Podemos dotarnos de un sistema más justo, atractivo y
eficiente.
Estamos a las puertas de las elecciones generales y ningún partido político
ha puesto encima de la mesa una propuesta fiscal capaz de dar la vuelta de una
vez por todas al desaguisado
tributario que sufren los contribuyentes españoles.
La primera cuestión que deberíamos abordar en la próxima legislatura es la de
la simplificación y rebaja del IRPF. En los peores momentos de
la crisis, con la recaudación por los suelos, los estudios de José Félix Sanz ya
señalaban que el IRPF podía reducirse a solamente dos tipos, del 25 y el 35%.
Aquella propuesta partía, además, de un aumento del mínimo exento que aseguraba
que todos los contribuyentes verían reducida su carga fiscal, sin
excepciones.
Hoy la situación fiscal es más favorable que entonces. De hecho, en 2015 los
tipos han bajado y la recaudación no solo no se ha desplomado, sino que ha
aumentado. Por tanto, la propuesta de simplificación y rebaja del IRPF puede
revisarse sobre la base de dos nuevos tramos, que se situarían en el entorno del
20 y el 30%. Dichos umbrales no generarían pérdidas en los niveles de
recaudación y podrían ser revisados a la baja conforme lo permita la situación
fiscal. En última instancia, el objetivo sería llegar a un escenario en el que
solamente quedaría en pie un tipo único (flat
tax).
El segundo punto pasaría por eliminar el Impuesto de
Patrimonio, para lo cual sería necesario derogar el Decreto Ley 13/2011
y recuperar la Ley 4/2008, que suprimía este gravamen. La pérdida recaudatoria
no sería significativa (no llegaría a 1.000 millones de euros), mientras que el
efecto sería positivo desde el punto de vista técnico (evitaría la doble
tributación), económico (facilitaría el incremento del patrimonio de las
familias) y moral (enviaría un mensaje favorable respecto a la creación de
riqueza).
En tercer lugar, el Gobierno central debería coordinar con las comunidades
autónomas la eliminación del Impuesto de Sucesiones y
Donaciones, que se pactaría junto con la abolición de los más de 70
impuestos regionales que se han venido aprobando en los últimos años. Ambas
medidas supondrían una pérdida de recaudación de 4.000 millones de euros para
los Gobiernos autonómicos, obstáculo que sería salvado con un nuevo sistema de
financiación territorial que cerrase la brecha fiscal resultante con todos los
territorios que se sumen a la iniciativa.
El cuarto punto pasaría por reformar el IVA para alcanzar un
único tipo fiscal. De acuerdo con los informes de la Comisión Europea, el
gravamen medio que soporta el consumo en España es del 14%. Por tanto, nuestro
país tiene la oportunidad de eliminar los diversos tramos de IVA vigentes y
adoptar un tipo único del 14% que ni siquiera se traduciría en una pérdida
recaudatoria. El tramo podría ser revisado a la baja con el paso del tiempo,
conforme lo permita el aumento de la recaudación que irá alimentando la
recuperación del consumo.
En quinto lugar, el Impuesto de Sociedades debería ser
revisado por entero para adoptar un sistema más atractivo. El nuevo
modelo debería garantizar la deducción total de los beneficios cosechados en el
extranjero. Además, debería converger hacia un tipo único cercano al gravamen
efectivo que soportan las compañías españolas en la práctica. Esto arrojaría una
tarifa inicial de entre el 15 y el 20%, sin pérdida de recaudación. Superada esa
primera fase de reforma, el gravamen tendría que ser corregido a la baja hasta
asumir un modelo en el que solamente se aplicase al reparto de beneficios
empresariales.
Las anteriores propuestas aseguran una profunda reordenación del sistema
tributario español. Hablamos de llevar IRPF, IVA y Sociedades hacia un modelo de
tipo único, pero también de eliminar los Impuestos de Sucesiones, Donaciones y
Patrimonio y de acabar con los setenta gravámenes autonómicos que se han ido
acumulando a lo largo de los años. El coste fiscal de esta simplificación tan
radical sería de apenas 5.000 millones de euros, un efecto muy limitado que
podría ser compensado con un limitado ajuste del gasto, que
apenas alcanzaría el 0,5% del PIB.
Consolidar este nuevo escenario ayudaría a asumir nuevas reformas tributarias
que partirían de un sistema mucho más atractivo y sencillo.
España pondría el cascabel al gato y conseguiría el resultado último de esta
agenda de reforma fiscal: tener unos impuestos tan simples que sería cada vez
más fácil reducirlos, con el ánimo de mejorar el bienestar de familias y
empresas.
© Libertad Digital SA
No hay comentarios:
Publicar un comentario