Cambios para España. Reformar las pensiones públicas.

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Este tema merece hacer un poco de historia. Las pensiones públicas nacen de 2 ideas: los seguros y la Seguridad Social. 2 ministros de la iglesia escocesa (calvinistas) fueron los inventores de los seguros en 1744; lamentaban tanto la suerte económica de las viudas y huérfanos de los clérigos que dieron con una solución: En vida darían un dinero para un fondo que invertiría para que, tras la muerte, hubiera dinero que destinar a los vivos. La clave estuvo en el correcto cálculo de cuánto dinero sería necesario para las contingencias, y ahí radicó su éxito. De hecho, sus fórmulas no difieren mucho de las actuales, basadas en probabilidades y estadísticas, y que llevan a que las compañías de seguros sepan cuanta prima deben pagar sus asegurados para afrontar todos los imprevistos y aun así ganar dinero. Aún ahora el  “scottishwidows” o “fondo de las viudas escocesas” es un participante famoso e importante en los mercados. La idea se extendió primero a los soldados y luego a toda la sociedad. El que los seguros privados pasaran a ser públicos, la idea de un fondo social para imprevistos tuvo su origen, según el profesor de Harvard Niall Ferguson, en Japón, porque tras el gran terremoto de 1923 las compañías privadas no se hicieron cargo de nada por ser una catástrofe natural. Aunque en 1883 el canciller alemán Bismarck ya puso en marcha un seguro de enfermedad, y el término “Seguridad Social” fue inventado en la América de Rooselvelt, fue el país nipón el que universalizó un  fondo de asistencia social buscando una mejor salud de los jóvenes, futuros protagonistas de los delirios bélicos del emperador Hiro Hito. El “todos deben estar asegurados” no murió a pesar de la derrota en la II Guerra Mundial que empobreció al país; es más, la asistencia estatal japonesa recibió tal impulso que se contagió a la mayoría de los países que vieron que ante la destrucción de una guerra no se podía confiar en los seguros privados. La Seguridad Social se convirtió en algo común: el estado empezó a pagar si no trabajas, si estás enfermo, si eres viejo…eso sí, a cambio una gran parte del sueldo se destina a todos esos “seguros”.

En 1976 Milton Friedman demostró con la ecuación MV=PQ que algo fallaba. Es decir, que el dinero circulante y la velocidad del dinero es igual a precios y gastos luego a más dinero, más inflación. La inflación acaba con los beneficios del fondo de dinero público destinado a imprevistos ya que el dinero pierde y pierde valor. Para vencer a la inflación hacen falta inversiones más rentables pero que suelen ser más arriesgadas, como la bolsa, con lo que la pensión queda en manos de los vaivenes de los mercados financieros. Volviendo a Japón, la alta esperanza de vida y el parón demográfico provoca que en la actualidad esté cerca el momento (quizás menos de una década) en que por cada pensionista sólo haya 2 trabajadores, la deuda pública agobia al país y muchos creen que la poderosa Seguridad Social del Japón acabará colapsando. Otra vía nació en el Chile de Pinochet, de la mano del profesor de la escuela de Chicago José Piñera que diseñó el más famoso experimento de cambiar el sistema de Seguridad Social pública a otro de propiedad del cotizante y gestión privada. Entre 1979 y 1981 se implantó un sistema de pensiones que ofrecía –voluntariamente- darse de baja del sistema anterior y destinar el 10% del salario a unos gestores que manejarían una cuenta a nombre del trabajador, es decir, el capital, ese 10%, seguía siendo de cada uno. El 80% de los trabajadores se cambió. El auge económico de Chile desde entonces, la reducción de la pobreza y la alta rentabilidad individual de los fondos de pensiones, parecen dar la razón a los defensores de este sistema. El problema del sistema chileno está en los trabajadores que no tienen empleo o que lo tienen de forma irregular y sus aportaciones son nulas o mínimas.

Puede parecer que entre ambos sistemas, el público que es el común en Europa y el chileno, la diferencia es sólo de gestión ya que en ambos el estado nos tutela y obliga a los ciudadanos a que tengamos un seguro de pensiones, como lo tenemos a terceros si queremos conducir un coche o de vida para las hipotecas porque si no, habría millones que no lo tendrían y acabarían recurriendo al estado ante su insolvencia; al fin y al cabo, la clave sigue siendo la misma: aportar dinero toda la vida para que nos sea devuelto. Pero aunque el sistema público contrate a los mejores gestores e invierta en los mismos productos (por ejemplo en Francia más de la mitad de la hucha de las pensiones se invierte en bolsa), si los gestores privados de ese dinero se equivocan –o tienen la catadura moral de un Madoff- pueden perderlo todo (vimos en 2008 a jubilados norteamericanos obligados a volver a trabajar por culpa del desplome bursátil) mientras que si lo hacen los gobiernos tienen toda la estructura del estado detrás para auxiliarnos, por lo que también es un tema de seguridad. Es muy difícil ganar mucho sin arriesgar, por eso los fondos chilenos invierten mucho en renta variable, sobre todo nacional. Como la bolsa chilena las últimas décadas ha subido como un cohete ha ido muy bien pero, ¿y si hubiera bajado como por ejemplo la de Chipre? Y además de la gestión y la seguridad, la otra gran diferencia entre ambos sistemas está en que  es más “justo” individualmente el chileno porque cada uno recibe por lo que da pero por eso mismo es más socialmente injusto.

