España recibirá hoy una de las denominadas cartas de alerta de la Comisión, en la que Bruselas le llama la atención sobre sus desviaciones, tanto en control del gasto y reducción del déficit público, como en la evolución de sus reformas. La misiva no podía ser más oportuna.
Ya antes del fallido debate de investidura de Pedro Sánchez, varios partidos fabulaban con la posibilidad de que la Comisión, atendiendo a la compleja situación política, relajara a España las exigencias, especialmente en un año como 2016, en el que los números rojos de las Administraciones deben bajar al 2,8% del PIB.
Tras el fracaso de Sánchez, podría producirse la falsa impresión de que nuestro país necesita aún más un trato de favor, de modo que Bruselas transigirá con mayor facilidad. Sin embargo, la carta que hoy llega a La Moncloa deja claro que esa no es la situación. Las incertidumbres internas no eximen de los compromisos contraídos con el resto de la UE.
Aquéllos siguen vigentes y demuestran hasta qué punto, por enrevesadas que se muestren las negociaciones, las líneas rojas son las mismas. Ahora, como antes, el PSOE cometería un grave error si aceptara el programa de investidura que Podemos le impone a cambio de su apoyo, y que se caracteriza por disparar el gasto público en 100.000 millones.
Urge acabar con la interinidad que supone un Gobierno en funciones, pero reconocer ese hecho no equivale a otorgar patente de corso para aceptar cualquier Ejecutivo. Esa es la posición de Bruselas y de amplios sectores de la sociedad española, como hace patente en elEconomista el presidente de CEIM, Juan Pablo Lázaro. El país aún necesita un Gobierno que controle el gasto y acometa las reformas que lo fortalezcan ante futuras crisis.
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