos. Por el contrario, aunque resulte paradójico decirlo, sospechamos que los contratos se cumplen más a menudo cuando su observancia no es un asunto obligado por ley. Incluso en la sociedad presente no es difícil poner ejemplos de esto. Cualquiera que conozca el mundo de los negocios sabe que en cada trato una gran cantidad del negocio se hace en términos que no son conocidos por la ley.

Es notable que una gran cantidad de propiedades pertenezcan a fideicomisarios católicos en acuerdos secretos de fideicomiso que la ley no reconoce. Nunca hemos oído que esos fideicomisos se hayan instrumentado imperfectamente.

La simple presión de la necesidad ha sido suficiente para mantener la ley de la hospitalidad del desierto.

Asimismo, probablemente no haya deudas que se paguen con más regularidad que las deudas del juego, las llamadas deudas de honor, y por una clase de hombres que no son extremadamente sensibles a las consideraciones morales. De hecho, el apostante tiene pocos escrúpulos para engañar a su prestamista y su tendero, pero como norma paga sus apuestas.

Bajo el presente sistema, sin duda han aparecido inconvenientes de la obligatoriedad demasiado indiscriminada de los llamados derechos de propiedad, de una legislación que intenta conservar para un hombre la administración de su fortuna después de su muerte, que permite a un fundador piadoso establecer sus ideales educativos a generaciones futuras o a dotar para siempre al mendigo profesional, o que permite a un hombre asociar sus deudas personales a un terreno que alguna vez poseyó y así impedir el intercambio de propiedad que resulta tan esencial para su valor. También sufrimos por el hecho de que hombres deshonestos son capaces de desafiar y eludir la ley y que las víctimas, conociendo el retraso legal, se sientan desamparadas. Estas observaciones se hacen con el fin de demostrar que un respeto supersticioso por leyes que garantizan a los propietarios extender en demasía una autoridad sobre su propiedad no es en modo alguno un principio de nuestro credo. Por el contrario, creemos que bajo un sistema más abierto el ingenio humano podría en definitiva ofrecer mejores garantías a favor de una conducta social apropiada en relación con la propiedad que las que existen actualmente, porque mediante el engorroso procedimiento de los tribunales sólo puede obligarse a un mínimo de conductas correctas. Y aún así los hombres suponen que los mismos son una garantía y realizan contratos con gente de peor catadura, porque piensan que, si es necesario, podrán obligarles a cumplir su contrato. Difícilmente apreciamos en qué medida nuestra propia honradez depende de una razonable vigilancia por parte de nuestros vecinos. Bajo un sistema abierto, sería necesario más cuidado antes de realizar un contrato; también habría espacio para un desarrollo más completo de sociedades comerciales, arbitrales y de protección, equivalente a jueces Lynch de la vida mercantil, y como consecuencia se añadiría un muy grande valor comercial a la reputación bien ganada de tener un carácter honorable. Todas estas consideraciones desempeñarían un papel en crear un poso de costumbre y opinión suficiente para obligar al cumplimiento debido de los acuerdos. Creemos que esa fuerza está preparada para ocupar gradualmente el lugar de la obligación legal, si es que por consentimiento general se permitiera que la responsabilidad mecánica de la ley disminuyera en cantidad.

No puede negarse que aquéllos que promueven regular derechos de propiedad tienen cierta desventaja, por la dificultad de identificar los que resultan necesarios y benéficos. El derecho a la propiedad de esclavos ya no se reconoce, el derecho a acuerdos perpetuos se ha acortado, los derechos de copia y patente, formas de propiedad peculiares en los estadios modernos de la civilización, se limitan a un tiempo determinado de años. ¿Estamos suficientemente seguros de que la definición legal actual de la propiedad y sus derechos es la adecuada y definitiva? No es razonable pensarlo. Los derechos de propiedad son aquéllos que la tolerancia mutua de los miembros de la sociedad encuentra convenientes e indispensables. No puede decirse que puedan identificarse sin posibilidad de error por leyes que son en su mayor parte consecuencia de la legislación de clase. La completa rehabilitación de los derechos de propiedad, que parecen estar en la actualidad en peligro, requiere un reconocimiento universal y voluntario de la necesidad de la propiedad y podría parecer lógico argüir que este reconocimiento sólo se otorgará cuando el principio de la no intervención del Estado sea mucho más aceptada que hoy día en cualquier organización existente en la sociedad y de hecho ésta es la opinión de anarquistas filosóficos como Mr. Benjamin Tucker, de Boston, EEUU. Pero los propietarios, que después de todo son mayoría en la nación, no están en absoluto dispuestos a prescindir completamente de la ventaja de una protección legal de sus derechos, y con la ventaja, cuyo valor quizá exageran, deben tener también desventajas. Una desventaja es que recaen ciertas sospechas sobre toda la institución de la propiedad privada, en razón de la protección oficial que les ofrece la ley y porque antes se ha detectado apoyo a derechos contrarios a la moralidad y el orden públicos. Esta realidad no implica duda alguna en nuestras ideas acerca de la justicia y de la necesidad de la institución de la propiedad privada, pero nos parece que explica convincentemente la naturaleza del ataque socialista a un acuerdo extraordinariamente útil y beneficioso, del que ninguna comunidad civilizada ha prescindido, hasta donde se puede ver en la experiencia presente.

Sin embargo, sólo resultaría correcto admitir que quienes tienen inclinación hacia la doctrina del anarquismo filosófico, pero que, como oportunistas y hombres prácticos y de mundo, piden avances lentos y graduales, no deberían protestar muy alto porque la guerra privada por medio de iniciativas legislativas haya triunfado sobre la guerra privada mediante armas y porque, aunque las armas hayan cambiado, el espíritu de la guerra siga presente. Podemos resistir el ataque, de hecho es nuestra obligación hacerlo. También podemos mirar al futuro, al milenio anárquico cuando la obstrucción parlamentaria y la organización de industrias acosadas y las sociedades de protección a los contribuyentes hayan hecho imposible el bandolerismo legislativo de los partidos políticos. La necesidad de confianza mutua que ha inducido a los hombres a desterrar la práctica de la guerra privada puede algún día inducirles a desterrar la práctica de la guerra legislativa. Es desaconsejable para los entusiastas insistir demasiado en ideales que puedan hacer parecer ridícula su causa. En la vida real nos preocupan las tendencias. Sin duda éstas vienen teñidas por los ideales que nos permitimos desear, pero resulta una completa locura y contraria a la teoría evolutiva en la que descansa toda nuestra argumentación, pedir una aplicación completa e inmediata de principios que requieren siglos para su desarrollo.

Nos gustaría ver que cada generación disfruta completamente de todos los recursos del país sin verse condicionada por la herencia de generaciones pasadas y restricciones puestas por el Estado a la libre circulación del capital. El progreso se dirige en esa dirección, puesto que en una atmósfera de libertad el carácter humano tiene una adaptabilidad que se muestra equivalente en toda ocasión. Y en un estado de civilización, un aspecto de esta adaptación de carácter consiste en lo que se ha llamado correctamente la socialización del deseo. El socialista busca una realización automática de las tareas sociales bajo una fuerza ab extra. Por el contrario, nosotros creemos que los deseos individuales que no sean consecuencia de las adaptaciones aprendidas por el autocontrol, generarán una resistencia a esa fuerza y que los resultados deseados sólo pueden obtenerse por el impulso de una fuerza ab intra. Ésta consiste en el carácter impregnado con los alicientes de la vida libre y la convicción, apoyada en la experiencia, sancionada por la libre elección y hecha instinto por la costumbre, de que el libre intercambio de servicios mutuos y la confianza mutua es el principio beneficioso y también alcanzable del que depende el bienestar de la sociedad. Si creemos que la mejora del carácter humano es la vía real para el progreso, no podemos permitirnos olvidar estas consideraciones, puesto que contienen algunos de los factores más poderosos que constituyen la garantía de una conducta social apropiada.

