El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro
Es habitual escuchar a los políticos hablar de “derechos”, mucho más en época electoral. Suelen presentarse como defensores de los mismos y son mayoría los que sugieren “ampliarlos”. Rodríguez Zapatero llegó a afirmar que “gobernar es ampliar derechos”. Pocos días atrás escuché decir a un dirigente independentista catalán que “este proyecto va de ampliar derechos”. Podría dar varios ejemplos más.
Sin embargo, jamás escuché a político alguno hablar de un derecho fundamental, del cual depende la realización efectiva de muchos otros derechos: el derecho a la estabilidad económica. En efecto, sin una economía estable, el “derecho” al trabajo, el “derecho” a una vivienda digna y el acceso a la cultura, entre otros, son mucho más difíciles de alcanzar.
La cosa va más allá aún. Sin una economía que funcione adecuadamente, los recursos del Estado menguan y, por lo tanto, muchos “derechos” que supuestamente están “garantizados” por el Estado también pueden quedar en entredicho. Por ejemplo, el cobro de las pensiones, de las prestaciones por desempleo y de otras ayudas sociales depende, en última instancia, de que la Seguridad Social cuente con los recursos suficientes para pagarlas. Es decir, depende de la recaudación de impuestos y cotizaciones sociales.
Que los políticos no mencionen el derecho a la estabilidad económica llama particularmente la atención porque son precisamente los errores y omisiones de las autoridades de turno las principales causas de las crisis económicas. En otras palabras, de la violación al derecho ciudadano a la estabilidad económica. Solo daré un par de ejemplos recientes. Sin la falta de diligencia del Banco de España para supervisar las cajas de ahorros, no puede entenderse el desastre que incubaron y el posterior rescate a Bankia, NovaCaixaGalicia, Caixa Catalunya, etc. Sin la “burbuja” de gasto público entre 2004 y 2009 (+65% el gasto corriente y +61% la inversión pública) no puede entenderse por qué una crisis “internacional” fue mucho más larga y profunda en España. Lo paradójico es que esa “burbuja” de gasto público se justificó en el otorgamiento de “nuevos derechos”, tales como el “cheque bebé”, la “renta de emancipación” e incluso el “derecho” a tener un aeropuerto cerca de mi casa.
Más allá de la preocupación que cada político muestre por nuestro derecho a la estabilidad económica, cada una de sus propuestas puede tener un impacto diferente en la economía y contribuir a hacerla más o menos estable. Unos pocos principios generales pueden ser útiles para anticipar ese impacto:
Sin embargo, jamás escuché a político alguno hablar de un derecho fundamental, del cual depende la realización efectiva de muchos otros derechos: el derecho a la estabilidad económica. En efecto, sin una economía estable, el “derecho” al trabajo, el “derecho” a una vivienda digna y el acceso a la cultura, entre otros, son mucho más difíciles de alcanzar.
La cosa va más allá aún. Sin una economía que funcione adecuadamente, los recursos del Estado menguan y, por lo tanto, muchos “derechos” que supuestamente están “garantizados” por el Estado también pueden quedar en entredicho. Por ejemplo, el cobro de las pensiones, de las prestaciones por desempleo y de otras ayudas sociales depende, en última instancia, de que la Seguridad Social cuente con los recursos suficientes para pagarlas. Es decir, depende de la recaudación de impuestos y cotizaciones sociales.
Que los políticos no mencionen el derecho a la estabilidad económica llama particularmente la atención porque son precisamente los errores y omisiones de las autoridades de turno las principales causas de las crisis económicas. En otras palabras, de la violación al derecho ciudadano a la estabilidad económica. Solo daré un par de ejemplos recientes. Sin la falta de diligencia del Banco de España para supervisar las cajas de ahorros, no puede entenderse el desastre que incubaron y el posterior rescate a Bankia, NovaCaixaGalicia, Caixa Catalunya, etc. Sin la “burbuja” de gasto público entre 2004 y 2009 (+65% el gasto corriente y +61% la inversión pública) no puede entenderse por qué una crisis “internacional” fue mucho más larga y profunda en España. Lo paradójico es que esa “burbuja” de gasto público se justificó en el otorgamiento de “nuevos derechos”, tales como el “cheque bebé”, la “renta de emancipación” e incluso el “derecho” a tener un aeropuerto cerca de mi casa.
Más allá de la preocupación que cada político muestre por nuestro derecho a la estabilidad económica, cada una de sus propuestas puede tener un impacto diferente en la economía y contribuir a hacerla más o menos estable. Unos pocos principios generales pueden ser útiles para anticipar ese impacto:
- Si se aumentan los costes de producción (sea con impuestos o regulaciones innecesarias), las empresas pierden competitividad y les resulta más difícil exportar.
- Cuando se daña la confianza (por temor a un cambio de las reglas de juego, a mayores impuestos, a perder el empleo, etc.), la inversión productiva y el consumo de bienes duraderos se reducen.
- El déficit fiscal implica un aumento de la deuda pública; el crecimiento de la deuda pública perjudica la confianza porque supone una amenaza de mayores impuestos;
- Cuando se restringe la competencia, los precios tienden a ser mayores y la calidad más baja.
- Cuanto mayor es la participación del sector público en la economía, ésta tiende a hacerse menos eficiente (se consiguen menos empleo y actividad de los que se podrían alcanzar) porque en las decisiones crece el peso de los criterios “políticos” frente a los de “eficiencia”.
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