por Juan Ramón Rallo
En un anterior artículo analizamos las propuestas económicas de Ciudadanos con respecto al mercado laboral. La conclusión fue clara: Ciudadanos había presentado el programa propio de una socialdemocracia moderna que mejoraba marginalmente el funcionamiento del sistema actual y que, sobre todo, constituía una alternativa en apariencia no populista a la actual cleptocracia gobernante. Pero, justamente por ello, no podía concluirse que Ciudadanos representara una alternativa política de corte liberal: sus reformas no estaban orientadas a otorgar una mayor autonomía personal frente al poder político sino, al contrario, a consolidar la actual heteronomía puliéndola de algunas de sus manifestaciones más descabelladas.
La presentación de la segunda parte del programa económico de Ciudadanos, volcado en el fomento de la innovación, no ha alterado sustancialmente este juicio inicial. La formación política sigue defendiendo, en esencia, un amplio intervencionismo del Estado sobre la economía, sólo que menos centrado en prebendar a la oligarquía del ladrillo y acaso por ello más eficaz que el actual.
Ciudadanos: la obsesión con la innovación
Las razones que explican el empuje innovador de las empresas de un país son muy variadas, pero podrían resumirse en tres: incentivos, financiación y conocimientos. España no ha tenido ninguna de las tres: buena parte de sus motores tradicionales de crecimiento —construcción o turismo— no requerían de innovación alguna (ausencia de incentivos); el tamaño de la mayor parte de su tejido empresarial era demasiado pequeño y atomizado como para captar o autogenerar suficiente financiación (y para diversificarla entre diferentes proyectos minimizando el riesgo); y los conocimientos se hallaban concentrados en una universidad que ha hecho tradicionalmenteq que su bandera sea ubicarse de espaldas al mercado. Difícil, pues, que nuestra economía innove cuando ni existe necesidad ni acceso a recursos humanos y financieros para ello. De ahí que, en 2013, el conjunto de nuestra economía apenas movilizara el 1,24% del PIB para la I+D; literalmente, el vagón de cola de Europa en innovación.
Ciudadanos se ha propuesto alterar radicalmente este panorama hasta el punto de promter colocarnos a la cabeza de Europa, y prácticamente del mundo, en cuanto a inversión agregada en I+D. Su objetivo es llegar al 3% del PIB, por encima de Austria o Alemania y en la misma liga que Dinamarca, Suecia o Finlandia. Para lograrlo, proponen incidir en los incentivos de las empresas y los de los investigadores, en la accesibilidad de las fuentes de financiación y en los procesos de obtención y transferencia del conocimiento a las empresas.
Para lo primero, la formación sugiere racionalizar los incentivos fiscales a las empresas y a los fondos de capital riesgo (permitiendo integrar las bases imponibles de ambos, de modo que empresas participadas por fondos de capital riesgo y que no hayan alcanzado el umbral de rentabilidad puedan usar las bonificaciones a la I+D para minorar las obligaciones tributarias de sus financiadores). A su vez, proponen variabilizar la remuneración pública de los investigadores en función del volumen de contratos suscritos con empresas, del número de patentes registradas y de las becas obtenidas por parte de organismos internacionales.
Para lo segundo —la mayor accesibilidad de financiación a la I+D—, Ciudadanos proporciona dos mecanismos: el primero, la coparticipación público-privada en la financiación de proyectos de capital riesgo; el segundo, la supresión de los obstáculos regulatorios y fiscales al crecimiento empresarial,llegando incluso a promover la creación de una nueva burocracia que asesore a las pymes en sus principales decisiones estratégicas.
Y, por último, sus políticas orientadas a la obtención y transferencia de conocimiento a las empresas se fundamentan en dos patas. La primera pasa por la atracción del capital humano internacional: si no tenemos personal español con una determinada cualificación, conviene poder importarlo mediante visas exprés o asequibles concesiones de la residencia permanente. La segunda, la creación de una red de 30 centros tecnológicos diseminados por toda la geografía española que se encarguen de conectar a la universidad con la empresa: el empresario necesitado de nuevas tecnologías ajenas a su formación científica acudirá a estos institutos donde profesionales de primer nivel le asesorarán desde un punto de vista técnico.
¿Hay que fomentar la I+D?
De entrada, Ciudadanos se distancia del liberalismo cuando pretende “movilizar” a toda una sociedad para lograr un objetivo específico: alcanzar una inversión agregada en I+D equivalente al 3% del PIB. Es evidente que el simbolismo de la innovación está asociado al progreso y al bienestar generalizados. Y no por malos motivos: empíricamente existe una cierta relación positiva entre I+D y nivel de renta per cápita.
Lo que no está tan claro, sin embargo, es si el responsable de la alta renta per cápita es el gasto en I+D o si, en cambio, es la alta renta per cápita la que permite que los países ricos costeen más desahogadamente sus elevados niveles de I+D. Sin ir más lejos, el cuarto país que más invierte de la Unión Europea en I+D es Eslovenia. ¿Cuánto ha crecido el PIB de Eslovenia desde 2008? El -8,3%, bastante peor que el -5,4% de la nada innovadora España. Asimismo, los dos países más ricos de la Unión Europea –Luxemburgo e Irlanda— invierten en I+D unos porcentajes nada alejados del español: Luxemburgo el 1,16% e Irlanda el1,58%.