A veces se nos olvida que el “estado del bienestar” se financia con las mayores aportaciones –en porcentaje y en términos absolutos- de los que más tienen, es decir, no recibimos lo mismo que aportamos, ni para bien ni para mal. Puede que uno piense que de lo que le cogen de su nómina sobra dinero para una operación de apendicitis en la vida y el par de veces al año que va al médico pero es gracias a lo que le quitan a Botín o al Corte Inglés –por ejemplo- que su padre puede tener gratis una operación a corazón abierto, dispone de una autovía hacia la ciudad donde pasar el “puente” o de un colegio público para su hijo. Y si esto queremos mantenerlo –otra cosa es que no, y es una opción respetable- quizás tengamos que cambiar de mentalidad. No se exige que la educación pública sea económicamente sostenible, se intenta con la sanidad pero aún no ha ocurrido y sin embargo nos empeñamos en que las pensiones sí deben serlo. Ojalá se consiga, por supuesto, pero quizás deberíamos asumir que, como ocurre con el resto de servicios públicos, puede que debamos recibir todos lo mismo aunque algunos aporten mucho más que otros. Me explico: todos los españoles tenemos una misma sanidad pública, seamos Amancio Ortega o Carpanta, aunque mes a mes lo que aporta al mantenimiento de ella el primero sea muchas veces más que lo que aporta el segundo. Es más, Amancio Ortega seguramente no haga uso de los servicios de la sanidad pública y prefiere pagarse un servicio privado. Pero entendemos que en nuestro sistema fiscal, aunque todos recibamos lo mismo, los que más ganan deben pagar más que los que menos ganan. Esto sirve no sólo para la sanidad, también para la educación, la policía, las carreteras… Por supuesto el que tiene más ingresos puede pagarse un colegio privado, un guardaespaldas y hasta un helicóptero, es decir, aunque sea el que más aporte para su mantenimiento, puede que también sea el que menos use los servicios públicos pero nos parece normal ¿por qué no nos lo parece con las pensiones públicas?

Mi propuesta es sencilla: las pensiones de jubilación deben dejar de depender de lo que nos quitan cada mes de la nómina porque de hecho eso es falso ya que en realidad depende de lo que aporten los trabajadores que haya cuando cobre mi pensión. Así pues, se debe ofrecer una pensión pública igual para todos, igual que a todos los españoles se les ofrece una plaza en un colegio público o en un hospital público, la misma, haya ingresado en la caja común lo que haya ingresado. Quien gane más dinero en su vida laboral o quien quiera y pueda, igual que tiene su seguro médico privado o lleva a su hijo a un colegio privado, puede invertir en un fondo de pensiones o simplemente ahorrar para los tiempos de la jubilación, eso es cosa suya. Pero el deber del estado es el de proveer lo suficiente para que todos los ciudadanos podamos tener sanidad, educación y, para mi es imprescindible, una pensión en la vejez que nos garantice no morirnos de hambre, aunque no hayamos cotizado, simplemente por ser españoles (o llevar ¿25 años? residiendo y consumiendo en el país).

