Finalmente, la Comisión Europea ha dado su brazo a torcer y permitirá que España prorrogue los presupuestos de 2016. En el fondo, no le quedaba otra: a estas alturas ya es materialmente imposible elaborar y aprobar unas nuevas cuentas públicas, por lo que la única alternativa realista será repetir con las vigentes. Ahora bien, por mucho que Bruselas haya dado marcha atrás en lo accesorio —la necesidad formal de aprobar unos nuevos presupuestos—, no se ha movido ni un milímetro en las exigencias de fondo a nuestras administraciones públicas: la imperiosa necesidad de ajustar el déficit público en 5.000 millones durante este año y en otros 15.000 millones a lo largo de 2017. Si nuestro país no se ajusta a estas exigencias —renegociadas hace apenas unos meses para evitar la sanción que deberían habernos impuesto por incumplir el déficit de 2015— entonces sí será imposible que escapemos de la multa.
De hecho, dentro de las instituciones comunitarias no es la Comisión la que está manteniendo un discurso más duro hacia España. El Banco Central Europeo —que, no lo olvidemos, es el principal responsable de que los tipos de interés de la deuda pública española estén por los suelos— parece que está empezando a hastiarse tanto de la indisciplina del gobierno español como de la falta de seriedad de la Comisión a la hora de sancionar a aquellos que incumplen las reglas comunes de déficit. Según Benôit Coeuré, representante francés en el BCE (imaginen qué opinarán los representantes alemanes): “Tenemos un marco fiscal en Europa que está basado en reglas que hemos acordado, y como se dice en el informe de los cinco presidentes, las reglas tienen que ser aplicadas de manera transparente, consistente y predecible”. Es decir, que ya basta de paños calientes con España y Portugal: si se niegan a corregir su desequilibrio presupuestario, la Comisión tendrá que sancionarlos con todo el rigor del Paco de Estabilidad y Crecimiento.
El gobierno español confía en cumplir con el déficit de 2016 mediante un nuevo sablazo fiscal en forma de incremento de los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades. Según De Guindos, seremos capaces de recaudar 6.000 millones de euros por esta vía, lo que cubriría el ajuste de 5.000 millones necesario para este año (sobre todo si, además, no repetimos con el gasto extraordinario de 3.700 millones de euros en el que incurrimos en 2015 para devolver la paga extra a los empleados públicos). Sin embargo, el verdadero reto lo afrontaremos en 2017: en ese ejercicio, no cabrá sacarse nuevos conejos de la chistera (como el adelanto de recaudación de Sociedades) y tocará ajustar los ingresos o los gastos estructurales. Es más, Bruselas le exige al gobierno que el próximo 15 de octubre presente un listado de todo ese conjunto de medidas conducentes a reconducir el déficit durante el próximo año.
Mas aquí nos topamos con el problema de fondo actual del sector público español: su ingobernabilidad. El obstáculo para ajustar las cuentas no es sólo que no haya gobierno, sino sobre todo que no existe mayoría parlamentaria dispuesta a convalidar ningún tipo de “recorte”. Todos los partidos están con un ojo colocado permanentemente en la perspectiva de unas nuevas elecciones y, por tanto, ninguno desea molestar a sus potenciales electores. Si conjugamos el bloqueo político y la posible desaceleración económica que experimentaremos en 2017 —y que también ralentizará el aumento de la recaudación—, entonces el escenario más probable es que volvamos a incumplir con el déficit en 2017 tal como hemos venido incumpliendo todos y cada uno de los años de la crisis. Y, ahora sí, habrá sanción: una sanción que, sin embargo, no debería recaer sobre los españoles, sino sobre sus irresponsables y manirrotos políticos.
Austeridad también en Bruselas
Uno de los efectos colaterales del Brexit será que la contribución de los restantes países europeos al presupuesto comunitario deberá incrementarse: si Reino Unido deja de aportar, el resto deberemos cubrir su parte (alrededor de 11.000 millones anuales, una vez deducimos los desembolsos comunitarios que hoy esté percibiendo Gran Bretaña). El seminario alemán Der Spiegel estimó esta semana que Alemania deberá aportar unos 4.500 millones de euros adicionales cada año. En el caso de España, podríamos estar hablando de unos 1.500 millones más por año: sumas a todas luces injustificadas cuando simultáneamente se nos está exigiendo —con razón— que cuadremos nuestro déficit. Existe, sin embargo, una alternativa que debería ser inmediatamente implementada: reducir el gasto de la Unión Europea. No es de recibo que todos los Estados nacionales deban apretarse el cinturón y, al mismo tiempo, que la megaburocracia bruselense se empecine en mantener unos niveles de gasto especialmente insostenibles tras el abandono de Reino Unido. ¿Cuántos ciudadanos más apostarán por romper la Unión Europea si ésta sigue parasitándolos sin pudor alguno?
El fracaso del BCE
Hace 18 meses, el Banco Central Europeo inició su programa de compra de deuda pública. La presunta finalidad del mismo era la de relanzar la economía de la Eurozona rebajando los tipos de interés efectivos y, en consecuencia, estimular el endeudamiento de familias y empresas. Tras año y medio en funcionamiento, esta política monetaria heterodoxa ya ha adquirido más de un billón de euros en títulos de deuda pública: el equivalente a casi todo el PIB de España. Y, hasta la fecha, los resultados no han podido ser más decepcionantes: si bien el coste de financiación de la deuda pública sí se ha hundido a mínimos históricos (lo que sólo ha incentivado a los políticos a no ajustar sus déficits), ni el crédito privado ha regresado con fuerza ni el crecimiento económico se ha incrementado. La Eurozona no necesita de más dopajes monetarios, sino de más reformas estructurales que liberalicen nuestro aparato productivo e incrementen las oportunidades reales de invertir. El BCE pretende reemplazar las reformas por las inyecciones monetarias y eso está condenado a fracasar.
Ruinoso rescate
El Banco de España publicó hace unos días que el Estado apenas ha recuperado hasta el momento 2.686 millones de los 53.553 que empleó para rescatar a las cajas de ahorros quebradas entre 2009 y 2014. Es decir, hasta la fecha, sólo ha refluido a las arcas públicas el 5% de todo el capital desembolsado a costa de los contribuyentes. Es verdad que, durante los próximos ejercicios, cabe esperar una devolución adicional de, como poco, 15.000 millones de euros, pero incluso en tal caso las pérdidas ascenderían al 66% de todos los fondos aportados por el Estado. Lo que tales cifras ponen de manifiesto es que el Estado jamás debió haber rescatado a las entidades financieras a costa del bolsillo de los contribuyentes: debieron ser los propios acreedores de las cajas quebradas quienes asumieran de forma íntegra sus pérdidas. Pero, cómo no, el sector público optó por socializar las pérdidas: ahora estamos comprobando que la mayor parte de ese quebranto será irreversible.
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