Para volver a nuestra materia principal después de esta digresión, podemos resumir en breve las formas de inversión bajo tres epígrafes:

(1) Inversión estatal.

(2) Inversión privada bajo monopolio otorgado por el Estado.

(3) Inversión privada que, sujeta a las siguientes restricciones, puede popularmente describirse como libre.

Aceptamos que el consumo o deterioro del capital puede producirse por distintas causas. Puede producirse por la naturaleza de las cosas. Así el valor del estiércol se agotará en un periodo de tiempo, una maquinaria valiosa quedará obsoleta después de cierto tiempo. Una alteración irracional de la moda o en la demanda puede hacer que determinados aparatos se conviertan en inútiles. Ese deterioro es una desgracia frente a la que no puede asegurarse ninguna forma de inversión.

Asimismo, el deterioro del capital se produce por nuevos inventos. Así el capital invertido en diligencias se ha desvanecido, por la mayor comodidad de los viajes en ferrocarril y todo el mundo sabe por propia experiencia que la maquinaria se convierte en vieja, pierde su valor y a la larga se ve sobrepasada por nueva maquinaria. Ese proceso de mejora trae consigo nuevas ventajas para la comunidad.

Ahora bien ¿cómo se ve afectada la cuestión del deterioro por la naturaleza de la tenencia de capital? Veamos varios ejemplos.

Una de las formas más habituales de inversión del Estado es en una guerra. Nuestro juicio en relación con la prudencia u otros aspectos de ese gasto dependerán de nuestra visión de la justicia y la necesidad de la guerra, un asunto que, para nuestros propósitos actuales, podemos dejar de lado. Obviamente, una empresa privada puede librar una guerra por nosotros. El que la existencia de cuerpos capaces de llevar a cabo una guerra en nuestro nombre sea una ventaja o no es otra cuestión que no necesitamos considerar aquí. Aceptamos bajo las presentes circunstancias la necesidad ocasional de una guerra. Ahora bien, el gasto en una guerra puede cubrirse con los ingresos actuales. Entonces se consume como los alimentos y no hay más que hablar. Sin embargo, si la guerra adquiere dimensiones demasiado grandes para pagarse con los ingresos actuales, se gravan los ingresos futuros y se crea un crédito. De hecho, nuestra deuda nacional se debe principalmente a nuestras grandes guerras. En caso de una guerra exitosa, el prestigio nacional adicional se ha ganado por medio de una inversión garantizada por la autoridad, pero no hay bienes tangibles que representen la inversión: se ha consumido tanto como si todo se hubiera pagado con los ingresos. En este caso, el crédito es una carga permanente, mientras exista la nación o hasta que se liquide. Quizá represente un gasto razonable, y no queremos criticar negativamente la conducta de nuestros antecesores al crear estos créditos. Sin embargo, es necesario comparar esta forma de capitalización con la de un hombre privado que sólo puede generar intereses y beneficios de su inversión mientras ésta represente alguna utilidad actual para su prójimo. Cuando desaparece esa utilidad, incluso el principal se desvanece. Las guerras de Pitt, y no digamos el viejo servicio de diligencias, eran ambos necesarios y útiles en su momento. La capitalización de Pitt tenía la garantía del Gobierno, y todavía somos responsables de ella, de su principal e intereses. Las diligencias, sus propietarios y el capital y el interés afectados han desaparecido hace tiempo sin que resulte injusto para nadie y sin dejar ninguna carga a la generación actual.

Como patriotas, no podemos protestar por la responsabilidad que el ministro enviado por el cielo nos ha endilgado, pero cuando consideramos la aplicación de los ingresos de personas privadas, bajo el nombre de impuestos, al pago de intereses sobre empresas estatales menos importantes que el mantenimiento de nuestra existencia como nación, nos sentimos libres, sin miedo a ser acusados de falta de patriotismo, de mirar con lupa los activos que representan nuestro dinero. Para hacerlo tenemos que tener cuentas ajustadas e inteligibles. De nuestro gasto imperial sabemos algo principalmente de comisiones designadas de vez en cuando para evaluar la ineficiencia de nuestros departamentos de gastos. Pero en lo que se refiere a nuestros gastos y deudas locales tenemos poca o ninguna información. Cualquier manual elemental sobre administración local establece ‘que hay dificultades que llevan a la imposibilidad en la forma de establecerse adecuadamente a partir de los datos publicados las cantidades totales actuales de la imposición y gasto local’.[1] La misma autoridad nos indica que los datos en buena medida son atrasados o maquillados para distintas fechas. La comparación es sólo coyuntural, puesto que las mismas autoridades locales llevan a cabo diferentes funciones en localidades distintas y el solapamiento de autoridades es bastante caótico. Más aún, ‘el gasto en capital en alcantarillado, calles, conducción de gas y suministro de agua no se distingue de los gastos ordinarios de mantenimiento’ y de nuevo ‘las subvenciones imperiales que aparecen en los datos de cualquier año se han realizado en relación con el gasto del año o años anteriores’. Caos es una palabra piadosa para un sistema contable como éste.

Ahora bien, esta incapacidad para valorar sus activos es propia de un monopolio. Estos monopolios representan necesidades absolutas de la vida y, sea éste bueno o malo, el público tiene que soportarlo. La competencia se ve excluida y el monopolista puede valorar a cualquier precio que guste. Por ejemplo, el servicio de Correos es denunciado por Mr. Henniker Heaton como inadecuado. Éste presenta una protesta en el Parlamento, el monopolista cede ante el ruido, rebaja sus condiciones y carga el déficit a la comunidad en su conjunto. El más perfecto sistema de contabilidad de un monopolio garantizado por el Estado nunca puede ser satisfactorio, porque, ex hypothesi, forma parte de una conspiración para proteger su capital frente al deterioro mediante la prohibición de competencia. En el mercado abierto, donde no hay monopolio, hay un deterioro gradual del capital por culpa de las mejoras que realizan los competidores. Un comerciante debe reemplazar su maquinaria por otra más moderna o ver cómo sus aparatos antiguos se van volviendo obsoletos. Su atención se mantiene fija en este punto ante la perspectiva de que sus compradores vayan a otros canales. Ningún propietario estará dispuesto a reconocer el valor deteriorado de su fábrica salvo que se vea obligado a hacerlo. Por eso los monopolios gubernamentales son muy lentos en adoptar mejoras. Ningún responsable desea admitir la debilidad de su propio sistema, y tampoco estará dispuesto a desprenderse de conocimiento y trabajo aceptando mejoras que le obliguen a adquirir nuevos conocimientos y hagan que sus servicios actuales se vean como anticuados. La competencia obliga a los comerciantes privados a mejorar sus métodos. En un monopolio no existe esa fuerza que mueva al progreso, salvo que nombremos la ciega agitación sentimental que hoy día ataca a Correos en favor del penny post anglosajón.

No son fáciles de estimar las pérdidas de la comunidad ocasionadas por el monopolio de la Administración; en el mejor de los casos, sólo sería un cálculo de las que podrían haber sido si la empresa privada no se hubiera visto limitada.

Podemos dar uno o dos pequeños pero sugestivos ejemplos. Todavía hay oficinas de la Administración donde todas las cartas se copian a mano y donde no se admiten ninguno de los procesos mecánicos que dan un facsímile exacto de las cartas copiadas. El resto del trabajo administrativo presumiblemente se lleva a cabo en la oficina de la misma manera. Esto, por supuesto, no evita que contraten a un hombre de la calle para copiar un documento confidencial, como en el famoso caso del Foreign Office.

