España es uno de los países con una tasa de reemplazo más
elevada y uno de los pocos que no complementa el sistema público con ahorro
privado.
En la campaña electoral que comienza en unos días, habrá debate sobre el
mercado laboral, sobre si dedicar más gasto público a las infraestructuras o a
I+D, sobre sistema educativo y sobre modelo territorial. Sin embargo, sobre un
tema clave, el que se lleva más dinero cada año de los Presupuestos
Generales del Estado, y que preocupa a millones de españoles (porque
son pensionistas o lo serán) no habrá demasiada discusión pública.
Todos los partidos prometerán algo parecido respecto a las pensiones: subir
las prestaciones año a año (incluso por encima del IPC), no alejar demasiado la
edad de jubilación de los 65 años y plantear cualquier reforma dentro del Pacto
de Toledo. En resumen, no incluir ningún elemento nuevo en el sistema, que
seguirá basándose exclusivamente en un modelo de reparto público de esos que se
denominan pomposamente de "solidaridad intergeneracional".
Ningún partido quiere perder votos por ese flanco. Los de la vieja política,
porque saben que entre los mayores de 55 años tienen su principal caladero. Los de la
nueva, porque o no se lo creen o no quieren asustar a nadie. El problema es que
no se trata de meter miedo, sino de decir la verdad.
Este martes, la OCDE publicaba su informe
Pensions at a Glance 2015. Y las conclusiones en lo que respecta a España no son
nada tranquilizadoras para el futuro a medio y largo plazo. Nuestro país
tiene uno de los sistemas públicos más generosos (o caros,
según se mire) de entre los países ricos.
Hay que decir que España no es un caso único. En la introducción al informe,
los autores apuntan que "arreglar los retos financieros de los sistemas de
pensiones es sólo una parte de la ecuación. La otra parte está ligada a la
sostenibilidad social y a si las pensiones en el futuro serán
suficientes para dotar de unas condiciones de vida adecuadas a las
personas mayores". En estos momentos, el informe recuerda que "la mayoría de los
pensionistas de la OCDE disfrutan de un nivel de vida tan bueno como la
población media", algo que será complicado de mantener a medio plazo.
La pregunta es si esto es sostenible. Con los datos demográficos y de coste
de los sistemas públicos, parece muy complicado. Y en lo que respecta a España,
las cifras son peores que para la mayoría de los países desarrollados. Si
analizamos la relación entre pensiones y salarios, todo apunta a que nuestro
país es uno de los que tendrá que hacer un ajuste más profundo.
Pero con una salvedad: otros países con elevado nivel de gasto en este
capítulo hacen tiempo que pusieron en marcha sistemas mixtos público-privados que combinan el modelo
de ahorro con el de capitalización; mientras tanto, nosotros seguimos con todos
los huevos en la misma cesta, la de las cotizaciones y el reparto
intergeneracional. Si todas las demás variables se mantienen dentro de los
parámetros previsibles, esto sólo puede tener un resultado: las pensiones
bajarán (y mucho) en relación a los salarios. Los jubilados de 2040-50 serán más
pobres, al menos en términos relativos, que los de 2015. Seguro que eso no lo
escuchará en ningún mitin.
Holanda – España
En lo que hace referencia a nuestro país, uno de los gráficos que más llaman
la atención, de los muchos que recoge el informe de la OCDE, es el siguiente.
Ordena a los países en función de su tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje
que cobra el pensionista medio respecto a su último sueldo.
Como podemos ver, España es el cuarto país de la lista. Pero aquí hay un poco de trampa, porque por delante están Brasil e India, dos países que no forman parte de la OCDE y que tienen estadísticas algo distorsionadas por las peculiaridades de sus sistemas (cubren a una minoría de trabajadores y hay un alto porcentaje de la población que no tiene derecho a prestación y sólo cobra pensiones no contributivas). Entre los países ricos, España es el segundo con una tasa de reemplazo más elevada, sólo por detrás de Holanda.
Según los datos de la OCDE, el sistema público español paga (de media) el
82,1% del último salario al trabajador medio. La media de la OCDE es del 52,7%.
Y sólo Holanda nos gana con un 90,5%. Pero, ¿cómo nos gana? Pues ése es otro
tema fundamental y la respuesta está en el siguiente cuadro (click para
ampliar):
OCDE
En esta tabla, la OCDE divide los ingresos de los sistemas públicos en tres
categorías: público obligatorio (de reparto), privado obligatorio (de
capitalización individual, aunque se estructuren normalmente a través de planes
de empresa o de sector) y privado voluntario (no se incluyen aquí los planes
individuales que podemos encontrar en España, sino otro tipo de modelos,
normalmente impulsados por la legislación, que sirven de complemento a la
pensión pública).