Cifras grosso modo: España gasta en la pensión media de jubilación mil euros al mes. Si ponemos todas esas pensiones –en un proceso de años para futuros jubilados- igualadas al salario mínimo interprofesional -que este año rondará los 650€- el gasto pasaría a ser un 35% menor y el mayor número de pensionistas –por ejemplo amas de casa que nunca cotizaron- se compensaría porque en mi sistema desaparecería la figura del cobro de varias pensiones que existe en la actualidad puesto que no dependerá de los sitios donde se trabaje, bastará con ser español para cobrarla como basta serlo para disfrutar de la Seguridad Social. El coste sería muy inferior al actual, beneficiaría a las clases más bajas por lo que es indudable su beneficio social (hay que tener en cuenta que incluso en la “rica” Alemania casi el 50% de los jubilados alemanes recibe menos de 700 euros/mes). Podría ser impopular para todos los que tienen una pensión de mayor cuantía como casi todos los recortes que lleva sufriendo España desde hace años pero su implantación sería progresiva, no afectaría a los actuales jubilados. Otro ahorro más: al ser la jubilación el salario mínimo interprofesional y por lo tanto estar muy por debajo del sueldo medio, la jubilación, que debe ser completamente voluntaria salvo por criterios médicos que se ajustarán al puesto de trabajo concreto, se retrasará voluntariamente por el propio trabajador en muchos casos más allá de los 65 años, que sería la edad mínima a la que alguien se pueda jubilar, repito, salvo criterios médicos. Se acabaron las jubilaciones anticipadas, a partir de los 60 es obligatorio que cada empresa pague un reconocimiento médico anual que decidirá si el trabajador es apto o no y a partir de los 65 el empleado decidirá si se quiere jubilar o no -avisando con un antelación mínima- salvo que por una causa objetiva –por ejemplo, las pérdidas que vienen reflejadas en la última reforma laboral- el empresario decida suprimir de sus servicios. Todo esto supondrá un mayor recorte del gasto aún ya que se retrasaría efectivamente la edad de jubilación.

La crítica habitual que me hacen cuando explico mi propuesta es que si da igual lo que cotices para cobrar la pensión, se aumentarían los trabajos en negro, no habría interés en cotizar. Tienen razón, por eso el estado debe dejar de engañar a la gente con el cuento de que les quitan parte de su nómina para sus pensiones futuras cuando lo cierto es que se destina a gasto actual. Por eso el proceso sería en varias fases: una inmediata que colocaría en el doble del sueldo mínimo interprofesional el tope del importe de la pensión máxima (y única) que pague el estado y luego ir poco a poco reduciendo las retenciones en las nóminas en ese 35% de ahorro para los trabajadores que dentro de unos años vayan a jubilarse sólo con el sueldo mínimo. Hay que jugar también con el ciclo económico pero en principio ese aumento de salario inmediato propiciaría un mayor consumo y un mayor ingreso por IVA. De este modo, poco a poco el dinero de las pensiones propongo que no salga de las nóminas –o salga cada vez en menor cuantía- sino de una subida (del tipo y de los ingresos por mayor consumo) del IVA –así no se escapa nadie- que se destine a ese fin. De ese modo, todos ganaremos más dinero al mes que podremos ahorrar o gastar pero si lo gastamos con ese dinero estaremos financiando las pensiones de los actuales ancianos, del mismo modo que financiamos los colegios públicos y en general todo los servicios que ofrece nuestro “sistema de bienestar” y que no depende de cuantos años trabajemos ni de cuanto cobremos. Con el IVA está claro que todos, absolutamente todos, hemos pagado impuestos y cuanto más viejo sea uno, más habrá consumido y por lo tanto más habrá ingresado en la caja.

Si queremos disfrutar de un estado del bienestar como hasta ahora, financiado proporcionalmente por los que ganan más para beneficio de todos, especialmente a los más desfavorecidos, las pensiones públicas deben estar garantizadas como lo está la educación o la sanidad, independientemente del ciclo económico. Y cuando hay una época de expansión y de mayores ingresos debe crearse un fondo de ahorro para estas 3 partidas para que no caigamos en el exceso de gasto cuando las cosas van bien y en déficit presupuestario/subidas de impuestos/recortes injustos etc. cuando van mal. Hay que blindar el estado del bienestar ahorrando –y no malgastando como se hace hasta ahora– en época de vacas gordas para estos 3 pilares y cuando haya vacas flacas se gastará menos en obras, defensa, embajadas etc. porque eso sí es prescindible pero nunca recortar en los cimientos de la sociedad (otra cosa es racionalizar el gasto, por ejemplo no construyendo colegios nuevos si se reduce la población infantil). Haciéndolo bien cuando la economía va bien el estado de bienestar –entendido como un mínimo digno (y recalco lo de mínimo) que el estado debe ofrecer en sanidad, educación y pensiones de jubilación- sí es sostenible.

Se esté a favor o en contra de mi propuesta lo que no es lógico es seguir remendando el sistema actual cuando es injusto y falso y además está basado en proyecciones a tan largo plazo que no pueden ser fiables. Dejémonos de engaños: O se renuncia a que la jubilación pública y universal forme parte de nuestro “estado del bienestar” (y entonces cambiemos completamente el modelo y pasemos al de capitalización estilo Chile) o el coste de las pensiones de hoy lo deberemos cubrir con el dinero de hoy, así que ajustémoslo a los Presupuestos Generales del Estado, determinemos de donde saldrá y quién lo costeará y quienes y en cuanta cantidad lo recibirán. No más estudios sobre lo que pasará dentro de varias décadas porque eso nadie lo sabe.