También Mr. Stanley Jevons no da un curioso ejemplo de la lentitud de la Administración para adoptar mejoras en la historia de la casa de moneda. En su tratado sobre el dinero, indica que la actual casa de moneda es bastante inadecuada para cumplir con lo que se espera de ella. ‘¿Qué pensaríamos’, se pregunta, ‘si una compañía de hilaturas que se propusiera utilizar una fábrica y maquinaria construida originalmente por Arkwright o llevar una fábrica con máquinas sacadas de los trabajos del Soho en tiempos de Boulton y Watt? La nación todavía depende para sus acuñaciones de las prensas fabricadas por los mismos Boulton y Watt, aunque desde entonces se hayan inventado y empleado en casas de moneda extranjeras y en colonias prensas mucho más eficaces’.

En este caso se puede detectar lo inadecuado mediante una comparación con otros países, pero en la gran mayoría de los ejemplos sólo es posible hacer conjeturas acerca de las pérdidas soportadas por la comunidad por la ausencia de competencia que forzaría a los propietarios a incrementar la utilidad pública de su propiedad si quisieran mantener su valor.

Tampoco el Estado comerciante escapa de las dificultades que obstaculizan su ejercicio cuando se muestra como una empresa, como podrían atestiguar los contribuyentes de Bristol y Preston si se interesaran por este asunto.

La contabilidad del Puerto de Bristol muestra que, para el ejercicio que finalizó el 30 de abril de 1890, la Corporación incurrió en ‘una pérdida total combinada de muelles y almacenes’ de 18.911£. Esta carencia tiene que afrontarse por un porcentaje en ayudas aportadas por la ciudad y entorno de Bristol, y así el año pasado se tomaron 20.360£ de los contribuyentes. La consecuencia es que esa parte del gasto del comercio marítimo en Bristol es pagada cada año por los contribuyentes, de los que una buena parte no obtiene ningún beneficio por ello. Hablamos con cierta complacencia de la locura de las ayudas francesas al azúcar y de las tarifas McKinley, pero los hechos relatados más arriba apuntan a un estado de cosas más lamentable e injusto. O bien el comercio marítimo de Bristol es una industria en decadencia, y no debería ser apoyada mediante subsidios de la gente que vive en los suburbios de Clifton o (y esta es la alternativa más probable), una Corporación tan respetable como la de Bristol resulta ser un ente inadecuado para encargarse de una empresa de ese tipo. En cualquier caso el dinero de los contribuyentes se está aplicando inadecuadamente.

Los siguientes detalles en relación con Preston se han tomado de un artículo del 18 de abril de 1890 en la Pall Mall Gazette: Hace muchos años se fundó una compañía llamada Ribble Navigation Company; no dio dividendos y sus acciones se convirtieron en papel mojado. Se produjo una protesta para hacer que el ayuntamiento adquiriera la compañía, mejorara la navegación y construyera muelles. La protesta tuvo éxito y ‘puede suponerse que algunos de sus promotores activos no actuaban con total desinterés’. El gasto no iba a superar las 500.000£: al principio de este ejercicio ya se habían aportado 751.000£ y se ha pedido al Parlamento que apruebe poderes para prestar otras 220.000£. ‘Las ocho millas de canal al mar todavía tienen que completarse y el coste puede ser una cantidad entre 300.000£ y 1.000.000£ y su trayectoria discurre sobre bancos de arena cambiantes de quince a treinta pies de profundidad. Por el discurrir de los hechos, este dinero debe gastarse o todo lo que se haya gastado se habría despilfarrado completamente. Las sociedades locales, que sufren el efecto de una tasa de mortalidad anormalmente alta (Preston, de acuerdo con el registro General, es el pueblo mas insalubre de Inglaterra), han solicitado mejores condiciones sanitarias, pero ¿de dónde va a venir el dinero con esa carga a las espaldas del pueblo?’ Actualmente, los recursos de los contribuyentes ‘se están despilfarrando en un plan insensato para abrir el río a navíos marinos a lo largo de un canal cambiante de dieciséis a diecisiete millas de arena’. ‘Sin duda Preston no está contento con sus dirigentes locales’. Preferiríamos decir que Inglaterra no está contenta con permitir a sus municipios embarcarse en empresas tan arriesgadas.

En otro caso, un ayuntamiento invierte millones en un sistema de alcantarillado. La ciencia nos predica constantemente que pueden aprovecharse las aguas residuales, pero aún así nuestros pueblos y ciudades se ven socavados por desagües inaccesibles, que en realidad son poco mejores que cisternas agrandadas. ¿Es una osada conjetura suponer que si se hubiera permitido entrar en este campo a la capacidad experimental de la empresa privada nuestra práctica no se vería tan por detrás del conocimiento científico en este aspecto?

En el estado actual, se ha creado un enorme déficit local y se ha obtenido un servicio de alcantarillado muy inadecuado y sin mejora alguna. En cambio, si esta materia hubiera sido tratada a través de la empresa privada (no decimos que esto sea posible, sólo usamos este caso como ejemplo), la capitalización necesaria para llevar a cabo estas obras se hubiera gestionado a través del riego de personas privadas, que hubieran respondido de sus propios fallos. La comunidad podría haber aceptado cada mejora sin remordimientos y el deterioro de los sistemas más antiguos hubiera ido dejando paso constante y gradualmente a métodos mejorados. Tal y como está, los contribuyentes están ligados a una deuda enorme y al ser un procedimiento monopolístico, no gestionado por expertos, sino por comités cuya ineficacia es notoria, vacilan en experimentar y no hay una presión automática sobre ellos para afrontar el deterioro de su propiedad o realizar nuevos gastos en su reparación o sustitución.

La locomotora de Stephenson vino precedida de la de Trevethick. En este momento, en lo que se refiere al alcantarillado, nuestra situación es equivalente a que el Gobierno hubiera comprado el invento de Trevethick y establecido un monopolio. No se hubiera permitido a los Peases emplear a Stephenson para fabricar máquinas para los ferrocarriles de Darlington y Stockton y el Gobierno, que habría enterrado su dinero en el comparativamente inútil invento de Trevethick, hubiera privado en la práctica a la humanidad del uso de la máquina locomotora.

Podría ocurrir que en lo que se refiere al alcantarillado, los ayuntamientos, por una feliz inspiración, hubieran adoptado un sistema adecuado y absolutamente eficiente. Es poco probable y no podemos hacer mejor comentario a esta posibilidad que citar uno o dos pasajes del discurso presidencial del Doctor G. V. Poore, efectuado en agosto de este año (1890), a la Sección de Medicina Preventiva en el Congreso Sanitario. El Dr. Poore hizo un examen de los principales brotes de fiebres tifoideas en este país de las que se había informado por los responsables médicos en el Consejo Privado y la Junta de Gobiernos Locales:

‘Un factor común a todos estos brotes es la mezcla de excrementos con el agua… No hay duda de que siempre que el excremento se mezcla con el agua hay peligro de fiebres tifoideas. Las fiebres tifoideas eran desconocidas en este país antes de que los retretes se hicieran comunes. Sin duda hemos fabricado fiebres tifoideas a pequeña escala en otros tiempos, pero con la invención del retrete no hemos embarcado inconscientemente en un negocio a gran escala. No quedan muchos años desde este trabajo para que descubramos que los retretes han contaminado todas las fuentes de agua. Hemos tenido que ir muy lejos a por agua potable y el resultado ha sido que a medida que nos alejábamos del consumo de los manantiales que hemos contaminado deliberadamente, la cantidad de fiebres tifoideas disminuye un tanto. Cuando las fuentes más remotas se contaminen a su vez (tal y como inevitablemente ocurrirá con nuestra creciente población y nuestros métodos de sanidad) nos tememos que la disminución comparativa debe desaparecer’.

