La Ley de Estabilidad Presupuestaria y las CCAA
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (EPSF), tiene como objetivos garantizar la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas, fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española y reforzar el compromiso de España con la Unión Europea en materia de estabilidad presupuestaria. Una de las principales modificaciones fue establecer un objetivo deuda. El artículo 15 establece que el Gobierno en el primer semestre del año fijará el objetivo de deuda pública referidos a los tres ejercicios siguientes, tanto para el conjunto de Administraciones Públicas como para cada uno de sus subsectores. Dicho objetivo tiene que ser coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria establecido. Una vez establecido el objetivo de cada Administración, el Gobierno, previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera, fijará los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de cada Comunidad Autónoma.
Para valorar el cumplimiento de este objetivo para cada uno de los subsectores de las AAPP, es necesario comparar únicamente el objetivo fijado por el Gobierno en el año en curso y el volumen de deuda pública observado una vez finalizado el año. El dato de deuda pública es elaborado y publicado por el Banco de España según la metodología de Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE). En el caso de incumplimiento del objetivo de deuda, según el artículo 21 de dicha ley EPSF, la administración incumplidora formulará un plan económico-financiero que permita en un año el cumplimiento de los objetivos.
El 12 de Septiembre de 2014 el Consejo de Ministros aprobó el objetivo de deuda pública para cada una de las Comunidades Autónomas de régimen común, ver documento aquí. Como se puede ver en la cuarta columna de la tabla adjunta (que reproduce los acuerdos del Consejo de Ministros), el objetivo para el conjunto de las CCAA era del 21,1% del PIB y se fijaban objetivos distintos para cada uno de las CCAA. Pues bien, casualidades de la vida (o, ¿no?) ese mismo día el Banco de España publico los datos de deuda del II Trimestre de 2014 en base SEC. Como se puede ver en la primera columna de la tabla (que reproduce los datos del Banco de España publicados el mismo día de la aprobación de los objetivos) todas las CCAA, salvo Canarias, sobrepasaban el objetivo de deuda para 2014 (y todavía faltaba medio ejercicio!!!).
Es posible que el gobierno impusiera los objetivos consciente de que los datos de deuda en porcentaje de PIB iban a cambiar por el cambio de base de 1995 a 2010 en el Sistema Europeo de Cuentas (SEC). Este cambio afecta tanto al numerador (Deuda) como al denominador (PIB). Era de esperar que la ratio se redujese simplemente por el hecho de que el PIB de 2014 en la nueva base es aproximadamente un 3% superior al PIB según la base 1995. Así, cuando el Banco de España publico los datos del II trimestre con la nueva base, la deuda del conjunto se redujo del 22,3% al 21,7% del PIB (ver aquí). Pero, como también se puede ver en la segunda columna de la tabla (que reproduce los nuevos datos), a pesar del cambio metodológico casi todas las CCAA seguían sobrepasando el objetivo.
Pero la cosa no queda ahí. El pasado 12 de diciembre, el Banco de España publicó los datos del III Trimestre de 2014. Como se puede ver en la tercera columna de tabla (que reproduce los datos del Banco de España para el III trimestre) el conjunto de las CCAA supera el objetivo de deuda en un 0,9% del PIB cuando todavía faltan 3 meses para terminar el ejercicio. Además solo tres CCAA están por debajo del objetivo: Canarias, País Vasco y Galicia.
Como hemos visto la historia es sorprendente: el gobierno impone unos limites a la deuda pública autonómica para el 2014 que la gran parte de las CCAA incumplían desde el mismo momento que se establecieron (incluso podíamos decir que se incumplían el mismo día!). Con esto no queremos decir que las CCAA sean unas caraduras o algo por el estilo. Por el contrario, creemos que, desde el primer momento, el Gobierno no se creía sus propios limites y que los impuso para cumplir con una ley que parece más para contentar a unos funcionarios en Bruselas que para ser implementada. Si los burócratas de Bruselas quieren estar seguros de que esta ley sirve para conseguir la necesitada estabilidad presupuestaria, tendrían que preocuparse de que además de aprobarse unos límites, estos fueran creíbles o implementables. Y lo mismo se puede decir de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Los detractores pueden estar tranquilos sobre las consecuencias de una ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (EPSF) que es, según parece, sólo cosmética.
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