El programa económico de Podemos, inicio de su decadencia, por Francisco J. Ferraro

El programa económico de Podemos, inicio de su decadencia, por Francisco J. Ferraro

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He pedido a nuestro compañero Francisco Ferraro, catedrático de economía aplicada de la Universidad de Sevilla, que nos permita recoger en una entrada el texto que publicó hace algunas semanas en el Diario de Sevilla, que ofrece un pormenorizado análisis del programa económico de la nueva formación política Podemos.

En la propuesta de programa económico para Podemos presentada por los profesores Navarro y Torres (“Un proyecto económico para la gente”) coexisten consideraciones y propuestas compartibles con otras nada recomendables o económicamente inviables. Sobre las más significativas de estas últimas se ocupa este artículo.

El diagnóstico

Los autores del documento parten señalando que “las propuestas deben basarse en un diagnóstico realista, (…) que evite el fraude intelectual que tan a menudo han cometido los dirigentes del PSOE y del PP”. En su diagnóstico hacen referencia a la situación del mundo, de la UE y de España. Consideran que “la situación del mundo bajo el predominio del capitalismo es hoy día decepcionante y cruel”, lo que sin duda se corresponde con vivencias de muchas personas y colectivos que sufren guerras, persecuciones, hambre y otras desgracias, pero no parece un diagnóstico muy ponderado cuando los indicadores de los organismos internacionales ponen de manifiesto la notable mejoría que conoce la humanidad en tasas de pobreza, esperanza de vida, alfabetización, personas desnutridas, conflictos armados, etc.

En cuanto al diagnóstico económico de España, es compartido por casi todos los economistas que la situación se caracteriza por problemas de entidad, entre los que destacan el paro y el elevado endeudamiento, y que el origen de la presente situación hay que encontrarlo en la crisis financiera internacional y en el estallido de la burbuja inmobiliaria, como se señala en el documento, pero no se puede compartir que otra causa haya sido “el descenso del poder adquisitivo de la población” tal como enuncian en primer lugar, pues la fase de expansión de la economía que precedió a la crisis se caracterizó por un notable aumento de la renta y los salarios.

Las propuestas por el lado de la demanda

El núcleo del proyecto programático para salir de la crisis es “generar demanda efectiva e ingresos para poder crear empleo suficiente y decente”, para lo que “es preciso crear más empleo e ingresos aumentando la actividad y el gasto de las familias, de las empresas, del sector público o del exterior en nuestra economía”, y para ello se proponen, entre otras medidas, “aumentar el gasto privado y público en nuevas formas de consumo sin promover consumismo” (no se precisa la autoridad que discriminaría entre consumo y consumismo); “aumentar el porcentaje de los salarios en la renta nacional” (no se sabe si se prohibiría que nuevos autónomos o pymes puedan obtener beneficios si superan el porcentaje de salarios); “incremento extraordinario de las cotizaciones sociales empresariales” (lo que no animaría a los empresarios a crear empleo); aumento del salario mínimo (desincentivaría la contratación de los jóvenes sin formación); retraso en la edad de jubilación a los 65 años (lo que haría más inviable el sistema de pensiones); 35 horas de trabajo semanales y reparto del trabajo.

Como se deduce de las anteriores consideraciones, el soporte propositivo del documento es como si la economía española sólo tuviese un problema de demanda, por lo que con mayor gasto se recuperaría la economía y se crearía empleo. Es decir, como si en el flujo circular de la renta, que iguala en una economía cerrada tres agregados económicos (la producción, la renta y el gasto), pudiese aumentarse uno de los agregados independientemente de los otros dos, y como si la economía de un país fuese efectivamente cerrada.