Ésta es la crítica de nuestro sistema actual, expresada por un caballero elegido por el Consejo del Instituto de Sanidad para presidir sus reuniones. El Dr. Poore propone su propia solución, que consiste en tratar los residuos con tierra y no con agua. No somos jueces competentes y no asumiremos que la panacea del Dr. Poore sea la definitiva y adecuada, pero resulta claramente una desgracia que como nación nos hayamos empeñado en costosos sistemas de alcantarillado denunciados por una autoridad tan competente y que la situación de cada miembro de la comunidad sea que es en parte propietario de este servicio inadecuado y que todo su interés resida en parchearlo y no en abolir un sistema que con toda probabilidad es intrínsecamente malo. La impotencia del Dr. Poore se dirige a su verdadero origen en los párrafos finales de su discurso; dice:

‘El Parlamento nos ha encomendado trasladar nuestras responsabilidades a las autoridades públicas, con la consecuencia de que el individuo ha perdido su libertad e independencia y se va dirigiendo a una condición de imbecilidad sanitaria’.

Un hombre rico que pueda pagar para que se inspeccionen anualmente los desagües de su casa y para reparar los defectos, puede hacer tolerable el sistema actual, pero para los pobres el gasto de atender eso hace que la eficiencia resulte imposible.

Por tanto, no podemos estimar las pérdidas para la comunidad que se producen por el quizás necesario monopolio de las obras de alcantarillado a manos de los ayuntamientos.

Desde otro punto de vista el monopolio tiene sus inconvenientes. Podría, por ejemplo, ser un gasto de dinero económico y, bajo una gestión adecuada, rentable tener conductos subterráneos bajo nuestras principales calles para pasar las distintas tuberías y cables que atraviesan nuestros pueblos. Ningún ente público, agobiados como están todos con el descrédito de años de gestión incompetente y sin rentabilidad, se atrevería a sugerir a los contribuyentes emprender algo así. Es un asunto complicado y sólo podría llevarse a cabo empleando una habilidad financiera y de ingeniería de primera clase. Los entes públicos sienten muy adecuadamente que no pueden hacer experimentos con el dinero de los contribuyentes o incluso incurrir en gastos para solicitar a buenos ingenieros una estimación del coste y la viabilidad de esas actuaciones.

No deseamos despreciar el espíritu público que sin duda anima a muchas, no, quizá a todas, nuestras entidades municipales. El descrédito en el que caen inevitablemente después de un pequeño periodo de popularidad no se debe consideraciones personales, sino a causas más profundas. Los intereses que se les confían son demasiado grandes; son un obstáculo a la subdivisión del trabajo y la inversión que constituyen la raíz de la eficiencia de los servicios de la vida civilizada. Es verdad que la empresa privada muestra una disposición a organizarse a gran escala a través de trusts y otras combinaciones, pero esta novedad ha venido precedida por una gran especialización y subdivisión de energías y no tiene por que ser un paso previo para el establecimiento de un gran monopolio ‘per saltum’.

Nuestros deseos más inmediatos y primitivos se han satisfecho hasta cierto punto felizmente antes de que el Gobierno se hubiera organizado completamente. La Administración raramente ha interferido para ayudar a los ciudadanos en la distribución comida o en el avituallamiento de grandes centros de población. Consideremos el maravilloso intercambio mundial de servicios, de trabajo y de capital, que se ve afectado para alimentar Londres un solo día. Esto ocurre día tras día y año tras año sin ninguna dificultad y estamos tan acostumbrados que raramente nos paramos a admirarlo. Todo esto se hace sin asistencia alguna del Gobierno.

Con el avance de la civilización aparecen nuevas demandas: la comunidad reclama sanidad, educación, gas, agua, luz eléctrica y otros diversos intereses, pero ahora el Estado está completamente organizado. La gente con prisa rechaza esperar para la satisfacción de sus demandas a través del sistema de empresa privada y competencia y fuerzan a intervenir a la mano de hierro del Estado. Así resulta que intereses que en una comunidad civilizada no son inferiores en importancia a nuestro suministro de alimentos, quedan como monopolios en manos de la Administración. Para gestionar adecuadamente la sanidad de una población grande quizá resulte necesaria una vasta subdivisión del trabajo y la gestión. Nuestros organismos públicos están compuestos por personas muy dignas de confianza, pero no pueden desempeñar las funciones que en un estado de libre empresa se llevarían a cabo por, tal vez, cientos de proveedores distintos de servicios y es evidente que los asesores científicos de nuestros ayuntamientos están mal remunerados y en consecuencia el talento profesional más adecuado no se encuentra a su disposición. Sólo mediante consideraciones como éstas podemos estimar las pérdidas que el público sufre por la existencia de estos monopolios. Tanto éstos como los órganos que los administran generan un gran tapón para las beneficiosas aplicaciones del capital al servicio de la humanidad. El capital es libre para servirnos en algunas de las más elementales necesidades de la vida. No puede prescindirse de él en asuntos más complicados, pero se encuentra constreñido con restricciones e impedimentos inacabables; se nos enajena en forma de impuestos, no fijados libremente y de acuerdo a la experiencia; lo gastan tímidamente los Consejos concienciados e imprudentemente los corruptos; si además se gasta mal nos deja una deuda y nos vemos forzados a aprovechar lo mejor posible el mal artículo adquirido; no podemos aceptar la presión de la oferta de científicos e ingenieros que piden intentarlo de nuevo a su propia costa y arriesgarnos a mejorar éstos que son los más importantes servicios de la vida civilizada.

El asunto no deja de tener dificultades, pero la solución actual (la solución de otorgar monopolios más o menos completos en tantos de los más importantes servicios de la vida) es indigna del ingenio humano y no puede considerarse definitiva. Esta perpetua deforestación de la solución del libre comercio ha debilitado el poder de la iniciativa privada; pero si puede sacudirse la supersticiosa reverencia al Gobierno, no desesperamos de volver sobre nuestros pasos y dar a estos servicios más importantes de la vida civilizada el vigor y la elasticidad que tenían los humildes servicios primitivos que nos suministraban nuestro vestido y alimento.

Creemos que ésas son las causas del descrédito en las que caen constantemente las entidades municipales. No se debe a consideraciones personales. Los miembros de los ayuntamientos y parroquias representan bastante fielmente las virtudes y defectos de sus conciudadanos. Muchos de ellos son personas de mérito y posición; algunos son comerciantes retirados que cuando son demasiado mayores para atender sus propios negocios son los suficientemente amables como para ocuparse en sus años de declive de la gestión de los nuestros. Otros son gente que todavía se ocupa de comercios y profesiones. El empleo que se les da voluntariamente por parte de sus vecinos les deja algo de tiempo libre y, si tienen vocación pública, sus servicios resultan útiles por la descarga de funciones que, por su importancia, han sido vedadas a la empresa privada y confiadas al monopolio municipal. Asimismo, algunos son gente pudiente con buenas intenciones que no siguen ningún dictado. Su tiempo les pesa en las manos y se les envía a adquirir experiencia en la vida ayudando en la gestión de los asuntos públicos. A éstos, en los últimos años se ha añadido una mezcolanza de agitadores de primera clase. La totalidad es una entidad representativa bastante por encima de la media en lo que se refiere al espíritu público, pero muy por debajo en capacidad administrativa.

En nuestra opinión, es un error táctico por parte de aquellos que tienen una desconfianza instintiva frente a las entidades públicas centrarse en el personal que las compone. Los constantes y repetidos escándalos se deben no tanto a la incapacidad de los parroquianos como a las tareas imposibles de las que se les responsabiliza.

