El tamaño del Estado y su papel en la economía serán temas que sigan dominando la discusión política en España durante 2016. Los líderes de Podemos y de la izquierda que gobiernan municipios y comunidades autónomas quieren más participación del sector público en la economía. Es decir, más Estado: el Leviatán de Hobbes, ese monstruo bíblico “de poder descomunal y de enorme tamaño al que le tienen miedo hasta los más fuertes” (Libro de Job). Desde tiempos inmemoriales, ese crecimiento estatal ha sido promovido tanto por la derecha como por la izquierda. Ahora, más por esta última, de ahí el éxito de los partidos emergentes situados en ese extremo del arco parlamentario.
Además, el crecimiento de la bestia parece responder a una demanda popular. La globalización y la crisis económica han ampliado la creencia de mucha gente de que el Estado es el salvador. También el aumento de la desigualdad, generada por el desempleo, ha favorecido la disposición de los ciudadanos a votar a partidos que prometen mejorar la distribución de la renta.
Sin embargo, gracias a las reformas estructurales que se han venido aplicando durante los últimos años, el crecimiento económico aumenta, el desempleo se reduce y la distribución de la renta mejora. Mientras que en el primer trimestre de 2013 la tasa de paro alcanzó la cifra récord del 27% de la Población Activa (6,3 millones de desempleados), en el cuarto trimestre del pasado año, ésta se había reducido seis puntos, situándose en el 21% (4,8 millones).
La otra cara de la moneda es que, durante ese periodo, se han creado en España más de un millón de puestos de trabajo. Si la reforma laboral que aprobó el actual Gobierno se mantiene, las mejoras continuarán. Sin embargo, una buena parte del empleo que se crea es eventual. Esta mayor precariedad laboral ha suscitado reivindicaciones de gasto social, lo que implicaría acrecentar el déficit público.
Afortunadamente, éste ha ido disminuyendo: ha pasado de equivaler al 10% del PIB en 2011 al 5% en 2015, un descenso que no impide que sigamos siendo el país con la peor cifra de la zona euro. Sin embargo, ante la probabilidad de unas nuevas elecciones el 26 de junio, todos los partidos han sacado pecho y han pedido a Bruselas que se retrase el cumplimiento del objetivo de déficit para este año. El Leviatán ataca otra vez para satisfacer las demandas ciudadanas de un Estado cada vez más grande y protector. Ante esta situación, los partidarios del libre mercado van a entablar una batalla muy desigual, que a priori parece perdida, para que el Estado se mantenga en su tamaño actual y su coste sea sostenible.
Con una deuda pública muy alta, de alrededor del 100% del PIB, y unos mercados temerosos de que España pueda convertirse en otra Grecia, Portugal o Italia, al Gobierno de nuestro país no le queda otra opción que ser responsable y reducir el déficit público. ¿Será esto factible? Recordemos que albergamos una de las poblaciones más envejecidas del mundo, lo cual seguirá aumentando, año tras año, el gasto en salud pública y pensiones. Ante estos costes inevitablemente crecientes, la Comisión Europea (CE) está presionando al Gobierno para que elabore un plan creíble que reduzca el gasto público y el déficit, de tal manera que la deuda no se dispare.
La Comisión Europea ha recomendado al Ejecutivo español que controle sobre todo el gasto de las comunidades autónomas; un ajuste que parece difícil en el actual proceso político que atraviesa España. Hasta el momento, no ha habido sanciones del Ministerio de Hacienda a las regiones incumplidoras, impunidad que se ha traducido en que éstas han perdido el miedo a aumentar su gasto público. En 2012, en lo más crudo de la crisis, Hacienda tomó una medida extraordinaria: para evitar que las regiones se desangraran emitiendo deuda a los altos intereses que entonces exigía el mercado, creó una línea de crédito, el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Lo que debiera haber sido una medida excepcional se ha convertido de facto en una ampliación del grifo de la financiación. Por ejemplo, el martes de esta semana el Gobierno de Cataluña anunció que iba a solicitar este año 7.520 millones de euros con cargo al FLA. Es una vía fácil para financiar el déficit público de la Generalitat.
Si una comunidad autónoma como Cataluña quiere prestar más servicios públicos (que los que están garantizados por las transferencias que recibe del Estado) debe subir sus impuestos, lo que implicaría menos votos para el partido que la gobierna. En cambio, si las autonomías recurren al FLA consiguen evadir el desgaste político que de otra manera sufrirían. Por tanto, el mecanismo natural de disciplina del gasto público es el coste político que implica su financiación.
Entonces, ¿cómo se puede conseguir un mayor equilibrio de las cuentas públicas? La realidad es que, a lo largo de la historia, el Estado siempre ha tendido a expandirse y los que defienden la libre competencia como mecanismo eficiente de asignación de recursos siempre han estado inquietos por ello. Es cierto que el Gobierno del Partido Popular ha ido ajustando y reduciendo poco a poco el déficit, pero le ha faltado habilidad para hacer comprender a los ciudadanos la necesidad de esas medidas.
Conviene recordar que el actual Gobierno, ahora en funciones, consiguió aplicar reformas que han permitido que las empresas españolas sean más competitivas y exportadoras. Sin embargo, la reforma de las Administraciones Públicas quedó pendiente. Si se quiere mantener la solvencia de España, es preciso reformar el sector público: domar al Leviatán. De hecho, en algunos programas electorales se propone la eliminación de las diputaciones y del Senado. Da igual si esas administraciones son o no necesarias, caras o baratas, lo importante es que se emprendan acciones que consigan recortar el gasto.
De ahí que el nuevo Gobierno de España debería seguir transitando desde unas administraciones ineficientes y deficitarias a otras más transparentes y económicamente equilibradas.
Por desgracia, la gestión pública suele ser bastante mejorable si se la compara con la de la empresa privada. Ganar en las urnas no da “ciencia infusa” para administrar el colosal sector público, que tendría que gestionarse con la misma eficacia con la que se mantiene viva a una compañía.
Como muy pocos políticos han tenido la experiencia de sacar adelante una empresa y hacerla competitiva en un mercado global, la solución que habrían de adoptar es rodearse de buenos administradores que tomen las decisiones adecuadas, aunque las demandas sociales reclamen lo contrario. No parece que los tiempos vayan por esos derroteros, pues el populismo es un virus que se ha incubado en todos los partidos y que ataca con más fuerza cuando se aproximan las elecciones.
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