Ninguno de estos supuestos se cumple. Por una parte porque si no se ha generado suficiente renta habrá que financiar el aumento del gasto, es decir, aumentar el endeudamiento, provocando un problema de financiación de difícil solución para un país tan endeudado como España, y en un marco de previsible desconfianza de los mercados financieros. Y, por otra parte, porque la economía española también tiene limitaciones de oferta, por lo que, en el supuesto de que se acumule renta para elevar el nivel de demanda, no existiría suficiente oferta competitiva adicional en todas las actividades que aumentan la demanda ni se podría improvisar en un corto periodo de tiempo, por lo que el aumento artificial de la demanda podría derivarse al exterior (importaciones), como de hecho se ha producido en cuanto ha repuntado ligeramente el consumo este año. Tanto es así que desde el inicio de la crisis todos coincidimos en la necesidad de un “nuevo modelo productivo”, que genere más valor añadido y provea de empleo a los excedentes de los sectores de la construcción e inmobiliario, sin que hasta ahora se hayan logrado avances significativos.

La desconsideración de las restricciones de la oferta es general en el programa, pues un aumento de los asalariados hay que combinarla con un aumento de la dotación de otros factores productivos, y esto no se produce porque lo diga un programa o un decreto, sino porque se abran nuevas empresas, nuevas líneas de producción, nuevos mercados. También parecen desconocer que si se aumentan los salarios algunas empresas podrían soportarlo, pero otras  dejarían de ser competitivas y tendrían que cerrar. Igualmente se olvidan de la oferta al parecer desconocer que una disminución de la jornada laboral restringiría la productividad, pues si bien podría ser factible en algunas unidades de producción, en otras difícilmente se trocea el trabajo para sustituir 5 horas semanales de 7 trabajadores a la semana por un trabajador adicional. La actividad económica exige flexibilidad, y en un mundo globalizado no parece que los casos de 35 horas semanales abunden como una fórmula de éxito, ni que los países que tienen mayor crecimiento lo consigan con la reducción de las horas de trabajo. En definitiva, es poco comprensible que en un programa económico para un país avanzado con dificultades económicas en un siglo XXI globalizado esté tan ayuno de la perspectiva de la competitividad, a excepción de lo que recoge en el apartado 5.2.5 (“aumentar la competitividad sin empobrecernos”), en donde denuncian que “el error de las políticas actuales es creer que la demanda externa puede convertirse en el motor más potente y más favorecedor de la economía española”.

Las actuaciones por el lado de la oferta

No obstante, en el programa se incluye el apartado 5.2.3 (“aumento de la inversión empresarial sostenible”), en el que se critica la política de grandes inversiones en infraestructuras de los últimos años, y se propone como alternativa invertir en “infraestructura social”, reforzando los servicios públicos como la educación, la sanidad y los servicios sociales. Tienen razón al criticar los excesos en infraestructuras de transporte subutilizadas, pero, en cualquier caso seguirá siendo necesario invertir en su mantenimiento y en otras infraestructuras por las que apuesta la Comisión Europea.

También en este apartado critican la colonización de la economía española por el capital extranjero, y proponen una nueva política fiscal que penalice la no reinversión de los beneficios, lo que no constituye precisamente un estímulo a la inversión, máxime si se suma a las propuestas ya comentadas de elevación de salarios, reducción de jornadas o el aumento de la cuota empresarial de la Seguridad Social. Sí es fácil estar de acuerdo con otras propuestas (no muy originales y sin concreción), como “realizar reformas administrativas que eliminen al máximo de lo posible los costes innecesarios que produce el mal funcionamiento de la administración” o “reducir los costes que imponen a las empresas productivas las que operan en servicios básicos de nula o muy baja competencia”, lo que imagino que se resolvería con un funcionamiento más independiente y ejecutivo de los órganos reguladores de los mercados.

