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DEUDA PUBLICA

Daniel Fernández Méndez 23 septiembre, 2014 

Se contraen deudas en nombre de terceros y sin su consentimiento explícito.

¿Se imagina que usted pudiera acudir a su banco y pedir un préstamo a nombre de su vecino para ser ingresado en su cuenta monetaria? No se imagine más, su gobierno se lo hace constantemente a usted.

La deuda pública es el único tipo de deuda en el que aquel que está obligado al cumplimiento de la misma es completamente inconsciente de lo que está ocurriendo.En cualquier otro tipo de deuda, el obligado a pagar debe estar de acuerdo en asumir ese compromiso, en la deuda pública no, por lo que la deuda pública desde este punto de vista es un fraude ya que aquel que contrae la deuda y el que la debe pagar no son la misma persona.

En la deuda pública se contraen deudas en nombre de terceros y sin su consentimiento explícito. Pero es que además, la deuda pública, al contrario que cualquier otra deuda, no representa ninguna forma de riqueza. Las deudas privadas tienen una contrapartida en bienes reales, en riqueza que, si falla el pago del principal, el acreedor puede ejecutar para satisfacer al menos parte del importe de la deuda. Las hipotecas tienen viviendas detrás, los bonos de empresas tienen activos productivos dedicados a producir nueva riqueza con la que pagar la deuda con los intereses correspondientes, además de, si todo sale según lo planeado, conseguir un beneficio. En el caso de la deuda pública, tan solo una pequeña fracción de ésta se encuentra en activos productivos,la mayor parte de la riqueza que el acreedor pone a disposición del Estado se utiliza para financiar gastos corrientes, o lo que es lo mismo, la riqueza “se esfuma”, no hay recursos detrás para repagar esa deuda.

Además, los pocos activos productivos que poseen los Estados suelen caracterizarse por su poco rendimiento debido a la falta de un sistema de incentivos adecuado. La empresa privada atiende a criterios de rentabilidad, se invierte en aquellos proyectos por los que se espera que los consumidores paguen un precio más alto, el incentivo es a maximizar la riqueza. Si los empresarios movidos por su ánimo de lucro aciertan, las actividades desarrolladas se autofinanciarán y se crearán puestos de trabajo sostenibles en el tiempo. Sin embargo,las inversiones estatales tienen otros criterios (políticos) que no son los de crear riqueza, por lo que sus puestos de trabajo no son sostenibles en el tiempo, no son capaces de autofinanciarse, se destruye riqueza, y estos proyectos tarde o temprano incrementan mucho los gastos corrientes que sufren los Estados puesto que los ingresos derivados de ellos suelen ser muy inferiores a los gastos necesarios para su mantenimiento. (Gastos corrientes que incrementarán la necesidad de nueva deuda no representada por riqueza real).

El Estado carece, por definición, de recursos propios, por lo que cualquier deterioro en el valor de sus activos que impidan pagar su deuda ha de ser, por fuerza, pagado por el contribuyente o por el acreedor (en caso de impago de la deuda). Dado que la deuda pública, en su mayor parte no tiene contrapartida en riqueza real, podríamos preguntarnos:¿de dónde salen los recursos para pagar esa deuda? La respuesta es del bolsillo del contribuyente. La deuda pública no tiene su reflejo en riqueza real como el resto de la deuda, sino en riqueza futura, en concreto en la riqueza futura que el sector privado sea capaz de generar y que el sector público sea capaz de recaudar.

En definitiva, en términos económicos la deuda pública es desperdiciar recursos hoy para hacernos más pobres mañana y en términos jurídicos es un fraude ya que no existe correspondencia entre aquel que pide prestado y el obligado a pagar.