Se ha emprendido otra empresa gubernamental, que no es un monopolio, supuestamente en beneficio de la clase trabajadora. Nos acusarán de temeridad cuando digamos que la institución en la que pensamos (la Caja Postal de Ahorros) ha sido muy dudosamente beneficiosa. Un banco es una institución en la cual la gente coloca dinero en cuentas corrientes o depósitos permanentes. Un banquero es un experto en inversión; utiliza una porción de los saldos de sus clientes en operaciones financieras e inversiones. Sus clientes obtienen asistencia financiera, como certificados de crédito y una parte considerable de las reservas bancarias se invierten en negocios de sus clientes y de la clase a la que pertenecen éstos.

Sin embargo, a la clase trabajadora le da servicio un banco que no ofrece esa asistencia. Las reservas de la Caja Postal se ponen en manos de los Comisionados para la Reducción de la Deuda Nacional, que a su vez invierten en deuda pública o las utilizan para financiar los distintos departamentos estatales de gasto. Se dirá que un trabajador no tiene crédito que permita a un banquero poner capital a su servicio. Sin embargo, eso es un gran error. Remitimos al lector al trabajo de Mr. Raffalovich en este mismo volumen y a las sugerencias que allí aporta para el uso de reservas bancarias para promover la construcción de viviendas para trabajadores. Además, es tarea de un banquero bona fide idear formas de garantía por medio de las cuales pueda dar asistencia financiera a sus clientes.

Imaginemos el avance que se hubiera producido a favor del ahorro y la inversión de los trabajadores si se hubiera evitado que la Caja Postal invirtiera en deuda estatal y se le hubiera obligado a invertir los ahorros de los trabajadores en proyectos de asistencia a su servicio. Ésta es la función del banquero las clases media y alta. Es a través de la genuina asistencia del banquero y la agencia de seguros como se favorece que el proletariado de este y otros países pasen de salarios de supervivencia a la mayor seguridad de la que disfrutan quienes se apoyan para su manutención en sus inversiones al tiempo que en su trabajo.

Por tanto, esta Caja Postal de Ahorros es, desde este punto de vista, uno de esos “atajos” a la prosperidad de los que está lleno el mundo civilizado. Son admirables en su intención, también tienen sus ventajas prácticas, pero impiden los mayores y más útiles ajustes de los servicios mutuos. Son parte de la esclavitud a que se somete el libre desarrollo del carácter y las energías que, más que ninguna otra cosa, impiden el verdadero progreso de la clase trabajadora.

Es una satisfacción saber que el National Penny Bank, una auténtica empresa privada, está empezando a realizar grandes progresos y a pagar un dividendo a sus accionistas. Cabe esperar que su exitosa competencia con Correos sea sólo el principio de la recuperación de esta industria de manos del Gobierno. La esterilización de los ahorros de la clase trabajadora bajo el sistema actual es una terrible desgracia. Si la banca de la clase trabajadora se gestionara por personas que tuvieran que atender a la buena voluntad de sus clientes, se generalizaría más la práctica de invertir los ahorros en empresas que pudieran beneficiar con más seguridad a la clase trabajadora. Incluso podría ser posible que los bancos de la clase trabajadora pudieran un día ser capaces de promover estrategias de participación industrial en negocios consolidados. A las cooperativas les gustaría hablar de trabajo que alquila capital y así dar a la vuelta a la situación actual de capital que alquila trabajo. ¿De quién podría el trabajador cooperativista obtener algo más idóneo que del banco de su propia clase? Por supuesto, los préstamos no pueden obtenerse de un banco sin unas garantías, y éstas deberían de ofrecerse, pero esta dificultad es superable, como ha demostrado adecuadamente Mr. Raffalovich, mediante una combinación de préstamos y seguros. Si se empezara por la más sencilla propiedad inmobiliaria, indudablemente el ingenio humano pronto extendería el sistema a otras materias, especialmente hacia diferentes formas de propiedades industriales y cooperativas.

Todos los intentos de este tipo son imposibles bajo el sistema actual de bancos públicos, ya que el Gobierno sólo puede invertir en sus propios valores. Así el autor de artículo sobre Correos de los Estados Unidos en la Enciclopedia Británicaapunta que allí no puede haber cajas postales, porque los estadounidenses son muy diligentes en el pago de su deuda nacional. ‘Es evidente’ dice ‘aunque parece que no se le haya ocurrido a muchos de los abogados del sistema de cajas de ahorros en Estados Unidos, de que en definitiva debe aprovisionarse a través de la deuda pública, una condición que no existe ni parece que vaya a existir en ese país’.

Está claro que la misma argumentación cabe aplicarse en menor medida a los monopolios otorgados por el Estado a los capitalistas privados. El riesgo de pérdida se asume por el emprendedor privado, pero si se tiene éxito el público se encuentra a merced del monopolista, sólo atemperado por la cara e incompleta protección que da el Estado. El Consejo de Comercio ha llevado a cabo recientemente una complicada investigación de las tarifas de los ferrocarriles. El coste de la investigación ha sido grande y las tarifas que el Consejo propone fijar deben ser en buena medida arbitrarias: no tienen el rigor de las que fijaría la libre competencia.

Sería imprudente decir que una mayor libertad en crear líneas de ferrocarril con el fin de crear más competencia resulta posible o imposible. No dudamos en decir que, si fuera posible, se resolverían una buena cantidad de dificultades ahora mismo insuperables.

Nuestra posición es que el ciudadano se ha visto privado del valor íntegro de las empresas ferroviarias al otorgarse monopolios. Las compañías férreas han sido capaces de mantener maquinaria inferior y pagar precios más bajos en al adquisición de terrenos y son incapaces de dar mejores servicios a los viajeros, porque tienen una exagerada tendencia a inflar el capital para los accionistas más allá de su valor real por causas como las arriba mencionadas.

Si hubiera más libertad de comercio en este aspecto, bien podría haber diez veces más capital invertido, que se vería representado en maquinaria más eficiente. La experiencia de América en telefonía y electricidad demuestra que el simple temor a la competencia es suficiente para hacer entrar en razón a las compañías monopolísticas.

En general puede decirse que tenemos mucho que aprender de América en lo que respecta a los monopolios. Ahí se ve una solución a una dificultad que todos admitimos que tiene que buscarse. El proteccionismo ha hecho de los Estados Unidos un estupendo país para vivir. Pero, como se ha apuntado recientemente, en algunos aspectos no es tan estupendo como era antes. Este hecho se atribuye, probablemente con justicia, a lo barato de su sistema de transporte. Un monopolio ferroviario que ocasione costes de transporte más altos es equivalente a una forma de proteccionismo. Una vía férrea estadounidense se construye y gestiona de forma mucho más barata que una inglesa, y los males del monopolio son en este caso menos visibles. En Inglaterra escuchamos constantemente quejas sobre la dificultad de transportar pescado, frutas, vegetales y muchos otros artículos cuyo coste original es bajo, porque los costes de transporte evitan que se lleven al alcance de los consumidores en condiciones razonables. Un empresario que contrata gente en Inglaterra y América escribía al The Times el 1 de octubre de 1890, comparando los dos sistemas y afirmaba que en Inglaterra no habíamos hecho nada desde Stephenson para abaratar y mejorar nuestro sistema de transporte. La afirmación puede ser exagerada, pero tiene su parte de verdad.

Escuchamos numerosas quejas acerca de las aglomeraciones de población en las grandes ciudades. Los tranvías se han presentado como una panacea para los distritos congestionados en Irlanda. Por supuesto, hay muchas causas que contribuyen al crecimiento de las grandes ciudades y sin duda el alto precio del transporte es una de ellas. El ingenio humano no puede llegar a eliminar el espacio, pero, si tomamos como criterio el precio del transporte, éste ha traído a América y la India más cerca de los puertos ingleses de lo que están Londres y Manchester. ¿Y por qué? Principalmente porque el transporte marítimo está abierto a la libre competencia y el transporte terrestre es un monopolio. Si fuera posible (puede ser imposible, puesto que algunas dificultades son insolubles) reducir drásticamente el coste del transporte terrestre, habría muchas grandes industrias que podrían situarse en el campo igual que en la ciudad, con enormes ventajas para los trabajadores. Resulta digno de mención que la fábrica rural es mucho más común en América que entre nosotros. Nuestra política de monopolio protegido requiere una revisión muy cuidadosa antes de que nos acomodemos sumisamente ante nuestras incapacidades actuales.