Pues bien, como podemos ver, el 90,5% de tasa de reemplazo en
Holanda se consigue con un 27,1% de sistema público de reparto (similar
al español) y un 63,4% privado obligatorio de ahorro y capitalización. Mientras
tanto, en España el 82,1% depende de los Presupuestos Generales del Estado y de
que haya trabajadores en el futuro que quieran seguir cotizando. Y no es sólo
una particularidad holandesa: en la mayoría de los países ricos, existen estos
esquemas de ahorro privado que complementan al sistema público (suelen ser
planes de empresa o sectoriales); y en los que no lo hay, la tasa de inversión
del ciudadano medio en
planes de pensiones voluntarios suele ser mucho más elevada que en
España.
Demografía, coste, realidad
La pregunta que se harán muchos españoles es cómo es de preocupante todo esto
a futuro. Y aquí viene la parte más ilógica de todo: una buena noticia, como es
el incremento de la esperanza de vida, se interpreta con cierta angustia porque
sentimos que no tendremos dinero para pagar todo aquello a lo que nuestros
políticos nos han comprometido. El siguiente gráfico muestra la
esperanza de vida en los países ricos en 2010-2015, para
hombres y mujeres.
OCDE
¡España es el segundo país del mundo tras Japón! Es una excelente noticia.
Vivimos más y mejor que nunca. ¿Cuál es el problema entonces? Pues que en 2015
hay en España algo menos de 30 personas con más de 65 años por cada 100 personas
en edad de trabajar (de 20 a 65 años). En 2050, esa cifra será de 73,2 mayores
de 65 por cada 100 potenciales trabajadores.
Llegados a este punto, todos los políticos le dirán lo mismo: "Hay que crear
empleo para hacer el sistema de pensiones sostenible" o "Haremos todo lo que
esté en nuestra mano para mantener los ingresos de los pensionistas" o "El
sistema público es absolutamente sostenible".
Pero los datos son los que son. Si dentro de 40 años el porcentaje de la
población española de más de 65 años se dispara, la única manera de que la
pensión pública mantenga su relación con el último salario percibido es que se
dispare el gasto en pensiones respecto al PIB. Habrá más población jubilada, por
lo que para mantener su riqueza relativa respecto a los asalariados habrá que
dedicar más gasto público a este fin.
Y aquí nos encontramos con otros problemas. El primero es que ese
incremento lo tendrán que financiar unos trabajadores que ya soportan
unas cotizaciones sociales que están entre las más elevadas de la UE. De hecho,
la OCDE no prevé al respecto un incremento especialmente elevado en el gasto en
pensiones respecto al PIB.
Como puede verse en el siguiente gráfico, tras la aplicación de las últimas
reformas de las pensiones aprobadas en 2011 y 2013 por PP y PSOE, el incremento
de gasto público en nuestro país está previsto que sea bastante moderado: del
11,8% del PIB de la actualidad al 12,3% de 2050.
En realidad, tiene lógica. Para eso se aprobaron las reformas, para controlar
el incremento del gasto. De hecho, el factor de equidad
intergeneracional que comenzará a aplicarse en 2019 lo que hará es
minorar la primera pensión según evolucione la esperanza de vida. Y el nuevo
índice de revalorización anual que sustituye al IPC también irá limando, poco a
poco, el valor de la pensión pública.
OCDE
En esto no nos diferenciamos demasiado de otros países que también han
incluido cambios sustanciales en sus modelos públicos, para controlar un gasto
que el envejecimiento de la población amenaza con hacer insostenible. Pero
cuidado, aquí hay que volver a lo que decíamos antes sobre los modelos y la
particularidad española.
Mientras en otros países se han diseñado sistemas mixtos (con parte de
reparto y parte de capitalización), en España nadie ha puesto sobre la mesa nada
ni siquiera parecido. Se sigue mandando el mensaje de que los jubilados del
futuro mantendrán el mismo nivel de vida que en la actualidad.
La realidad es que, en términos de ingresos reales, es
complicado prever que las pensiones puedan mantener su poder adquisitivo.
Quizás, siendo muy optimistas, con muy elevados incrementos de la productividad
y bajando la tasa de paro al 4-5% (situación de pleno empleo técnico) podamos
imaginar un escenario así. Pero no hablamos de eso. La cuestión es si los
pensionistas podrán mantener el paso del resto del país (ingresos respecto al
salario medio) o si podrán mantener su ritmo de vida (ingresos respecto al
último sueldo percibido).
Y aquí las habas están contadas: con muchos más pensionistas como porcentaje
de la población, si dedicas el mismo porcentaje del PIB a las pensiones
públicas, cada uno de ellos ganará menos en términos relativos. Como, además, no
tienen otra pata en la que apoyarse, porque nadie les contó nunca esto y porque
no existen planes de ahorro privados como los habituales en los países
desarrollados… pues la conclusión es obvia: la pensión respecto al salario, se
desplomará. Quedan 20 días de campaña electoral por delante. ¿Habrá alguien que
se atreva a explicar esto a los españoles? Hagan apuestas.
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