Los autores no parecen tener suficiente consciencia de la limitada influencia de los gobiernos en la actividad económica de cualquier país desarrollado. Primero porque actúan en una economía abierta y globalizada, lo que determina una interacción de flujos económicos (mercancías, servicios, trabajo, rentas, capitales, tecnología,…) a los que es imposible sustraerse por el interés de los ciudadanos. Esa dependencia internacional se acentúa cuando, como es el caso de España, se participa en múltiples acuerdos internacionales y, especialmente, en la Unión Europea y el área euro, de las que emana la mayor parte de nuestra legislación económica, y que no puede modificarse a nuestro antojo porque solo representamos el 9,2% en términos demográficos y el 7,7% en PIB de la UE. Además, aunque estuviésemos aislados, en este país existen 47,7 millones de personas y 3,1 millones de empresas cada una de las cuales son libres para adoptar las decisiones económicas que estimen conveniente. En consecuencia, no se les puede obligar a consumir, ahorrar, producir o invertir lo que los gobernantes quieran. Los gobernantes podrán producir normas que generen incentivos favorables a determinados comportamientos, pero las normas también pueden generar incentivos negativos a muchos ciudadanos y empresas.

El derecho más exótico

El proyecto de programa se completa con algunos derechos adicionales, tales como a la vivienda, renta de inserción, permisos por nacimiento y/o adopción a cada progenitor pagados al 100%, universalización del derecho a la educación infantil desde los cero años, cobertura universal a las personas dependientes, disminución de la carga hipotecaria de las familias, Etc. Entre ellos, el más exótico es el derecho al crédito, pues los autores proponen el  “reconocimiento en nuestra Constitución de un principio que consagre el crédito y la financiación a la economía como un servicio público esencial”, para lo que proponen la “creación de banca pública y bancos ciudadanos de interés público” y “asegurar que la financiación llegue a las pequeñas y medianas empresas y a las familias que lo necesitan con tanta urgencia”. Dado que no se especifican los criterios para las concesiones de crédito es imaginable que los créditos se concederían no en función de la solvencia, sino de las necesidades de los demandantes interpretadas por los responsables políticos de turno, lo que equivale a que el derecho al crédito se convierta en derecho a tener dinero. Nunca la tradición de los partidos políticos españoles de pujar en sus programas con más y más derechos había llegado tan lejos. Además, se sigue apostando por la banca pública después de la experiencia de las cajas de ahorro.

¿Quién paga todo esto?

La gran restricción de todas las políticas de demanda y de servicios sociales es de carácter financiero. ¿Cómo financiar el extraordinario aumento del gasto público (92.000 millones de euros para las políticas sociales estimaba Pablo Iglesias, a lo que se sumaría la demanda de crédito público y otras inversiones)? En el apartado 5.2.4 del documento (“Mejorar la gestión pública y aumentar los ingresos del Estado”) deberíamos encontrar la respuesta. Sin embargo, en el apartado se establecen algunas medidas poco novedosas (“Combatir la economía sumergida y el fraude fiscal”), de escasa trascendencia presupuestaria (“Plan inmediato de ahorro público que detecte y permita evitar todo tipo de gasto innecesario”), enunciados de buena voluntad (“Reforma de la función pública que la haga ágil, compleja, versátil y flexible”), o expresiones sin concreción (“gran pacto entre las diferentes nacionalidades y comunidades que reconozca su singularidad y diversidad como elemento constitutivo de un nuevo equilibrio basado en la cooperación y en la corresponsabilidad ciudadana”).

Mayor precisión contienen las propuestas de reforma del sistema fiscal en las que se plantea un aumento de la recaudación basada en el aumento del impuesto de sociedades, la recuperación del impuesto sobre el patrimonio, mejora del IRPF para que paguen más los más ricos y una tasa a las operaciones financieras, lo que sumado a lo recaudado combatiendo el fraude fiscal aportaría unos ingresos adicionales de unos 77.000 millones de euros según Navarro y Torres, lo que no deja de ser una estimación muy optimista.

En el caso de que sean factibles estas reformas los ingresos que se recaudarían no bastarían para cubrir el extraordinario aumento del gasto y, además, los grandes cambios que proponen no se podrían aplicar de un día para otro, por lo que hasta que estuviesen operativos no quedaría más remedio que apelar a unos mercados financieros que, según los autores no estarían encantados con la llegada de Podemos al Gobierno, por lo que “muy previsiblemente encarecería la financiación, incrementando la factura por gastos financieros”.