Con esto no quiero poner en duda la pertinencia de la inversión en I+D o incluso su superioridad sobre otras inversiones del todo nefastas como el AVE: únicamente pongo de manifiesto que la I+D no es el único camino disponible para la prosperidad. Y si no lo es, ¿cuál es el motivo de convertirlo en una meta nacional hacia la que todos los españoles debemos remar? Desde luego, el motivo no lo hallaremos en el liberalismo: una corriente de pensamiento que, lejos de imponer a todos los ciudadanos objetivos obligatoriamente compartidos, tan sólo se preocupa por permitir que la coexistencia armoniosa de los distintos y heterogéneos objetivos vitales de las personas.
Una política de innovación desde un prisma liberal no asumiría objetivos cuantitativos de I+D: tan sólo suprimiría todas las trabas y todos los perversos incentivos regulatorios y fiscales que manipulan las decisiones de inversión empresarial. Si dentro de ese marco económico desregulado y no sesgado las empresas invierten en I+D, maravilloso; si no lo hacen, tan sólo estarán poniendo de manifiesto que aprecian mayores oportunidades de negocio en otros ámbitos. Y el liberalismo respetaría esa libertad de decisión empresarial.
¿Hay que fomentar la I+D de este modo?
Pero supongamos que, en efecto, el fomento de la I+D es un objetivo hacia el que hemos de aunar prioritariamente esfuerzos nacionales. Como hemos visto, Ciudadanos propone lograrlo a través de tres niveles: cambios en los incentivos fiscales, cambios en el acceso a la financiación público-privada de las empresas y cambios en los procesos de transferencia tecnológica.
De todas las medidas propuestas a este respecto, las que tienen un contenido más marcadamente liberal son aquellas orientadas a no impedir ni la creación de empresas ni el crecimiento empresarial. Otras dos de sus propuestas resultan, a su vez, relativamente compatibles con el liberalismo: me refiero tanto a los incentivos fiscales como, sobre todo, a la flexibilización de la política migratoria para atraer talento. Aun así, dos matices al respecto: primero, el liberalismo aboga no por los incentivos fiscales, sino por la máxima neutralidad fiscal posible: no se trata de condicionar las decisiones de las personas, sino de no distorsionarlas bajando todo lo posible todos los impuestos; segundo, el liberalismo no aboga por un filtro migratorio discriminatorio, selectivo y elitista, sino por la libertad de movimientos de personas (salvo en circunstancias muy excepcionales donde transitoriamente pueda interrumpirse). Por consiguiente, ni siquiera cuando Ciudadanos liberaliza lo hace por razones que conmuevan los valores liberales: la liberalización no es finalista, sino instrumental a los (discutibles) objetivos del Estado ciudadano. Y si las propuestas más liberalizadoras ya se alejan del liberalismo, qué no decir de las restantes.
Primero, la participación del Estado como un inversor de capital riesgo más claramente constituye un uso impertinente de los fondos públicos. ¿Debemos forzar al contribuyente a que invierta parte de sus rentas en proyectos con un retorno altamente incierto o, en cambio, tendría mucho más sentido no arrebatarle ese dinero y dejarle decidir por sí mismo? Los planteamientos liberales es obvio que abogan por la segunda opción: no forzar a las personas a asumir riesgos que no desean asumir. Sólo desde la antiliberal óptima del planificador central y paternalista resulta defendible la primera opción.
Segundo, la creación de una red de centros de transferencia tecnológica atiende a una indudable necesidad de los empresarios: requieren de un intermediario transversal entre su intuitivo conocimiento económico y el sistematizado conocimiento tecnológico de la academia. Ahora bien, ¿debe ser el Estado quien cree, financie y gestione estos centros? Esa es, sin duda, la parte menos liberal de la propuesta. Si en España no disfrutamos de una floreciente estructura de centros de transferencia tecnológica es, en esencia,porque la educación sigue estando planificada por el Estado y porque, para más inri, el propio Estado —estimulado por los lobbies sindicales y de alumnos— ha bloqueado cualquier acercamiento de la universidad pública a la empresa bajo la recurrente crítica de que la universidad no puede mercantilizarse: ¿alguien cree que un sistema de universidades privadas, desreguladas y competitivas no se habrían peleado por aproximarse tanto como fuera posible a las empresas en lugar de aislarse ensimismadamente como han hecho muchos centros públicos? Un partido liberal impulsaría un remedio al problema de fondo —acabar con la propiedad y gestión estatal de la educación— en lugar de añadir parches —nueva burocracia estatal que trate de domar al lobby universitario e incentivarlo a abrirse al sector empresarial—.
Conclusión
Probablemente Ciudadanos tenga el mejor programa económico de los cuatro partidos mayoritarios. Se trata de un programa por el que, además, incluso los liberales pueden sentir cierta simpatía: la eliminación de las trabas a la creación y al crecimiento empresarial o la flexibilización de los criterios de residencia (aunque sea una flexibilización selectiva) son “reformas estructurales” de verdadero calado y muy bien orientadas. Es más, incluso allí donde un liberal puede discrepar radicalmente de Ciudadanos —fondos de capital riesgo estatales o red pública de institutos tecnológicos—, no puede dejar de apreciar cierta profesionalidad y cierto sentido común en sus promesas, virtudes ambas del todo ausentes en el resto de formaciones políticas.
Ahora bien, Ciudadanos no es un partido que recoja y materialice negro sobre blanco los valores y los principios del liberalismo (como sí hacen otras formaciones: por ejemplo, el P-lib). No es un partido liberal. De hecho, ni siquiera pretende serlo. Su defensa de las libertades es meramente instrumental y su verdadero objetivo es convertir a España en una socialdemocracia al estilo de Dinamarca: que no es que sea un mal lugar para vivir —sobre todo comparado con España— pero, desde luego, no es el modelo de sociedad que puede defender un liberal.