Se ha dado en Estados Unidos otra curiosa circunstancia en relación con el monopolio del ferrocarril. Los trusts son acuerdos diseñados por empresas privadas para mitigar los inconvenientes de la competencia, porque no negamos que hay inconvenientes en la competencia. Como en cualquier otro acuerdo humano, se puede abusar de los trusts y supuestamente algunos de los trusts americanos se han convertido en opresores y, en varias ramas del comercio, se ha establecido un monopolio en perjuicio del público en general. 

Un importante miembro de la clase trabajadora ha defendido recientemente el intento de establecer un trust sobre la sal en Inglaterra, bajo la base local y comprensible de que es una aplicación de los principios del Union Trade a los asuntos del capitalista. La libre asociación, mientras respete la libertad de los no asociados, es un método legítimo y necesario para superar ciertos inconvenientes sociales y en general la comunidad libre tiene su propio remedio si la asociación se convierte en opresora. Dejando el campo libre y sin dar favores, un monopolio opresor no apoyado en la fuerza no duraría ni una semana, sería abandonado y condenado al mismo tiempo por los indignados clientes.

Por tanto es muy digno de reseñar que la base principal para las quejas contra los trusts en Estados Unidos se basa en la acusación de que han corrompido el monopolio ferroviario y se han garantizado tarifas preferenciales e incluso han obligado a las compañías a recargar tarifas extraordinarias a competidores externos. Esta acusación ha sido rechazada enérgicamente por los defensores de los trusts. Sin embargo, esta negación parece añadirse a que las tarifas preferenciales vienen aseguradas por la corporación ahora formada por varios trusts previos a su amalgama. Por tanto, se deduce que si dar tarifas preferenciales es una forma de corrupción por parte de la Compañía de Ferrocarriles, dicha corrupción data de un periodo anterior a la era de los trusts. Sea la tarifa que sea, parece que los oponentes más moderados al sistema de trusts han tenido que admitir que, salvo para el monopolio del ferrocarril y las tarifas preferenciales, un trust opresor sería imposible.

Bajo el sistema actual la tracción mecánica se ha visto confinada a límites excesivamente estrechos. Su extensión a su utilización en la vida privada no tendría que estar fuera de la capacidad del ingenio humano y ahí hay espacio para enormes aplicaciones de capital. Mr. Raffalovich ha apuntado la estrecha relación de la cuestión de un servicio de locomoción mejor y más barato con la solución a los problemas de alojamiento de la clase obrera.

En el caso de la luz eléctrica, el Gobierno ha seguido el camino habitual. Otorga un monopolio, pero lo asocia con condiciones que pretenden evitar que los capitalistas privados cosechen un beneficio demasiado grande. Como las primeras condiciones resultaban excesivamente onerosas, el país se veía privado del uso de luz eléctrica. Tenemos muchos otros medios de iluminación y se pone en cuestión si el interés general requiere alguna protección en esta materia. Las cláusulas más odiosas de la legislación de Mr. Chamberlain se ven ahora rechazadas, con grandes costes y pérdidas de capital, y poco a poco la luz eléctrica va entrando en el uso doméstico.

La única fuerza que puede contener las pretensiones de los comerciantes y la vez actuar como incentivo empresarial es la libre competencia. El Gobierno puede limitar la división de beneficios con regulaciones que financieros astutos pueden eludir fácilmente. Pero el proceso puede conseguir degradar la moralidad del comercio o dirigir a los más reticentes a otras áreas de actividad y dañar de esta manera el interés del consumidor, quien en último término tiene que pagar por todos estos obstáculos a la industria.

Pero el ejemplo más familiar de capital privado haciendo negocio bajo el apoyo de un monopolio estatal es el tráfico de bebidas alcohólicas.

Como indica el propio término, un establecimiento público debería ser un establecimiento público y a la vez un lugar de diversión y de refresco. La cantidad de capital utilizable en este comercio se mide por la capacidad y buena voluntad de la clase trabajadora para remunerar esa inversión. El Gobierno paternal, al crear un monopolio, ha dirigido todo este capital hacia la venta de bebidas alcohólicas. El trabajador aún tiene que arreglárselas para pagar por su bebida, pero su ocio intelectual y sus partidas de bolos no pueden ya llevarse a cabo, porque tiene que pagar quizá ocho o diez veces el valor de su vaso de cerveza o licor. Esto no es culpa del tabernero, sino del Gobierno, que intenta mejorar la moralidad de los trabajadores imponiendo un precio prohibitivo a su alcohol. La consecuencia, como suele suceder, es la contraria a lo esperado. Los impuestos y el monopolio bajo el que los proveedores de los pobres tienen que trabajar han resultado prohibitivos no para el alcohol, sino para el ocio intelectual y como consecuencia el pobre está mucho más inclinado hacia la única diversión que sus protectores le han dejado, esto es, los placeres de las bebidas fuertes. ¿Podemos extrañarnos de que bajo ese sistema la bebida haya pasado a ocupar una parte demasiado grande del tiempo y dinero disponible para el trabajador?

Cada clase social gasta un parte de sus ganancias en ocio. Quienes pueden ofrecernos diversión son actualmente pagados tan generosamente como cualquier otro servidor público. El que divierte a los pobres, por culpa de los impuestos excesivos sobre un bien necesario, se ha visto a degradado a un mero propietario de una tienda de bebidas, una empresa de la muchos comerciantes concienciados y emprendedores se mantienen alejados. No diremos que los excesos en la bebida son por causa de este monopolio. Los excesos en la bebida y la comida son placeres animales, que el hombre civilizado pronto abandona si sus posibilidades de ocio intelectual no se ven excesivamente restringidas. El hombre pobre ha sufrido esta restricción de los métodos de entretenimiento más refinados, que le habrían alejado de los más groseros placeres de los diversos apetitos. Los hábitos de beber de las clases más ricas, donde la ebriedad es ahora rara comparativamente hablando, han pasado por estas mismas fases.

Podemos decir aquí, tan bien como en cualquier otro sitio, unas palabras acerca del empleo filantrópico del capital. La utilización del capital puramente filantrópico para ofertar lo necesario para las clases populares por debajo del precio de mercado no es satisfactoria. Mantiene al capital comercial fuera del mercado y distrae la atención de la causa de un defecto en la oferta. En Londres hay una gran actividad de capital semifilantrópico (en su mayor parte ahora se está transformando en evidente capital comercial) utilizado para dar casas para los trabajadores. No es mucho decir que su utilidad varía inversamente a su filantropía.

Sólo una minoría puede ser alojada en condiciones filantrópicas. El capital comercial, que es abundante pero prudente, se aleja asustado por las empresas filantrópicas y la mayoría tiene que permanecer en hogares de inferior calidad.

