ARTÍCULOSEL CONFIDENCIAL

Oxfam alimenta el populismo de izquierdas

 Juan Ramón Rallo  

Intermon Oxfam ha vuelto a hacer gala de su perfil más demagogo con la publicación de su último informe Una economía para el 99%. Muchas son las inexactitudes, medias verdades o mentiras descaradas que pueblan ese documento, pero permítanme que me centro en dos de ellas, acaso las que han copado mayor atención mediática. De acuerdo con el primer titular de Oxfam: “La fortuna de las tres personas más ricas de España supera la del 30% más pobre de la población. De acuerdo con el segundo titular: “Las familias españolas pagan el 84% de todos los impuestos, mientras que las empresas sólo el 13%”. Examinemos ambas proporciones con mayor detalle.

Tres tienen más que el 30%

De acuerdo con Oxfam, apenas tres personas en España —Amancio Ortega, su hija Sandra Ortega y Juan Roig— poseen un patrimonio equivalente al de 14,2 millones de ciudadanos (el 30% de la población). El propósito de la comparativa ya se sabe cuál es: unos tienen tan poco porque los otros tienen tanto. Si estos tres ricos no acapararan tanta riqueza, todos los demás tendríamos un pedazo de tarta más grande. ¿Pero verdaderamente es así? No.

Empecemos corrigiendo un importante error metodológico de Oxfam, que al parecer posee una enorme capacidad para elaborar mensajes incendiarios pero no tanta habilidad o interés como para interpretar correctamente las fuentes de datos a las que recurre (en este caso, el informe anual sobre riqueza global de Credit Suisse). Amancio Ortega, Sandra Ortega y Juan Roig poseen un patrimonio equivalente al del 30% de la población adulta española: que estos tres multimillonarios dispongan de mayor fortuna que un recién nacido o que un niño en el jardín de infancia no parece un dato demasiado relevante, por lo que Credit Suisse restringe sus estadísticas sobre distribución de la riqueza a los ciudadanos adultos (a partir de 20 años de edad). Siendo la población adulta española de 33,8 millones, el 30% de la misma equivaldrá a 10,1 millones de personas, no a 14,2.

Pero podemos seguir tirando del hilo que sobresale de ese descosido: el 13,3% de la población adulta española tiene menos de 30 años y el 34,6% menos de 40. Es decir, 4,5 de esos 10,1 millones de adultos con menor riqueza que los Ortega y Roig apenas han tenido tiempo de ahorrar nada durante su vida laboral, de modo que su patrimonio neto de deudas será exiguo (incluso puede ser negativo, si es que se han endeudado para costearse algún máster o comprarse algún bien de consumo duradero, como un vehículo); a su vez, otros 7,19 millones de españoles sí han tenido capacidad para ahorrar durante algunos años más, pero aun así se trata de una capacidad harto limitada: por ejemplo, antes de los 40, muchos españoles apenas ahorran lo suficiente como para amortizar los intereses de sus créditos hipotecarios (lo que no contribuye a elevar su patrimonio neto). En general, la capacidad de amasar un patrimonio antes de los 40 es muy limitada y en esa situación se hallan 11,7 millones de españoles. Nada excepcional, por cierto, en el contexto global: no en vano, España es uno de los países del mundo con mayor igualdad en la distribución de la riqueza (muchísimo más igualitario que Suecia o Dinamarca)… un dato que Oxfam convenientemente se calla.

Y frente a esos 11,7 millones de españoles que todavía no han tenido tiempo para ahorrar de manera significativa, nos encontramos con tres multimillonarios como Amancio Ortega, Sandra Ortega y Juan Roig, quienes poseen un patrimonio cercano a los 80.000 millones de dólares. ¿Y por qué estas tres personas concentran tamaña riqueza? Pues, simple y llanamente, porque son dueñas de dos magníficas empresas: Inditex y Mercadona. En otras palabras, su riqueza no procede de haberse apropiado de otros activos que, sin su egoísta acaparamiento, habrían ido a parar a manos del resto de los españoles, sino de haber contribuido a crear —y, lógicamente, de ser los dueños de— dos empresas hiperproductivas que, en consecuencia, exhiben un altísimo valor de mercado. No estamos ante una desigualdad de la riqueza derivada de, por ejemplo, un desigual reparto originario de las tierras (como si los Ortega y Roig se hubiesen quedado con la mayor parte de las tierras de España y el resto careciéramos ya de cualquier opción para convertirnos ni siquiera en dueños de un terruño): no, estamos ante un caso de excepcional generación de nueva riqueza mediante la creación de unas unidades empresariales con una formidable capacidad para satisfacer las necesidades de decenas de millones de personas.

Sugerir, como hace Oxfam, que el 30% de los adultos españoles no poseen nada porque estas tres personas han creado Inditex y Mercadona es del todo descabellado: aunque Inditex y Mercadona no existieran, el patrimonio de ese 30% de españoles seguiría siendo tan o más bajo de lo que lo es en la actualidad. Simplemente, en nuestra sociedad no existirían esas dos magníficas compañías que hoy nos suministran unas mercancías con una excelente relación calidad/precio: ¿en qué nos enriquecería a los demás que no existieran? En nada: el resto no tendríamos más por el hecho de que los Ortega y Roig tuvieran muchísimo menos.

A la hora de la verdad, de hecho, no queda muy claro qué políticas propone Oxfam para reparar esa llamativa desigualdad de riqueza entre estos tres archimillonarios y el 30% de españoles sin patrimonio. Si la riqueza de los primeros está reunida en torno a Inditex y a Mercadona, ¿cómo redistribuir esa riqueza hacia el resto? ¿Acaso Oxfam sugiere de tapadillo que deberíamos nacionalizar Inditex y Mercadona y repartirlas entre los españoles? Y si ésa fuera su propuesta, ¿por qué motivo los españoles deberían expropiar dos compañías que no han contribuido ni a crear, ni a financiar, ni a gestionar, ni a desarrollar?

