El Gobierno municipal de Ahora Madrid lleva un año vanagloriándose del intenso ritmo de amortización de deuda que está logrando aplicar en el ayuntamiento de la capital de España; no en vano, durante los últimos 12 meses, el consistorio amortizó 1.074 millones de euros. En este contexto de exquisita austeridad, resulta cuando menos sorprendente que el Ministerio de Hacienda haya optado por tumbar los Presupuestos municipales de 2017, llegando incluso a amenazar con disolver la corporación local. ¿Es que acaso cabe dirigir el más mínimo reproche contra la gestión presupuestaria de Ahora Madrid? El sentido común parece indicar que nos encontramos ante una ruin maniobra del PP contra la eficacísima gestión de Podemos e Izquierda Unida al frente de la capital de España: los de Rajoy no pueden tolerar el rotundo éxito de sus rivales y por eso conspiran en la sombra para laminarlos.
La realidad, sin embargo, es otra muy distinta: la amortización de deuda que Ahora Madrid se imputa como mérito propio no es responsabilidad suya, sino de una regulación estatal —la famosa ‘regla de gasto‘— que proponen vulnerar en 2017 y por cuya violación Hacienda amenaza con sancionarlos. O dicho de otra manera, la responsabilidad de haber amortizado aceleradamente la deuda no es imputable a Ahora Madrid, sino a la regla de gasto; la responsabilidad de una posible sanción por incumplir la regla de gasto sí sería, en cambio, imputable a Ahora Madrid.
IMPOSTURA
El Ayuntamiento de Madrid es el consistorio más endeudado de España por culpa exclusiva de un único partido: el Partido Popular. Fue el PP quien disparó hasta cifras absolutamente descabelladas los pasivos de esta Administración: así, entre 2004 y 2012, la deuda estalló desde 2.100 millones de euros hasta 7.700 millones.
A partir de 2011, y ante esta insostenible situación financiera, el PP comenzó aincrementar la recaudación (sableando fiscalmente a los ciudadanos) y a recortar los desembolsos municipales para amasar un superávit que le permitiera reducir rápidamente esa deuda que él mismo había generado durante los ejercicios previos. A su vez, a partir de 2012, entró en vigor la regla de gasto contenida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la cual prohíbe volver a aumentar los gastos nucleares del consistorio (los llamados ‘gastos computables’) a una tasa que superara el crecimiento promedio del PIB en los últimos 10 años (inferior al 2% anual durante los últimos ejercicios).
Este fue el contexto presupuestario que Ahora Madrid se encontró cuando llegó al ayuntamiento en mayo de 2015: un inmenso superávit no financiero de más de1.000 millones de euros que les permitía continuar reduciendo la deuda heredada a los ya elevados ritmos a los que venía amortizándose. Si Ana Botella canceló deuda por importe de 1.286 millones de euros entre el segundo trimestre de 2014 y el segundo de 2015, Carmena la redujo en los ya referidos 1.074 millones entre el segundo de 2015 y el segundo de 2016.
A este respecto, conviene repetir una vez más que la gestación de ese superávit que habilita a Ahora Madrid a amortizar cada año semejante cantidad de deuda no es mérito de Ahora Madrid: fue un superávit generado por la anterior Administración popular. O dicho de otro modo, del mismo modo —y por los mismos argumentos— que no es demérito de Ahora Madrid la enorme deuda municipal que heredaron del PP, tampoco lo es el saneado saldo presupuestario anual que también heredaron del PP. De hecho, el único mérito que cabe atribuirles a los de Carmena en 2015 es el de no haber disparado el gasto público tal como prometieron que iban a hacer: esto es, su único mérito es haber destinado el grueso del superávit heredado a amortizar deuda… al igual que hacía el PP.
Distinto es el caso de 2016 y, sobre todo, de 2017. Para estos ejercicios, Ahora Madrid sí planea incumplir ampliamente la regla de gasto para así comenzar a materializar sus promesas electorales. Probablemente, la coalición de extrema izquierda optó por respetar durante el segundo semestre de 2015 las reglas de la austeridad para no asustar a los potenciales votantes de Podemos y de Izquierda Unida en los comicios del 20 de diciembre y, sobre todo, confiando en que la llegada de un ‘Gobierno del cambio’ revocara la rígida regla de gasto que los maniataba a la hora de fundirse el superávit en inflar los desembolsos municipales. Pero el bloqueo político se está alargando demasiado y su impaciencia por desplegar sus verdaderos planes de gasto es lo suficientemente acuciante como para saltarse la ley.