Un amigo, que es socio de una gran factoría en el Norte, ha ofrecido al autor un ejemplo muy apropiado. Hace unos treinta años, su empresa, deseando cultivar unas relaciones amistosas con sus trabajadores, construyó una o dos calles de casitas. Eran gente rica, y construyeron un tipo de casa bastante mejor que las de los artesanos de la época. Las casas se adjudicaron adecuadamente a sus trabajadores y durante un tiempo respondieron al fin pretendido. Sin embargo, hoy día nuestro informador afirma que no cree que ninguno de sus propios trabajadores viva en esas casas, que todavía pertenecen a la compañía. Su gente ha descubierto que treinta años han traído grandes mejoras al arte de la construcción de viviendas y los hombres que antes vivían en las casas filantrópicas de primera clase de hace treinta años han emigrado a casas construidas comercialmente, donde tienen agua corriente fría y caliente, baños y otras mejoras modernas. Por tanto, si los alojamientos para los operarios fueran suministrados en general mediante un esfuerzo filantrópico, o si, con el objetivo de servir no sólo a una minoría sino a la totalidad de la clase trabajadora, se hicieran obligatorias las inversiones filantrópicas y se asumieran por el municipio, es evidente que la mejora gradual antes descrita nunca habría podido tener lugar. Los vaivenes de cada generación decidirían en qué tipo de casas debería vivir cada clase social. El estancamiento y el descontento por un lado o la extravagancia ruinosa sólo regida por el sentimentalismo y sin ningún principio económico que la restrinja, y que acabaría sin ninguna duda en una reacción violenta, son las dos alternativas del dilema que necesariamente aparecerían en ese caso.

Los socialistas argumentan que el Gobierno debería disponer del uso gratuito del capital para las sucesivas generaciones. En otras palabras, El Gobierno organizaría la industria y sería justo con cada trabajador, no se haría recaer cargo alguno por el uso del capital, la gestión y la reparación de las plantas por supuesto deben pagarse, pero nadie puede obtener rendimiento alguno de la inversión, sino sólo del trabajo. Consideremos esta propuesta más detalladamente. El crecimiento anual correspondería al Estado, cada trabajador recibiría su salario y una parte del mismo sería retenida por el propio Estado para la reparación del capital y para los incrementos de maquinaria necesarios para cubrir el incremento de la población.

En realidad, serían tarea del estado capitalizar una parte de los beneficios anuales. Ahora bien, esta gestión del capital tendría que pagarse. Se requerirían inspectores y auditores más allá de lo que ahora es necesario en el régime actual, donde la mayor parte de la gente gestiona su propiedad y no la del vecino. Por tanto, ni siquiera en este caso el uso del capital se daría gratuitamente. Más aún, daría lugar a una disputa perpetua acerca de la cantidad de capital a sustraer de lo que resulte justo para cada trabajador. Las cantidades que se tomaran para la capitalización y para los gastos de gestión se considerarían igual que impuestos y se pagarían igualmente a regañadientes. Habría una batalla interminable entre la burocracia y el trabajador. Los primeros querrían naturalmente incrementar el capital a su cargo y el trabajador consideraría todas esas deducciones como un fraude a sus reivindicaciones. El hecho es que un suministro gratuito de capital es una idea absurda. La capitalización o inversión es esencialmente una forma de consumo y principalmente se dirige al propósito de liberar al inversor de los inconvenientes del trabajo personal duro, en resumen, a ahorrarse trabajo. Si un hombre o un grupo de hombres trabajan asiduamente y emplean parte de sus ingresos a esforzarse en esta forma de consumo, solamente lo hacen porque obtienen ventajas de ello. Si va a desaparecer esa ventaja, esta forma de consumo dejará de ser interesante, si el control y el beneficio resultante de la inversión se enajenan del individuo, si el beneficio de la capitalización sólo les alcanza una vez filtrado a través de las redes de la burocracia... inevitablemente identificarán su interés con su participación en la división del trabajo e incluirán esta perspectiva en sus obligaciones para con la burocracia. El mantenimiento humano, por tanto, volverá gradualmente a una única dependencia del trabajo y el ingreso diario se consumirá en cuanto lo reciba el trabajador y cesará el empleo de los ingresos como inversión. ¿Puede concebirse una forma más segura de traer de vuelta la barbarie?

Hasta ahora hemos comparado el valor de la inversión privada frente a la pública, pero la hemos considerado principalmente desde el punto de vista del consumidor. Sus deseos, como hemos procurado demostrar, se atenderán mejor y más económicamente por medio de un sistema libre de inversión cuando sea factible y creemos que esto es aplicable a una esfera mucho mayor que la cubre en la actualidad.

Sin embargo, esto es poca cosa comparado con la influencia de la inversión como factor para producir el carácter social apropiado en cada inversor individual y ahora nos ocupamos de este aspecto de la cuestión. La felicidad humana depende en buena medida de dos cualidades esencialmente iguales, que son: el poder individual capaz de satisfacer deseos razonables y en segundo lugar el autocontrol que mantiene a raya ambiciones no razonables. La operación de inversión tiene una influencia importante en estimular y dar forma a estos valiosos instintos sociales.

Hay tres aspectos en la actividad del ideal completo de vida civilizada. Cada hombre es un consumidor y debería ser un trabajador y un inversor. Descubriremos que nuestros problemas sociales se producen porque estos tres aspectos se cubren imperfectamente por grandes masas de población. Todos somos necesariamente consumidores y la mayor parte tenemos capacidad de consumo mucho más allá de lo que nuestros medios nos permiten satisfacer.

El medio primitivo para satisfacer el consumo era el trabajo, pero cuando Adán fabricó la primera herramienta quedó claro que la inversión era un complemento necesario del trabajo humano. Sin ella el trabajo era algo pobre y débil. Estamos familiarizados con el principio de la división del trabajo, no siempre recordamos que esta división sin una correspondiente división de la tarea de invertir ha producido una civilización desequilibrada e interferido con la armonía económica de los tres aspectos descritos más arriba.

El consumidor que sólo es trabajador y no inversor tiene fijadas sus potencialidades para el consumo. La carga de ofrecer el complemento de capital necesario a un creciente población de trabajadores recae en inversores que son capaces de subsistir sin trabajar mediante el rendimiento así obtenido. Esta producción se dirige al inversor, puesto que él es el único consumidor cuyo poder de compra sigue siendo efectivo. Su capital y el trabajo de otros se emplean por tanto en la fabricación de productos de lujo que solamente él puede comprar, y esta forma desquilibrada de consumo da trabajo a orfebres, pintores, escultores y otros fabricantes de arte y lujos, mientras que al otro lado de la escala los trabajadores apenas disponen de lo suficiente para comer y beber. Los ricos pueden regalar lo que les sobra y de vez en cuando se hacen grandes donaciones con fines públicos. Pero la experiencia demuestra que los ricos no pueden eludir sus responsabilidades simplemente dispensando mercedes. Porque las mercedes dispensadas a menudo resultan ser simples narcóticos que embotan las energías de los pobres y ocultan la verdad de que en una sociedad que no se haya convertido en socialista la función de la inversión privada es tan importante como la del trabajo personal. El deseo de consumir, si no se ve degenerado por la caridad pública, debería provocar un ejercicio de ambas funciones por cada miembro de la sociedad. Sólo así puede darse una interpretación liberal al término ‘razonable’, cuando dijimos más arriba que la felicidad humana, materialmente en todos los casos, depende de la capacidad de cada hombre para satisfacer sus deseos razonables. Un mayor papel de esta función de inversión llevaría, afirmamos, a un mayor consumo y por tanto a una mayor producción originada por una aplicación de capital o inversión que ahorre trabajo siempre creciente y a unasiempre menguante aplicación del instrumento menos efectivo, es decir, el trabajo humano.