Tal vez se replique que la política que Oxfam no va tan lejos y que su auténtica propuesta la encontramos en el otro llamativo titular que aparece en su informe: las empresas españolas sólo pagan el 13% de todos los impuestos que recauda el Estado español. Urgiría, desde este punto de vista, que las empresas (sobre todo, las grandes empresas) abonaran muchos más tributos para reforzar el Estado de Bienestar y aliviar la carga fiscal de las familias.

Las empresas no pagan impuestos

Dejemos de lado la engañosa distinción a efectos fiscales entre personas físicas y personas jurídicas en la que basa Oxfam toda su argumentación (en última instancia, los impuestos sobre las empresas también los pagan otras personas físicas, como sus accionistas o acreedores) y centrémonos en analizar el fondo del mensaje con el que nos azota Oxfam: las empresas españolas apenas pagan impuestos.

Oxfam define la fiscalidad empresarial como la suma del Impuesto sobre Sociedades más la fiscalidad medioambiental y otros impuestos menores que no especifica. Sorprende, por cierto, que excluya las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social (el mayor tributo de España): al hacerlo, claro, está admitiendo que esas cotizaciones son, en última instancia, un mordida estatal sobre el sueldo de los trabajadores. ¿Por qué, entonces, no propone que el gobierno debería permitir que sean esos trabajadores quienes administren esas cotizaciones sociales en lugar de tener que pasar por las garras de la burocracia pública? ¿Acaso devolviéndoles las cotizaciones sociales a los trabajadores no se aliviaría su gigantesca carga tributaria y se aumentaría su riqueza financiera?

Pero no nos desviemos. En 2014, España recaudó por Impuesto sobre Sociedades el 2% de su PIB y en fiscalidad medioambiental el 1,8%: y dado que su presión fiscal fue del 33,6%, el 11,3% de toda su recaudación procedió de las empresas (aproximadamente el 13% que menciona Oxfam al incluir en sus cálculos otros tributos que, como decimos, no especifica). ¿Es esta cifra excepcionalmente baja dentro del contexto europeo? En absoluto. El conjunto de la Eurozona recaudó el 2,4% de su PIB por Sociedades y el 2,4% por fiscalidad medioambiental: como su presión fiscal es del 40,2%, el 11,9% de sus impuestos procedieron de las empresas. En Alemania, Sociedades aporta el 2,4% del PIB y los medioambientales el 2%, lo que significa que su fiscalidad empresarial representa el 11,5% de toda su recaudación. Por su parte, Suecia recauda el 2,7% del PIB por Sociedades y el 2,2% por fiscalidad ambiental, lo que significa que el 11,4% de sus ingresos estatales los soportan las empresas. Por último, Finlandia cosecha el 1,9% del PIB por sus gravámenes sobre los beneficios empresariales y el 2,9% por tributación medioambiental, lo que implica que el 10,9% de toda su recaudación viene de las empresas (menos que en España).

Como vemos, la fiscalidad empresarial en nuestro país no desentona dentro del contexto europeo, ni siquiera con respecto a algunas de las más insignes socialdemocracias nórdicas. Pero al margen de la comparativa europea, ¿cómo es posible que las familias soporten el 84% de toda la tributación y las empresas sólo el 13%? Pues porque, en contra de lo que se suele creer, los beneficios empresariales representan un porcentaje muy pequeño del PIB español.

El PIB antes de impuestos en el año 2014 (el llamado “PIB a coste de los factores”) fue de 932.000 millones de euros: de ellos, 491.000 millones fueron rentas del trabajo; 441.000 millones rentas del capital y 105.000 impuestos sobre la producción. En apariencia, pues, las rentas de las personas jurídicas (erróneamente equiparadas con “rentas del capital”) supondrían el 47,3% del total. Pero no: dentro de las rentas del capital, por cuestiones metodológicas, se incluyen 91.000 millones de euros en rentas de autónomos; 185.000 millones de euros correspondientes a la depreciación del stock de capital; y 43.000 millones de euros que son ingresos no monetarios imputados a aquellas personas que viven en una vivienda de su propiedad. En total, pues, las rentas del capital que realmente van a parar a pymes y a grandes empresas apenas ascienden a 122.000 millones de euros… el 13% del PIB. Si restáramos del PIB la depreciación del capital, las rentas empresariales equivaldrían a cerca del 16% del Producto Interior Neto, y las rentas familiares al 84%. Una distribución de los ingresos muy parecida a la distribución de la carga fiscal.

En definitiva, Oxfam manipula su mensaje en busca del titular más escandaloso posible. Descontextualiza sus datos para trasladar la idea de que el 1% de la población vive a costa del 99%, lo cual sólo pretende alimentar el resentimiento social para así impulsar políticamente al populismo de izquierdas. Si de verdad estuvieran preocupados por la pobreza en el mundo y en España, dejarían de apuntar con el dedo a aquellas personas que se hallan enriquecido honradamente: en cambio, se preocuparían por señalar y denunciar aquellos obstáculos institucionales que impiden que las clases populares ahorren, inviertan y emprendan en mucha mayor medida de lo que lo hacen hoy. Pero en tal caso descubrirían que si algo necesitamos es menos regulaciones, menos impuestos y menos intervención estatal sobre nuestras vidas. Justo lo contrario de lo que propugnan porque, en el fondo, lo que les interesa no es tanto cómo enriquecer al 99% cuanto cómo empobrecer el 1%.