La reestructuración de la deuda

El recelo de los mercados financieros a Podemos debe provenir de su primera propuesta económica en el programa para las elecciones europeas (“pagaremos solo la deuda justa”), y que ahora adquiere una formulación más ponderada (“reestructuración lo más ordenada posible”). Por reestructuración de la deuda se entiende la reducción de los tipos de interés, la ampliación de los plazos para pagarla, una quita en el monto total, o una combinación de estas alternativas. Su posibilidad tiene múltiples antecedentes, aunque no para países de la entidad económica de España, contaría con el rechazo de Alemania y la mayoría de los países europeos, exigiría la intervención de nuestro país por organismos internacionales, expulsaría a España de los mercados financieros, obligaría a pagar las obligaciones presupuestarias a tipos de interés mucho más elevados y tendría graves y perdurables efectos en nuestra reputación. Por otra parte, el volumen de nuestra deuda pública, aun siendo alta no es de las mayores del mundo, ni siquiera de Europa. Tal vez por estas consideraciones los autores del documento instan a una “estrategia cooperativa” con los países de la periferia europea, pero es poco imaginable que éstos quieran abordar un conflicto de esta envergadura que tendría graves costes de inestabilidad a corto plazo. Por otra parte, el volumen total de endeudamiento va disminuyendo, como también los intereses, y la integración del sistema monetario europeo debe permitir en plazos no muy lejanos la mutualización de la deuda a través de los eurobonos. Por todo ello, la reestructuración es una alternativa inoportuna e improbable.

El modelo sueco como referente

Según los líderes de Podemos el programa se inspira en el modelo socialdemócrata sueco, pero parecen desconocer que: a) el actual nivel de desarrollo económico, social e institucional de Suecia es consecuencia de décadas de desarrollo diferenciado, en los que no sólo se ha afianzado el Estado de Bienestar, sino también un sólido sistema económico basado en una intensa inversión en I+D, en empresas multinacionales innovadoras, en una cultura cívica y del trabajo que tiene sus bases en una moral más puritana, en un sistema educativo excelente y en una democracia envidiable con instituciones transparentes desde el siglo XVIII; y b) que en Suecia y otros países escandinavos la socialdemocracia ha sabido adaptarse más rápida y eficazmente a las características de un mundo globalizado que exige ser más productivo y flexible.

Por ello, el programa económico de Podemos suena a las propuestas e ideas de la socialdemocracia emergente en la Europa de la década de los sesenta. Algunos han encontrado un paralelismo entre el programa de Podemos y el del PSOE para las elecciones de 1982, programa que Felipe González tuvo que guardar en un cajón cuando accedió al gobierno. También otros gobiernos se han desdicho de su programa electoral en España. El último fue el de Rajoy tras las elecciones de 2011, pero esa inmoralidad no es aceptable en un país que está harto de degradación democrática, y no hay nada más degradante en el juego político que la mentira institucionalizada.

El comienzo de la decadencia

Podemos irrumpió en la escena política española con un extraordinario resultado en las elecciones europeas. Con el malestar ciudadanos por las implicaciones de la crisis económica, y con los caldos de cultivo del movimiento 15-M, antidesahucios y otros, supieron explotar la rabia social por los casos de corrupción y la degradación institucional, lo que sus líderes supieron combinar con habilidad dialéctica y radicalidad de planteamientos. El creciente apoyo popular según las encuestas les llevó a plantearse la posibilidad de convertirse en un partido de gobierno, por lo que decidieron cambiar el programa que presentaron a las elecciones europeas, para lo que encargaron su elaboración a dos profesores universitarios con un curriculum respetable.

El resultado ya se conoce: han cambiado su programa político de forma sustancial en unos meses, lo que no ofrece seguridad sobre sus planteamientos futuros, pero lo más significativo es que al hacerlo público han perdido la candidez y han expuesto a la luz su inviabilidad e inconsistencia.