Ocupémonos de nuestra segundo proposición, la de que la felicidad depende del autocontrol tanto como de la satisfacción de nuestros deseos más razonables. Hay ambiciones que son antisociales y no hay nada que atienda mejor a su represión que conseguir que la conducta honrada, lo que hemos nombrado como acción social apropiada, no sea impracticable y en la práctica sea más sencilla de seguir que la opuesta. El deseo de consumir debilitará el de atacar los derechos de los demás. Por el contrario, una convicción acerca de la necesidad de tolerancia mutua, reconociendo la justicia de que otros se defiendan a sí mismos, deja a la vía de la trasgresión un espacio muy estrecho. La maravillosa interconexión de la vida social que preserva automáticamente las reclamaciones de cada uno a través de la tolerancia mutua, ha invertido en la práctica la verdad del adagio. La organización social que nos rodeada un empuje a favor del derecho, contra el cual sólo la desesperación nos puede hacer rebelarnos. Pero no hay espacio para la desesperación. El progreso en una atmósfera de libertad inevitablemente llevará a los hombres a emplear sus energías donde esa acción resulte prometedora y a refrenarse donde las condiciones de dificultad resulten en ese momento insuperables. Esta doble educación del carácter respecto de las energías y el autocontrol es el principio al que la sociedad debe todos sus mejores ajustes.

Por tanto, el trabajador que desee mejorar su posición se verá inclinado a la inversión como complemento necesario de su trabajo y al dirigirse hacia la inversión como método de afrontar algunas de las dificultades de la vida, sus mentes se abrirán a muchas reflexiones saludables.

La gente se da cuenta de que el poder del trabajo, que desde cierto punto de vista podemos considerar como el único capital inalienable del hombre, se gasta por el simple paso del tiempo, se convierte en improductivo ante la enfermedad y desaparece con la vejez y la muerte. Por tanto, la gente, si es inteligente, debe procurarse un fondo de retiro mediante seguros o ahorros que reemplace el gasto anual de su capital trabajo. Este deseo de alcanzar los fines tiene importantes consecuencias: limita el ritmo al que la gente asume responsabilidades, dirige la aplicación de las ganancias a los procesos de consumo más lentos, retrasa la edad del matrimonio e influye en la tasa de natalidad, mantiene el crecimiento de la población automáticamente proporcionada al crecimiento del capital.

El primer impulso cuando se ejerza la inversión será hacerla en asuntos que se dirijan directamente a lo que quiera el inversor. Así, las inversiones de la clase trabajadora se dirigen en su mayor parte a sus propias instituciones, como sociedades de fraternidad, sindicatos, sociedades de construcción, cooperativas. Este es el primer estadio de inversión, pero la completa subdivisión y el servicio mutuo de la inversión no serán integrales hasta que se supere. A fabrica botas e intercambia sus servicios por un salario; más tarde, al comprar un abrigo, paga el salario de B, el sastre que lo hizo y la remuneración de C, el inversor que suministró el capital necesario para la transacción y, adviértase, B y C posiblemente sean la misma persona. Si A desea contribuir íntegramente a la maquinaria social y obtener de ella algo más que su salario, está obligado a contribuir al servicio de la inversión a la vez que al trabajo. Tampoco aquí hay razón alguna para limitar el ámbito de la inversión de A. El sastre no está obligado a invertir en un negocio de sastrería. Siempre que se inversión sirva al resto de la comunidad tendrá derecho a obtener un beneficio de la misma y con él puede remunerar a los inversores cuyo capital se dirija más directamente a sus necesidades. Esta es la subdivisión integral de la inversión que afirmamos es compañera necesaria de la subdivisión del trabajo.

Podemos preguntarnos cómo afectará este ideal a la situación y salarios del trabajo.

Primero, afirmamos que es el único ideal compatible con la Libertad. La regulación estatal del trabajo y la inversión estatal del capital pueden tener encantos para los especuladores entusiastas. Para aquellos que tengan experiencia en ello, la regulación de todos los niveles es sencillamente intolerable. La libertad es esencial en cualquier ideal elevado de vida.

Por otro lado ¿cómo afectaría a los salarios y cómo afectaría a intereses y beneficios?

En primer lugar, si hubiera un ejercicio inversor más generalizado, cada hombre podría tener en su bolsillo un fondo de emergencia potencial y tanto su familia como su entorno estarían, más o menos, en situación de poder ayudarle. Los salarios deben hacerse altos, puesto que el único límite a su subida sería el propio interés del trabajador como inversor. El trabajador inversor no sería indiferente a los dividendos y el inversor trabajador sería una influencia permanente en favor de salarios generosos. La obtención gradual de un pequeño beneficio haría más por mejorar la posición del trabajador que todos los sindicatos que hayan podido existir, por muy útiles y beneficiosos que hayan podido ser.

Desgraciadamente para el país, los instintos primitivos hacia la inversión en nuestras clases más necesitadas se han visto tan degradados por nuestra socialista ley de pobres, que tendría que asumirse gran cantidad de trabajo extra para acelerar los motivos y consolidar el hábito.

Tampoco creemos que caería el tipo de interés y beneficio. La habilidad y el éxito en la aplicación de la inversión serían funciones más valiosas que nunca. La competencia del capital por el empleo sería mayor que nunca, por tanto habría más demanda del servicio de entrepreneurs competentes y sus salarios, es decir, sus beneficios, no caerían. Al tiempo que la competencia del capital sería mayor, el campo para la inversión aumentaría enormemente. En primer lugar, porque cada hombre estaría interesado en reducir la demanda de trabajo humano, y como consecuencia se daría un poderoso impulso a la adopción de aparatos que ahorren trabajo. La vida útil de una máquina será mucho más breve, puesto que sólo se utilizaría la maquinaria más moderna. Un ingenioso y antisocialista escritor ha argumentado que posiblemente dejarán de pagarse los intereses y que por el contrario los hombres desearían pagar por el lujo del consumo diferido[2]. Esta opinión no tiene en cuenta, creemos, dos importantes consideraciones. No tiene en cuenta la buena voluntad de la gente de pagar por una rápida sucesión de invenciones que ahorren trabajo y, en segundo lugar, no tiene en cuanta algo aún más importante, las potencialidades incrementadas del consumidor. Si el consumo de bienes de primera necesidad y de lujo se pensara que se va a mantener constante, habría que decir algo sobre este punto de vista. Pero toda esta inversión y la subsiguiente multiplicación del poder del trabajo se hacen con vistas al consumo. Si miramos alrededor vemos que en todas partes consumos restringidos a causa de la falta de ejercicio de la inversión. Con el incremento de la inversión el consumo se incrementará. Por tanto hay un amplio campo de inversión rentable a nuestras puertas, como en la aplicación de capital para su empleo por los pobres, pero sólo puede resultar rentable si los pobres aprenden gradualmente cuál es el valioso papel de la inversión.

Hemos intentado demostrar que el Estado no puede llevar a cabo con éxito la tarea de invertir a favor de sus miembros. La propiedad estatal siempre está defectuosamente gestionada, no desaparece automáticamente cuando resulta obsoleta y su universalidad priva a los ciudadanos de la experiencia donde, más que en ninguna otra parte, sus características adquiere la adecuada mezcla de energía y autocontrol.

Si tiene que haber alguna legislación que transfiera propiedad de los que tienen a los que no tienen, confiamos sinceramente en que la transferencia sea completa y definitiva y que en la medida de lo posible no se deje nada bajo la infructuosa y paralizante propiedad del Estado. Estamos contra toda confiscación, no porque no haya precedentes o porque los títulos de propiedad existentes sean indiscutibles, sino porque es prácticamente imposible en las grandes proporciones de la vida moderna disfrazar la injusticia de tiempos pretéritos sin cometer nuevos actos de injusticia a una escala mucho mayor. Pero incluso si esta consideración no se tiene en cuenta sería una locura a la vez que una felonía confiar más propiedades que las que podemos mantener a un gestor que resulta a la vez desmoralizante y no rentable.

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[1] Rathbone, Pen and Montague, Local Administration (Imperial Parliament Series, por S. Buxton, M. P.).

[2] J. H. Levy, The Outcome of Individualism.