ILEGALIDAD
La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera establece en su artículo 12.1 que “la variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española”. En el caso de Madrid, la aplicación de la regla de gasto del artículo 12 supone que los desembolsos computables no pueden superar los3.079 millones de euros en 2016 y los 3.219 millones de euros en 2017 (frente a los 2.915 millones de 2015).
Ahora Madrid, sin embargo, ha optado por saltarse unilateralmente esta regla de gasto elevando los desembolsos computables de 2016 y 2017 hasta los 3.445 y 3.817 millones de euros, respectivamente. Es decir, Ahora Madrid apuesta por incumplir sin matices la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera. La razón aducida para justificar semejante ilegalidad es, en esencia, que el ayuntamiento cuenta con un superávit suficientemente grande como para continuar amortizando deuda mientras incrementa sus gastos por encima de lo ya autorizado por la ley.
Es importante remarcar que Ahora Madrid pretende saltarse la ley no para incrementar el gasto público, sino para incrementarlo por encima de lo autorizado. Desde la Concejalía de Hacienda, mienten cada vez que repiten que la regla de gasto obliga a aprobar nuevos gravosos recortes sobre el gasto municipal: al contrario, la regla permite que el gasto municipal se incremente en 155 millones con respecto a 2015; los únicos recortes que deberían aprobarse, pues, son con respecto a los recogidos en los inflados Presupuestos de 2016 que incumplen la regla de gasto.
Y, evidentemente, si Ahora Madrid se salta la regla de gasto para gastar mucho más de lo autorizado por la ley, la contrapartida de su política será que amortizará mucha menos deuda que si cumpliera con la regla de gasto. Los propios planes de Ahora Madrid pasan por repagar solo 1.320 millones de euros en pasivos locales hasta finales de 2017 frente a los 2.375 que se amortizarían en caso de cumplir con la regla.
Por consiguiente, Ahora Madrid incumple deliberadamente la regla de gasto y, al hacerlo, incurre conscientemente en la responsabilidad establecida en el artículo 26 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera. A saber: “La persistencia en el incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere el apartado anterior, cuando suponga un incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, podrá considerarse como gestión gravemente dañosa para los intereses generales, y podrá procederse a la disolución de los órganos de la Corporación Local incumplidora, de conformidad con lo previsto en el artículo 61 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local”. No estamos, pues, ante ninguna oscura e imprevisible maniobra de Montoro contra un equipo municipal que haya logrado proezas hacendísticas jamás vistas en España: estamos, más bien, ante una estricta y rigurosa aplicación de una ley aprobada en 2012 contra un equipo municipal que ha decidido cometer una ilegalidad para gastar más y desendeudar menos a los madrileños.
Desde Ahora Madrid apelan a la soberanía del consistorio para confeccionar sus propios Presupuestos. Denuncian, además, perversos intereses de Montoro en utilizar el amplio superávit del Ayuntamiento de Madrid para enjuagar ante Bruselas parte del déficit acumulado por el resto de administraciones públicas. Y tales críticas son del todo pertinentes: las corporaciones locales deberían ser autónomas ante la Administración central para desarrollar su propia gestión presupuestaria (y a su vez, la Administración central no debería rescatar a ninguna Administración local quebrada), y es evidente que Montoro lleva años utilizando el superávit de los ayuntamientos para compensar el incumplimiento del déficit del resto de niveles administrativos (entre ellos, el de la Administración central que él mismo gestiona). Sin embargo, ninguna de estas sensatas críticas justifica saltarse la ley: como mucho, constituirán buenos argumentos para presionar políticamente a favor de un cambio de la ley.
A la postre, si apelamos a la soberanía de la Administración municipal frente a la Administración central para incumplir una ley constitucional que restringe la capacidad de los ayuntamientos para endeudar a sus ciudadanos, ¿acaso no tendría mucho más sentido apelar a la soberanía individual frente a la Administración municipal para incumplir las normativas municipales que multiplican su capacidad para endeudarlos? Si el ciudadano Sánchez Mato tiene derecho a insubordinarse frente al Ministerio de Hacienda para aumentar los gastos de su concejalía, yo también exijo el mismo derecho a insubordinarme frente al Ministerio de Hacienda y frente a la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid para no pagar aquellos impuestos y aquellas deudas públicas que me parezcan injustas. ¿O acaso el derecho a objetar contra las leyes injustas solo vale para los políticos que desean saltárselas en aras de pisotear con menores cortapisas las haciendas particulares de cada uno de los ciudadanos y no para aquellos ciudadanos que aspiran a proteger sus haciendas frente a la rapiña de los poderes públicos?
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