Estamos ante una subida ficticia de la recaudación para maquillar toscamente ante Bruselas los graves incumplimientos en materia de déficit público.
El jueves pasado se consumó una nueva infamia fiscal del gobierno socialdemócrata keynesiano del PP, que pese a estar en funciones goza de una excelente salud a la hora de exprimir a la gente productiva. Lo que pasó fue, concretamente, que concluyó el plazo impuesto por Cristóbal Montoro para satisfacer el primer anticipo a cuenta del impuesto de Sociedades, una nueva triquiñuela para que los contribuyentes —en este caso las empresas de cierto tamaño— financien gratis a la Administración durante nueve meses. Y no olvidemos que esa misma financiación gratuita la realizan mes a mes millones de ciudadanos mediante las retenciones a cuenta del IRPF. El Estado trilero ha llegado a abducir tan profundamente a los ciudadanos que muchos de ellos se alegran cuando a mitad del año la declaración del ejercicio anterior les sale “a devolver”, sin que casi ninguno piense que en realidad ha prestado a la fuerza y sin intereses el producto de su esfuerzo diario. Si eso lo hiciera un particular iría a la cárcel, pero este Estado que tantas lecciones de ética se permite darnos ha legalizado para sí muchas prácticas que serían delictivas si incurriéramos en ellas los demás.
Temporal era también el impuesto sobre el Patrimonio, allá por 1977, y lo siguen aplicando dieciséis de las diecisiete comunidades autónomas
Casi 6.000 millones de euros pretende Montoro arrebatar a las empresas con esta medida temporal que, como todas las alzas fiscales, va a convertirse en permanente. Temporal era también el impuesto sobre el Patrimonio, allá por 1977, y lo siguen aplicando dieciséis de las diecisiete comunidades autónomas y, en el caso extremeño, con record mundial de rapiña. Pero ya oigo el clamor de los sedicentes liberales del PP porfiando que no hay tal alza fiscal, que es esto es un simple adelanto. Si resulta indignante oírle semejante barbaridad al pepero medio, es decir, al típico democristiano, conservador o “centrorreformista” (whatever that means), mucho más lo es escucharlo de labios de quienes van por ahí dando lecciones de liberalismo económico —entre encargo y encargo de las administraciones públicas peperas—. Mienten conscientemente y con absoluto descaro al afirmar que esto no es una subida de impuestos, por dos motivos.
El primer motivo es que el dinero tiene un valor condicionado por el tiempo, y una obligación tributaria hoy no es igual que la misma obligación nueve meses después, y esto, que es de primero de Economía, lo ignoran deliberadamente sesudos y televisados economistas del PP que al mismo tiempo publican libros de economía liberal (alguno tendrá que ir por las tiendas comprándolos todos cuando le nombren ministro, como dicen que De Guindos hizo desaparecer sus antiguos artículos con loas a Hayek). El segundo motivo es que la medida carece de una fecha tope y por lo tanto establece un ciclo perpetuo de adelantos. El Estado exige ahora unos miles de millones de euros que jamás serán restituidos en realidad, ya que los pagos fraccionados obligatorios seguirán sucediéndose y, por lo tanto, nunca se producirá la situación inversa a la provocada ahora. Si Montoro no ha establecido una fecha de restitución es, sencillamente, porque hacerlo ocasionaría un problema muy considerable a las arcas públicas en el momento correspondiente. No, esta medida ha llegado para quedarse y es extremadamente improbable que este u otro gobierno pueda eliminarla en el futuro.
Muchas empresas tendrán que trasladar este nuevo zarpazo de la Hacienda pública a sus clientes
La creatividad perversa del montorato sólo es equiparable a su irresponsabilidad. Conscientes de la mala fama de la gran empresa en uno de los países más anticapitalistas de Europa, han decidido utilizar el impuesto de Sociedades —el tributo menos impopular según el reciente barómetro de percepción de la fiscalidad—, y como la mayor parte de la gente no sabe nada de economía y cree que hay compartimentos estancos en la misma, pues mal que bien la cosa cuela. La realidad es mucho peor, porque muchas empresas tendrán que trasladar este nuevo zarpazo de la Hacienda pública a sus clientes grandes o pequeños, empresas o particulares. Por lo tanto esta medida, como todas las que se dirigen en teoría a “los ricos” o a “la gran empresa” afectan inevitablemente a toda la sociedad, dañando más a los más vulnerables. Este bocado tributario puede afectar, por ejemplo, a la política de pagos a proveedores de las grandes empresas, o sencillamente reducir sus compras. También puede inducir una moderación de su política de contratación de personal. Además, en un país que ya de por sí ha perdido gran parte de su atractivo para la inversión extranjera, no es precisamente acertado añadir un nuevo factor de inseguridad jurídica. Los impuestos, como cualquier norma, deben ser tan sencillos y estables como sea posible.
No se puede hacer que la reducción del déficit recaiga solamente sobre las empresas
Como señala la fiscalista Cristina Berechet en el informe de la Unión de Contribuyentes sobre esta medida del gobierno, “no se puede hacer que la reducción del déficit recaiga solamente sobre las empresas” y no sobre el Estado. Estamos ante una subida ficticia de la recaudación para maquillar toscamente ante Bruselas los graves incumplimientos en materia de déficit público durante este ejercicio, pero eso no resuelve nada. Máxime, porque una medida así ya no tiene vuelta atrás. Y todo para no hacer los ajustes por el lado del gasto. Todo para que las administraciones públicas sigan manteniendo con el dinero de toda la sociedad a una casta privilegiada de políticos y de enchufados tanto laborales como mercantiles (proveedores “conectados”). Tampoco sorprende ya la timidísima reacción de la CEOE ante este abuso intolerable que debería haber llevado a los empresarios a paralizar el país mediante fuertes movilizaciones. ¿O es que sólo saben dar puñetazos en la mesa los sindicatos? La verdad es que tenemos unos “agentes sociales” que son agentes, sí, pero del gobierno de turno. ¿Cómo va a hacer algo la CEOE, si buena parte de las empresas afectadas, al final, viven de la protección estatal por la vía de las licencias, del cártel regulatorio, de las normas que ponen puertas al campo para proteger sus negocios de la competencia? El problema es que tenemos al Estado metido como una tenia en los intestinos de nuestra economía. Y así nos va.
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